Carta del Director

Un año después del 16-J o cómo convertir una victoria en un fracaso

Foto: EFE

Benigno Alarcón Deza

18 de julio de 2018

Hace un año, el 16 de julio de 2017, el sector democrático del país dio una de sus mejores y mayores manifestaciones colectivas de desconocimiento al actual orden y de demanda masiva por un cambio político inmediato. En ese plebiscito convocado por la MUD, junto a actores fundamentales de la sociedad civil –como los rectores universitarios que garantizaron la transparencia del proceso– participaron más de siete millones de electores que contestaron afirmativamente tres preguntas:

  1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
  2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
  3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

Lamentablemente, pese a la participación masiva en este proceso y a las expectativas que se generaron en torno a esta manifestación, el régimen sigue avanzando en su proceso de autocratización, lo que terminó convirtiendo el éxito de este plebiscito en una victoria pírrica que acabó por revertirse en contra de la misma MUD y de la Asamblea Nacional, que hoy descienden a sus más bajos niveles históricos de confianza, colocándose, incluso, por debajo del mismo Gobierno que, aunque si bien sigue teniendo los mismos niveles de rechazo, siempre cumple con lo que promete, con apoyo o sin él.

Sin lugar a dudas, la consulta del 16 de julio fue un punto de inflexión en el proceso de avance que, en lo electoral, la MUD había logrado concretar en la elección legislativa de 2015. Después del 16-J la MUD retrocedió, al punto de perder una elección de gobernadores que todos consideraban cómodamente ganada. Tras eso, la MUD optó, acertadamente, por no desafiar la voluntad de no participación de la mayoría de sus votantes. ¿Cuál fue el problema? ¿Fue el plebiscito? ¿Las preguntas del plebiscito o lo que sucedió después de esa consulta?

El volumen de participación en el plebiscito y la respuesta afirmativa –casi unánime– a las tres preguntas, permite suponer que el problema no estaría en el plebiscito sino en lo que sucedió después. Pero si vemos las tres preguntas no será difícil comprender que lo sucedido luego del plebiscito no puede desvincularse de esas tres interrogantes.

Un plebiscito constituye, más que una respuesta a una o varias preguntas, un mandato. Cuando la gente asiste a un plebiscito, así sea en forma de un referéndum consultivo, no lo hace en el ánimo de participar en una encuesta que solo sondea su opinión, lo hace con la expectativa de incidir en una decisión para que alguien haga, o no haga, algo. Así, no tendría sentido consultar a los ciudadanos sobre el clima, porque su control no está en manos de los consultados ni en las del mandatario; pero sí tendría sentido consultar sobre la continuidad o la renuncia, la celebración de elecciones, una política pública, etc. Esto implica que quien hace la consulta debe tener la capacidad y disposición para considerara y ejecutar ese mandato. No tendría sentido consultar sobre algo que no se está en disposición o capacidad de hacer.

Revisemos las preguntas: “¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?”. La respuesta va dirigida a Maduro, a quien tocaría decidir qué hace con ese rechazo de siete millones de electores. La segunda: “¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?”. Aquí nos tropezamos con el mismo problema, la demanda va dirigida de manera general a la FANB y a la burocracia del Estado, un actor difuso. El mandato no está dirigido a nadie en particular, ni establece lo que implica “defender la Constitución de 1999”, ni cuáles decisiones de la Asamblea Nacional deben respaldarse ni cómo hacerlo. Tal mandato hace casi imposible su cumplimiento. Acatarlo implicaría una acción colectiva coordinada de la Fuerza Armada y la burocracia del Estado, con costos muy elevados en caso de que no todos cooperen y con bajos incentivos para asumir tal mandato si no existen expectativas fundadas de cooperación y éxito.

Por último, la tercera pregunta: “¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?”. Esta es la única que se constituye como un mandato directo a quien hace la consulta: la MUD y sus representantes en la Asamblea Nacional. Este mandato implicaría tres acciones concretas: la renovación de los poderes públicos cuyo nombramiento depende de la AN (TSJ, Poder Ciudadano y Poder Electoral), la convocatoria a elecciones regionales, municipales y presidenciales libres y transparentes (un nuevo Consejo Nacional Electoral nombrado por la AN) y la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional, pero no queda claro con quiénes y cómo se constituye.

Fue en esta tercera pregunta donde se centraron las mayores expectativas –y las mayores frustraciones– de algo más de siete millones de personas que demandaron la renovación de los poderes públicos, elecciones democráticas y un nuevo gobierno. Pero no vieron que pasara nada.

Foto: EFE

La importante pérdida de apoyo de la MUD y la Asamblea Nacional tiene parte importante de su explicación en la falta de respuesta a esas expectativas generadas a partir del triunfo de la MUD en las elecciones parlamentarias de 2015 y del plebiscito de 2017. Si bien es cierto que las preguntas formuladas fueron el resultado de un debate interno en la MUD que terminó, como en más de una ocasión ha sucedido, aprobando lo que todos quieren a falta de acuerdo sobre lo que deben hacer, las consecuencias de construir consensos sin la disposición real a cumplirlos están hoy a la vista. El debate entre poder y querer cumplir es hoy inútil porque en política las incoherencias pasan factura y hoy todos, sin excepción, pagan con la pérdida de confianza al no haber cumplido con las expectativas generadas.

La conclusión es que, si no estaban dispuestos a asumir el mandato implícito en la respuesta afirmativa a la tercera pregunta del plebiscito –o se consideraba imposible su cumplimiento– jamás se debió hacer la consulta en esos términos pues constituía, per se, la promesa de asumir el mandato de un electorado cada vez más educado, exigente e impaciente.

Hoy, cuando el régimen se encuentra en su momento de mayor dificultad, la fragmentación y debilidad de una coalición democrática alternativa termina contribuyendo a la estabilización autocrática del régimen. ¿Es posible enderezar semejante entuerto y retomar el camino hacia la democratización en el que parecíamos avanzar de manera irreversible tras la dudosa victoria de Maduro en el 2013, las protestas que desconocían su legitimidad durante el 2014, y la aplastante victoria de la oposición en las legislativas de 2015? La historia y los análisis politológicos más confiables dicen que sí se puede, aunque también nos alertan sobre su dificultad creciente en la medida en que el régimen cierra el sistema político y tiene éxito en la constitución de una hegemonía de partido único o de una “oposición legal” puramente decorativa.

Dedicaremos nuestra próxima columna a tratar de poner sobre la mesa una propuesta que sería posible, sí y solo sí, el liderazgo político y social democrático pone sus agendas y cálculos particulares a un lado para unirse en una estrategia única y unitaria.

@benalarcon

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