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Marcos Tarre Briceño

03 de octubre de 2017

No me gustan los delincuentes que quebrantan las leyes, dije.

–¿De qué otra clase puede haberlos?

– De los que hacen las leyes.

Philip Kerr[1]

El exembajador venezolano Diego Arria[2] en una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 11 de septiembre de 2017 en Ginebra, Suiza, refiriéndose al gobierno de Venezuela, afirmó:

“Una situación sin precedente. O sea, narcos y criminales con pleno control de una nación, con la complicidad de generales corruptos y traidores a la patria, que sentados sobre las reservas de petróleo más importantes del mundo, representan una seria amenaza para la estabilidad y la paz regionales. Nunca, nunca en ningún lugar del mundo el crimen organizado ha tenido semejante poder”.

La afirmación de Arria llega en momentos cuando las sanciones a altos funcionarios venezolanos se multiplican en los Estados Unidos y Canadá, y la Unión Europea está por sumarse a esa iniciativa. Ministros y familiares del presidente Nicolás Maduro tienen juicios abiertos en otros países y existe casi un consenso general sobre la calificación de dictadura al Gobierno de Caracas. Los casos de criminales que han hecho política o de políticos que terminan como criminales no son nuevos en nuestro continente. Veamos algunos casos.

El senador Pablo Escobar

En la historia del delito organizado el colombiano Pablo Emilio Escobar Gaviria representa un hito. Habrá un “antes” y un “después” del máximo jefe del Cartel de Medellín. Tempranamente entendió, o intuyó, que el control o la inserción en el medio político sería extremadamente beneficiosa para impulsar y reforzar aún más sus actividades ilícitas. Personalmente intentó penetrar el estamento político colombiano. Además de conectarse con altos funcionarios públicos, banqueros y personalidades, inició un vasto programa de donaciones y obras benéficas. A finales de los años 70, construyó 60 campos de fútbol y un barrio completo para personas pobres llamado “Medellín Sin Tugurios”. Logró imponerse como suplente al Senado por el movimiento Alternativa Liberal. Al iniciarse las sesiones el senador principal pasó de inmediato a retiro y Pablo Escobar se incorporó formalmente al Senado. Estuvo poco tiempo como senador, el suficiente para asistir como invitado en 1982 a la toma de posesión de la primera presidencia de Felipe González, en Madrid. Pero a partir de 1983 todo el entramado político que intentaba crear se vino abajo cuando el diario El Espectador publicó una serie de notas editoriales revelando su conexión con el narcotráfico. Por su parte, el ministro de Justicia inició una investigación. El Congreso decidió retirarle la inmunidad parlamentaria para facilitar la investigación. Hasta ahí llegó la carrera política de Escobar. Profundamente resentido, su venganza no se hizo esperar. Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, fue asesinado frente a su residencia el 30 de abril de 1984 y Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador, fue asesinado el 17 de diciembre de 1986. Ambas muertes fueron la obra de sicarios al servicio del Cártel de Medellín.

Foto: Revista Semana

Dedicado únicamente a sus actividades delictivas, Pablo Escobar se convirtió en una figura criminal sin precedentes en la historia, especialmente por su abierto enfrentamiento con el Estado colombiano y por la descomunal fortuna que manejó. Actualmente, películas y series de televisión relatan, y a veces glorifican, su vida, fechorías y muerte.

El “Rey de la coca” boliviano.

Un segundo caso, algo menos mediático, pero que logró articularse y controlar áreas del Estado boliviano fue Roberto Suárez Gómez, conocido como el “Rey de la coca”, durante la breve dictadura del general Luis García Meza Tejada, en 1980. Roberto Suárez Gómez fue un empresario de origen acomodado, contemporáneo de Pablo Escobar. Se dice que se conocieron en la época inicial del boom de la cocaína y que Suárez se asoció con el colombiano para proveerlo de pasta de coca cultivada en Bolivia. Se dice también que luego operaba por su cuenta, produciendo la cocaína más pura que llegaba al mercado norteamericano.

Los golpes de Estado son muy frecuentes en la historia de Bolivia. Roberto Suárez Gómez vio una oportunidad para fortalecer su negocio y financió al general Luis García Meza, en ese momento comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, para que se hiciera de la Presidencia de la República. Se cree que el general Meza recibió entre uno y cinco millones de dólares a título personal. El 17 de julio de 1980 ocurrió el golpe de Estado contra la presidenta constitucional, Lidia Guéiler Tejada, unos días antes de la toma de posesión del presidente electo Hernán Siles Suazo.

Como contraprestación al financiamiento entregado para la operación, Roberto Suárez Gómez hizo que el nuevo presidente designara a su primo y hombre de confianza, Luis Arce Gómez, como ministro de Relaciones Interiores. Arce Gómez había sido expulsado del Ejército por una acusación de violación. Participó en diferentes actividades golpistas y ocupó cargos durante las presidencias de los generales Barrientos y Ovando. Luego, comienza a trabajar con su primo. Contar con un fiel aliado en el Ministerio de Relaciones Interiores le permitió a Roberto Suárez Gómez consolidar y expandir su imperio. Llegó a controlar zonas del país por las cuáles se desplazaba en una caravana de Mercedes Benz blindados.

El gobierno del golpista Luis García Meza se convirtió pronto en una feroz dictadura, con una represión implacable contra la extrema izquierda boliviana. Destacaron el asesinato del diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz y la masacre de la Calle Harrington. Si bien la estabilidad del gobierno de García Meza se fue erosionando –tanto por presiones de la izquierda democrática como de Washington, al punto que tuvo que abandonar la presidencia en agosto de 1981– las actividades ilícitas de Roberto Suárez Gómez continuaron.

