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Una sentencia en el exilio y los Acuerdos de la AN: ¿insumos para cohesionar?

Foto: AFP

Carlos Romero Mendoza

27 de octubre de 2017

Mientras Lady Gómez acusa a Juan Pablo Guanipa; éste acusa a su vez a Henry Ramos Allup y éste responde denunciando a Julio Borges y Luis Florido diciendo que están en República Dominicana. Henrique Capriles se retira de la Unidad mientras en ella esté Henry Ramos. Por su parte, Vente acusa a la MUD de irrespetar el mandato del 16 de julio y Henri Falcón acusa a PJ y VP de actuar en su contra. Por último, Chúo Torrealba pide que la MUDd asuma su responsabilidad.

Entre ese juego de acusaciones y reflexiones como consecuencia del proceso electoral celebrado el 15 de octubre de 2017, aparece una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, cuyo contenido claramente generará diversas opiniones, principalmente porque tener un Tribunal Supremo de Justicia electo legítimamente y de manera legal fuera del territorio nacional no es algo normal, ordinario y, en consecuencia, no tiene precedentes.

La denominada sentencia que se identifica con el número 0001, bajo la ponencia del Magistrado Miguel Ángel Martin Tortabu –firmada en Washington DC el 25 de octubre de 2017–, en su contenido reitera de manera absoluta los criterios que la Asamblea Nacional ha expuesto sobre la supuesta Asamblea Nacional Constituyente y, en particular, sobre las herramientas pacíficas para restaurar el orden constitucional y democrático de Venezuela.

Es oportuno recordar que el pasado 1 de agosto de 2017 la Asamblea Nacional aprobó e hizo público el Acuerdo en desconocimiento de los fraudulentos resultados electorales del 30 de julio de 2017 con los cuales se pretendió imponer una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, y en reivindicación de la Constitución de 1999 como fundamento democrático de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo contenido se puede leer el siguiente acuerdo:

“Primero: Ratificar que todos los actos relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente incluyendo la supuesta elección de 30 de julio de 2017, deben ser desconocidos, al tratarse de un proceso basado en la usurpación de la soberanía popular y del Poder Constituyente Originario que reside exclusivamente en el pueblo de Venezuela. Asimismo, se ratifica el derecho de resistencia del pueblo de Venezuela frente a esa fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, así como el deber de los funcionarios e integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de desobedecer todos los actos derivados de la fraudulenta constituyente, y contribuir activamente para restablecer la vigencia efectiva de la Constitución de 1999”.

En este sentido, la Sala Constitución en el exilio reconoce que la ANC es ilegítima, fraudulenta, absolutista, autoritaria y antidemocrática, como lo evidencia su propia actuación, al respecto la sentencia señala:

“Los vicios de inconstitucionalidad observados en el proceso seguido desde la convocatoria a la ANC, por usurpación de la voluntad popular, así como las actuaciones del CNE de admitir y darle trámite al proceso viciado en su origen, violentando adicionalmente la participación del electorado mediante votaciones sectoriales y territoriales, es decir, por sectores escogidos por el Ejecutivo Nacional, en completa contravención con lo dispuesto en el artículo 63 constitucional, que establece que el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante la votación universal, directa y secreta; y más grave aún, la actuación de la ANC y sus integrantes de usurpar facultades que no le son propias, como la destitución de funcionarios públicos, la elaboración de leyes constituyentes, el sometimiento de funcionarios a sus designios, entre otras actuaciones, que invaden la esfera de competencia de la AN, órgano legislativo legítimo, constituye una acción consciente y fraudulenta en detrimento de los principios fundamentales de la Constitución”.

Foto: AFP.

La sentencia del TSJ en el exilio, también reitera el reconocimiento que hizo el 1 de agosto la Asamblea Nacional al ejercicio del derecho de resistencia del pueblo venezolano frente al despotismo que pretende imponer a través de la Asamblea Nacional Constituyente, como expresamente lo señala el Acuerdo octavo del respectivo pronunciamiento del parlamento venezolano.

En este sentido, los magistrados en el exilio llamaron a una inmediata activación de la resistencia pacífica, con base en el artículo 333 y 350 de la Constitución. Importante es acotar que ese mismo llamado lo ha venido haciendo, de manera sistemática, la Asamblea Nacional desde el año 2016. A tal fin, es oportuno revisar no sólo el Acuerdo del 1 de agosto de 2017, sino además, los contenidos de los Acuerdos del 13 y del 23 de octubre de 2016, en los cuales la Asamblea Nacional denunció y luego declaró formalmente la ruptura del orden constitucional y democrático por parte del Presidente, el CNE y el TSJ.

En atención a la solicitud que se formuló, la Sala Constitucional en el exilio, mediante la sentencia declaró formalmente la nulidad de los Decretos Presidenciales No. 2.830 y 2.831 del 1 de mayo de 2017, que convocan al proceso constituyente y crean una Comisión Presidencial a tal fin, así como también, las Resoluciones del CNE No. 170607-118 y 17-0607-19 del 7 de junio de 2017 que activan el proceso constituyente.

Además, formalmente los magistrados solicitaron a la Sala Penal iniciar la evaluación de la responsabilidad penal a que hubiere lugar contra las personas que han ejecutado y convalidado los actos fraudulentos, en especial a quienes ejecutan actualmente los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

En conclusión, se puede afirmar que la sentencia 0001, representa un documento político y lleno de simbología pues emana de un grupo de magistrados que están obligados a cumplir el mandato de la ley fuera del territorio nacional, lo que claramente advierte la naturaleza del régimen que hoy se impone en Venezuela.

¿Cómo estos argumentos que registran los pronunciamientos de la Asamblea Nacional y del TSJ en el exilio –que no son nada diferentes a lo que se ha venido registrando y sistematizando desde el 2016 en los distintos Acuerdos del Parlamento y los distintos pronunciamientos de la Conferencia Episcopal de Venezuela– se convierten en instrumentos útiles y efectivos para lograr niveles adecuados de cohesión entre una sociedad civil que tiene la responsabilidad histórica de cumplir el mandato del artículo 333 de la Constitución?

La respuesta está en la Unidad, es el momento de algo que sea como un Pacto Nacional de Unidad por la Restauración del Orden Constitucional y Democrático del país, y de cara al país, en el cual, quienes hoy usan Twitter para culparse unos a otros, asuman el compromiso de construir consensos básicos en el marco del reconocimiento de su responsabilidad política de orientar a la opinión pública para la consolidación de los principios democráticos, tal y como expresamente lo asumieron quienes lograron construir el Pacto de Puntofijo, firmado un 31 de octubre de 1958.

La sociedad civil debe asumir la noble tarea de superar su condición de elector y votante, para asumir la tarea de reclamar respeto a la dirigencia nacional, y por otro lado, reclamarles que asuman compromisos con la sociedad civil, entendiendo que somos ciudadanos, no un simple número en cualquier padrón electoral.

El Gobierno ha logrado golpear la confianza en el voto y los gobernadores juramentados ante la Asamblea Nacional Constituyente han contribuido a lesionar la confianza en los partidos y los dirigentes; por lo tanto, el principal reto es recuperar la confianza, tarea que sólo será posible si hay una reunificación de la Unidad en torno a un Pacto Nacional de Unidad por la Restauración del Orden Constitución y Democrático, que sirva de hoja de ruta y orientadora de un proceso complejo donde todos somos corresponsables.

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