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¿Cómo mejorar las ciudades en Venezuela?

Foto: Cortesía

Carlos Romero Mendoza

16 de junio de 2018

¿Cómo se hacen mejores ciudades en América Latina y el Caribe?, es la inquietud que planteó el Banco Mundial en el marco de una Conferencia de Alcaldes que tuvo lugar el 12 de junio en la ciudad de Miami, en donde expertos y autoridades reflexionaron sobre la idea de ciudades más productivas y los desafíos actuales de la agenda urbana.

Si nos preguntáramos: ¿cómo se hacen mejores ciudades en Venezuela? e intentáramos buscar la respuesta en el contenido de la Nueva Agenda Urbana, deberíamos iniciar por reconocer en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS), particularmente en el Objetivo 11, la referencia y/o guía fundamental para esa reflexión y para ese debate.

El Objetivo 11 plantea como meta el lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles y expresamente reconoce que  “las ciudades son hervideros de idea, de comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y mucho más.  Son las ciudades el espacio para el progreso social y económico de las personas”.

En tal sentido, ¿qué tan lejos o cerca están las ciudades en Venezuela de esa visión que nos plantea las ODS?

El ideal de ciudad que propone la Nueva Agenda Urbana permite complementar la reflexión planteada sobre las ciudades en Venezuela y construir una agenda pública de debate político plural e incluyente sobre el modelo de ciudad que hoy tenemos y el modelo al que aspiramos como sociedad. Ello supone abrir el debate sobre el modelo político, social y económico que el régimen pretende imponer.

En tal sentido, desde el contenido de la Nueva Agenda Urbana, podemos promover las siguientes inquietudes para alentar ese debate:

Una primera inquietud sobre la cual reflexionar tiene que ver con la función social que cumplen nuestras ciudades. Podríamos formular como pregunta uno de los elementos de ese ideal de ciudad que plantea la Nueva Agenda Urbana:

¿Nuestras ciudades procuran la “plena realización del derecho a una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, sin discriminación; el acceso universal al agua potable y al saneamiento; así como la igualdad de acceso de todos a los bienes públicos y servicios de calidad en esferas como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, la educación, las infraestructuras, la movilidad y el transporte, la energía, la calidad de aire y los medios de vida”?

Una segunda inquietud se orienta a valorar si nuestras ciudades alientan o promueven la participación. Para la Nueva Agenda Urbana las ciudades deberían promover “la colaboración cívica; generar un sentimiento de pertenencia y propiedad entre todos sus habitantes; priorizar la creación de espacios públicos seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad que creen las condiciones adecuadas para las familias”.

Además, plantea que es ideal pensar en una “ciudad que contribuya a mejorar la interacción social e intergeneracional, las expresiones culturales y la participación política, según proceda; y fomente la cohesión social, la inclusión y la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas, ciudades donde se satisfacen las necesidades de todos los habitantes, reconociendo las necesidades específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad”.

Una tercera inquietud tiene que ver con la capacidad de nuestras ciudades para “afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades de crecimiento económico inclusivo y sostenible, presente y futuro”.

Según la Nueva Agenda Urbana debemos pensar en ciudades que procuren “sacar los mejores frutos de la urbanización en aras de la transformación estructural, la alta productividad, las actividades con valor añadido y la eficiencia en el uso de los recursos, aprovechando las economías locales y tomando nota de la contribución de la economía informal, al tiempo que prestan apoyo a la transición sostenible hacia una economía estructurada”.

Una cuarta inquietud se orienta al tema de la planificación y deberíamos preguntarnos:

¿Nuestras ciudades promueven “una planificación basada en la edad y el género e inversiones para una movilidad urbana sostenible, segura y accesible para todos, así como sistemas de transporte de pasajeros y de carga que hagan un uso eficiente de los recursos y que faciliten un vínculo efectivo entre las personas, los lugares, los bienes, los servicios y las oportunidades económicas”?

Foto: ONU

Una quinta inquietud busca explorar si nuestras ciudades cumplen funciones territoriales más allá de los límites administrativos y actúan como centros e impulsores del desarrollo urbano, territorial equilibrado, sostenible e integrado a todos los niveles.

Y, por último, pero no la menos importante, es la inquietud sobre el tema ambiental y la misma invita a que nos preguntemos:

¿Cómo nuestras ciudades procuran aprobar y poner en práctica “políticas de reducción y gestión de los riesgos de desastres, que reduzcan la vulnerabilidad, aumenten la resiliencia y la capacidad de respuesta ante los peligros naturales y humanos formuladas, y fomenten la mitigación y la adaptación al cambio climático”? y ¿cómo conservan, restablecen y “promueven sus ecosistemas, recursos hídricos, hábitats naturales y la diversidad biológica, reducen al mínimo su impacto ambiental, y transitan hacia la adopción de modalidades de consumo y producción sostenibles”?

Todas estas inquietudes deben ser abordadas por todos los actores de la sociedad civil, no es un debate exclusivo y reservado para un solo sector de la sociedad. En el marco jurídico venezolano los alcaldes y concejales son actores y facilitadores políticos de este debate.

Los alcaldes son los llamados a presentar ante el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), en los primeros meses de su gestión, una propuesta de Plan Municipal de Desarrollo, en cuyo contenido deben estar incluidos los lineamientos de su programa de gobierno, que como candidato tuvo que registrar ante el Consejo Nacional Electoral.

El CLPP está diseñado legalmente como la instancia corresponsable de la función de planificación del Poder Público Municipal y, constitucionalmente, está integrado por el alcalde –quien la preside–, todos los concejales, el presidente de la junta parroquial –hoy inexistente– y representantes de organizaciones vecinales y otras de la sociedad organizada. En consecuencia, la participación ciudadana amplia, plural y no condicionada a los órganos del poder popular, está expresamente garantizada en la Constitución.

Es el CLPP el llamado a impulsar la participación ciudadana en el debate del Plan Municipal de Desarrollo y, posteriormente, el Concejo Municipal es el llamado a aprobar de manera definitiva ese Plan Municipal de Desarrollo, instrumento que debe incluir el modelo de desarrollo político, social y económico de nuestras ciudades, en el marco del estado federal descentralizado previsto en la Constitución.

La Constitución no define o condiciona la misión o funciones del CLPP, por lo tanto, permite con rapidez, y pensando en una transición, restaurar esa instancia, a través de una reforma legislativa, a los fines de ponerla a disposición de las ODS, del desarrollo urbano, de la descentralización como política nacional y de la restauración del orden democrático.

El principio de autonomía municipal, la esencia del significado vida local y el mandato constitucional a los Municipios de asumir la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, en el marco de un estado federal descentralizado, definen sin equivocación un modelo político institucional que es fundamental restituir a los fines de poder concretar el desafío de mejorar nuestras ciudades.

Hoy más que nunca, como parte del mandato que nos hace el artículo 333 de la Constitución, la sociedad civil debería exigir de manera responsable, sistemática y organizada a los alcaldes y concejales en cada municipio del país, el debate político, incluyente y público sobre cómo mejorar la ciudad.

En la actualidad, los alcaldes y concejales, a través de una adecuación constitucional a la ordenanza del CLPP o vía el Cabildo Abierto, podrían garantizar la participación plural e incluyente sobre el modelo de desarrollo local.

Omitir este debate político nos hace cómplices de la ruptura del orden constitucional y democrático que en octubre 2016 declaró formalmente la Asamblea Nacional. Además, nos distancia cualitativamente de la agenda de desarrollo local que impulsan los gobiernos locales del mundo.

@carome31

El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales.

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