En 1983, su hijo mayor fue detenido en Suiza y extraditado a los Estados Unidos. Agotadas las opciones legales y políticas para obtener su liberación, Roberto Suárez Gómez le escribió una carta al presidente Ronald Reagan, ofreciendo cancelar 3.800 millones de dólares que conformaban la deuda externa de Bolivia a cambio de una solución para su hijo. En 1988 el “Rey de la coca” fue detenido por tráfico de drogas y condenado a 15 años de cárcel en la prisión de San Pedro, en La Paz. En 1996 fue liberado y murió cuatro años después de un ataque al corazón.

Manuel Antonio Noriega

De origen humilde, gracias a contactos familiares logró ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos y obtuvo el título de alférez de ingeniería. A los 22 años entra a la Guardia Nacional. Seis años después, con el rango de Mayor, se involucra en el Golpe de Estado que logra el regreso al poder del general Omar Torrijos y es nombrado jefe del Servicio de Inteligencia. Recibe el curso de Seguridad Nacional impartido en la Escuela de Las Américas, que en ese entonces funcionaba en la zona del Canal de Panamá, controlada por los Estados Unidos. Ahí aprende los métodos de contra-información, interrogatorio, tortura, guerra psicológica, inteligencia militar y acción de contrainsurgencia.

Desde los años 70 estaba en la nómina de la CIA, pero su fuerza se incrementó al dirigir el Servicio de Inteligencia. Colabora activamente con los Estados Unidos, permitiendo la instalación de puestos de escucha en Panamá y utilizar al país como base para apoyar a La Contra en la lucha contra las guerrillas izquierdistas de El Salvador y Nicaragua.

En 1983, dos años después del sospechoso accidente aéreo en el que muere Omar Torrijos, Noriega se convirtió en el hombre fuerte en Panamá. También había aprovechado la oficina que manejaba para establecer contactos y posiblemente alianzas con narcotraficantes colombianos. Logró que lo nombraran Comandante en Jefe de la Guardia Nacional y desde ese cargo comenzó a controlar al poder político. Con su apoyo, en 1984, el candidato nacionalista de izquierda, Nicolás Ardito Barletta, gana las elecciones y se convierte en Presidente de Panamá.

En septiembre de 1985, el médico opositor Hugo Spadafora, antiguo guerrillero y hombre cercano al fallecido presidente Torrijos, fue asesinado por las Fuerzas de Defensa de Panamá, luego de que denunciara la relación de Noriega con los cárteles colombianos del narcotráfico. Su cuerpo decapitado fue encontrado cerca de la frontera con Costa Rica. El presidente Nicolás Barletta anunció que se conformaría una comisión para investigar el asesinato, pero casi de inmediato fue obligado a renunciar. Con el apoyo de Noriega, el vicepresidente Eric Arturo Delvalle asumió la primera magistratura. De inmediato suspendió toda la investigación del caso Spadafora.

Durante los tres años en los que se desempeñó como Presidente, Delvalle sirvió de escudo y fachada pública de Noriega, tratando de mediar entre las Fuerzas de Defensa y la oposición, que acusaba a Noriega de tráfico de drogas, lavado de dinero, corrupción, violación de derechos humanos y asesinato. En febrero de 1988, Delvalle intentó remover a Noriega de la Comandancia de la Guardia Nacional, pero fue destituido de la Presidencia de la República. Lo sustituyó otro hombre de confianza de Noriega, Manuel Solís Palma.

En 1988 se realizaron elecciones y la mayoría apoyó al candidato opositor Guillermo Endara, pero el Gobierno anuló los resultados y se designó como Presidente provisional a Francisco Antonio Rodríguez Poveda, excontralor general.

Foto: Ticotimes

Pero Panamá llevaba tiempo sumido en una grave crisis política, social y económica. Noriega se imponía y mantenía un control férreo de la descontenta población con los “Batallones de la Dignidad”, una milicia paramilitar a sus órdenes. Washington comenzó a distanciarse y luego a oponerse abiertamente al hombre fuerte de Panamá. En 1988, el gobierno de los Estados Unidos impuso sanciones económicas a Panamá y Manuel Antonio Noriega fue formalmente acusado de narcotráfico y lavado de dinero por tribunales de Tampa y Miami. La OEA intenta una mediación política, pero no logra avanzar. El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Nacional de Representantes declaró que el país se encontraba en “estado de guerra” y nombra a Noriega como Jefe de Gobierno. Los días 17 y 18 de diciembre ocurrieron incidentes entre las fuerzas norteamericanas, ubicadas en la zona del canal, y las panameñas. El 20 de diciembre los Estados Unidos, dirigidos por el Presidente George Bush (padre), invaden Panamá en una operación militar denominada “Causa Justa”.

Manuel Antonio Noriega, luego de refugiarse en la Nunciatura de la Ciudad de Panamá fue finalmente capturado, enjuiciado, acusado de cargos federales y condenado a 40 años de cárcel en los Estados Unidos, pena que por buen comportamiento se redujo a 25 años. Tanto Francia como Panamá solicitan su extradición. En el 2010, Noriega fue procesado por la justicia francesa y condenado a siete años de presidio en la cárcel de La Santé por lavado de dinero. A solicitud de sus abogados, un juez francés le concedió la libertad condicional, pero fue extraditado a Panamá dónde le esperaba otro juicio por el asesinato de Hugo Spadafora. En Panamá, defendido por su hija abogada, el exhombre fuerte, ya envejecido y padeciendo diferentes dolencias, falleció el 29 de mayo de 2017, a los 83 años.

El caso venezolano no se asemeja a ninguno de los antes descritos. Su final está por escribirse y la historia determinará en qué categoría entrarán los altos cargos que hoy gobiernan.

@MarcosTarre

[1] Escritor inglés de ficción, entre sus obras la serie de thrillers históricos Bernie Ginther