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Nuestra relación con la descentralización

Foto: AVN

Carlos Romero Mendoza

10 de noviembre de 2017

La Universidad de Oxford, a través del Índice de Autoridad Regional, busca estudiar el poder de las autoridades subnacionales en campos como la capacidad legislativa o las competencias en el campo económico y fiscal.

Recientemente se presentaron los datos del estudio y allí se identificó a Alemania y España como los dos primeros países del mundo con más autoridad política en manos de sus gobiernos regionales[1].  En el caso de América Latina[2], Argentina ocupa el mayor nivel de descentralización política y económica, seguida por México y en tercer lugar Brasil.

Perú no está entre los tres primeros, pero el estudio lo ubica por detrás de Brasil.  Es importante destacar, en el caso de Perú, que su Presidente, antes y después de la toma de posesión, ha dedicado tiempo  construir una efectiva relación con los gobiernos regionales, demostrando un compromiso político con la descentralización. Precisamente en Perú, reciente se anunció un acuerdo político entre el gobierno central y los gobiernos regionales para conformar una Comisión Técnica para la Descentralización, la cual permitirá integrar a gobernadores y ministerios involucrados en el tema del desarrollo[3].

En el caso de Venezuela el estudio evidencia que se encuentra entre los países que alcanzan un nivel bajo de poder de las autoridades subnacionales, acompañado de Paraguay y Ecuador.

Oportuno es recordar en 1994 al Dr. Allan Brewer Carías, entonces Ministro de Estado para la Descentralización, cuando en sus palabras al Congreso de la República afirmó que con la descentralización en aquella Venezuela nos estábamos jugando la democracia. Destacó que la misma estaría en el futuro próximo en el centro de la política de cambio.

Más de 20 años después los hechos políticos evidencian que la descentralización no fue entendida como proceso político, menos aún como centro de política de cambio y, además, la llegada de Hugo Chávez al poder frenó el camino que se venía recorriendo, política e institucionalmente, desde la elección de gobernadores y alcaldes en 1989.

La descentralización es asumida tímidamente, reducida a un principio constitucional, pero no como una herramienta política de cambio en función de un desarrollo integral donde actores municipales y estadales se conviertan en promotores corresponsables de ese desarrollo en una visión compartida e integral de nación.

En el pasado, los electores venezolanos cuando han tenido la oportunidad de elegir entre un candidato con experiencia en un modelo de gestión descentralizada y un candidato presidencial con una fuerte trayectoria de política desde la capital de la República, por así llamarlo, han decidido por el segundo.

La descentralización no ha sido un valor agregado contundente para el triunfo en elecciones presidenciales en el pasado reciente, recordemos algunos candidatos presidenciales como Irene Sáez; Salas Romer; Oswaldo Álvarez Paz, el mismo Francisco Arias Cárdenas, sin olvidar a Claudio Fermín.

Es importante destacar que Henrique Capriles pudo haber sido –y aún podría ser– el primer venezolano en ocupar la primera magistratura luego de haber recorrido la gestión municipal y estadal, es decir, de haber experimentado las bondades y dificultades de un modelo de Estado que intentó ser descentralizado.

Las elecciones de gobernadores pudieron haber sido una excelente oportunidad para definir una estrategia que, unida a las elecciones municipales, pusiera a la descentralización como herramienta de la política del cambio, pero no fue así. Pocos candidatos asumieron la defensa de la descentralización como principio inspirador de su campaña regional en las elecciones del pasado 15 de octubre de 2017.

Uno de esos candidatos fue Juan Pablo Guanipa, quien públicamente no escatimó fuerza y energía para afirmar que su misión era llegar a la Gobernación del Zulia para defender la descentralización y así garantizar que en cada municipio haya competencias y recursos[4].   Su campaña le llevó a ganar la Gobernación, pero desde el centro del poder político de facto, llamado Asamblea Nacional Constituyente, se impuso el desconocimiento a la legitimidad que constitucionalmente le otorgó el pueblo zuliano a través del voto, directo, secreto y universal.

Es oportuno recordar que la Asamblea Nacional, alzó su voz por la descentralización, con la aprobación del Acuerdo en Rescate de la Descentralización, del 7 de julio de 2017, a través del cual se planteó una hoja de ruta legislativa y una serie de demandas concretas, que pudo haber abierto el debate preparatorio para esas elecciones regionales y municipales previstas en la agenda, pero además, tuvo la oportunidad de colocar en la agenda política el debate sobre un modelo alternativo, viable y por demás constitucional, que resulta contrario e ignorado por la hoja de ruta del Gobierno expresado en el Plan de la Patria.

Es importante no perder de vista en todo análisis que la descentralización como principio no existe en la hoja de ruta del Gobierno, tal y como se evidencia en el contenido del Plan de la Patria 2013-2019, realidad que ha sido subestimada políticamente y que hoy nos lleva a reconocer que prácticamente está en peligro de “extinción”.

Irónicamente se ha subestimado ese hecho, cuando en la práctica, el marco constitucional e institucional presenta elementos que pudieran ser favorables a un proceso de descentralización que efectivamente pueda promover un cambio político en el país.

En este sentido, el Consejo Federal de Gobierno en el ámbito nacional, así como el Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Pública (Ceplacop), en el ámbito estadal, y el Consejo Local de Planificación Pública, en el ámbito municipal, independientemente de su normativa legal vigente, son espacios institucionales que podrían reorientarse rápida y efectivamente a la construcción de un gran Pacto para la Descentralización. Lamentablemente, hasta ahora esas instancias las han convertido en herramienta útil para la sustitución del modelo de Estado Federal Descentralizado al modelo comunal de Estado.

Para que la descentralización sea asumida, como lo planteó Brewer Carías en 1994, como el centro de la política de cambio frente a un modelo centralista del Plan de la Patria 2013-2014, nuestros dirigentes políticos y sus partidos políticos deben simplemente creer en ella, desarrollarla estratégicamente y asumirla como tal.

No podemos olvidar que hay experiencia institucional, normativa y política que está registrada, que existe, que nos cuenta una historia positiva que experimentamos como sociedad durante los años 1990-1999.  Además, hay a lo largo del país exalcaldes y exconcejales que hoy deberían estar contando aquella historia, que hoy deberían estar divulgando aquellos logros, que, en conclusión, deberían ser los promotores de ese país positivo que una vez tuvimos.

Si ponemos en un balance el período de descentralización versus la imposición del modelo comunal en estos 18 años, no cabe duda alguna de que hay muchos más logros, muchos más éxitos en aquel período de descentralización, en donde la institucionalidad se sintió y estuvo al servicio de los ciudadanos.

Cuando nuestros dirigentes priorizan las elecciones presidenciales del 2018, sacrificando las elecciones municipales, de legisladores municipales y regionales; eso pone en evidencia que como sociedad no tenemos en nuestro ADN valores enraizados que nos permitan tener contenido para la defensa de la democracia desde lo local y desde nuestras entidades federales.

Cuánta falta hace concretar un movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto, propuesta por la Asamblea Nacional en el 2016, que entre sus funciones esté la construcción de una propuesta de desarrollo de la nación, que enfrente de manera efectiva y viable las propuestas del Plan de la Patria 2013-2019.

Hoy 20 años después, citando a Brewer Carías, podemos repetir que con la descentralización nos jugamos la democracia.

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