Carlos Romero Mendoza

6 de diciembre de 2018

En Antigua, Guatemala, en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, los días 15 y 16 de noviembre pasado, se aprobó una declaración formal cuyo título fue: “Compromiso Iberoamericano por el Desarrollo Sostenible”, el cual resumió el contenido del debate político desarrollado en el marco de ese evento.

Los encuentros iberoamericanos se reconocen en esa declaración como una plataforma que reúne todas las condiciones para ser un mecanismo eficaz de apoyo y acompañamiento a los esfuerzos nacionales de sus miembros en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contenidos en la Agenda 2030.

Entre los compromisos concretos de la XXVI Cumbre Iberoamericana, específicamente en materia de ODS, se pueden destacar:

1.- Alentar la discusión abierta sobre los ODS, con la finalidad de ampliar su socialización y conocimiento, enriquecer sus postulados e incorporar una visión más amplia de la dimensión cultural como factor cohesionador de nuestras sociedades, reconociendo la diversidad de nuestros pueblos como parte de este nuevo paradigma del desarrollo global.  Y, en este sentido, reconocer la diversidad natural y cultural del mundo y que todas las culturas y civilizaciones pueden contribuir al desarrollo sostenible desde sus potencialidades y visiones de desarrollo.

2.- Promover, desarrollar y potenciar en el espacio iberoamericano una cooperación multidimensional y multiactor y alianzas eficaces en las esferas públicas, públicas-privadas y de la sociead civil, para que, de forma inclusiva y participativa contribuya a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a su incorporación de forma transversal, inclusiva, integral y participativa de las políticas y estrategías públicas.

3.- Aprobar el II Plan de Acción Cuatrienal de Cooperación Iberoamericana 2019-2022, cuyos lineamientos estratégicos están orientados a apoyar a los países de iberoamérica a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

4.- Profundizar el diálogo y concretar mecanismos de colaboración con la Unión Europea que permitan crear nuevas alianzas en el ámbito de la cooperación, destinadas al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a la consecuención de los ODS.

Los estados iberoaméricanos, de esta forma, reconocen a las ODS como un elemento cohesionador para una cooperación más efectiva entre ellos y, además, como un importante insumo para que los gobiernos asuman su corresponsabilidad en la adecuación de los ODS a sus propias realidades a través de las herramientas técnicas y políticas que correspondan.

Esa herramienta técnica y política, en el caso de Venezuela y en el orden democrático que se aprobó en la Constitución de 1999, es el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Estrictamente, el principio de legalidad exige que debe ser formulado por el Presidente de la República y presentado a la Asamblea Nacional para su debida aprobación.

El artículo 27 de la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular de Venezuela, en absoluta coherencia con el artículo 187 numeral 8 de la Constitución ignorada por Nicolás Maduro, reconoce a la Asamblea Nacional, sin lugar a dudas,  la atribución para aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que debería ser presentado por el Presidente en los tres primeros meses de cada período constitucional.

El 26 de noviembre 2018, una nota de prensa advertía que Nicolás Maduro presentaría el Plan de la Patria 2019-2025 ante la Asamblea Nacional Constituyente, en los primeros días del mes de diciembre[1]. Independientemente de su presentación o no, ese Plan de la Patria no tendrá ningún valor, pues esa Asamblea Nacional Constituyente –y sus actos– carece de reconocimiento por parte de la comunidad internacional y de la mayoría de los venezolanos.

A diferencia del Plan de la Patria 2013-2019, en esta oportunidad el régimen no puede manipular las atribuciones del Poder Legislativo venezolano, a los fines de crear una ficción jurídica, lo cual marca una diferencia cualitativa muy importante que complementa la ruptura del orden constitucional y democrático promovido por Nicolás Maduro y sus colaboradores.

En este sentido, y considerando la realidad política venezolana –particularmente luego del 10 de enero de 2019–, la Asamblea Nacional sin demora alguna podría asumir la responsabildad de decirle a la comunidad iberoamericana que ese compromiso con las ODS en Venezuela es imposible hasta tanto no se logre restaurar el orden democrático y constitucional, tarea para la cual es indispensable el apoyo internacional.

En consecuencia, como la responsabilidad principal de restaurar la democracia es de los venezolanos, la Asamblea Nacional podría comprometerse ante la comunidad internacional a promover el debate parlamentario sobre las diez prioridades para un Plan de Políticas para la Reconstrucción Nacional, presentadas y sistematizadas por el Congreso Nacional impulsado por el Frente Amplio Venezuela Libre, en el marco de las ODS y la Agenda 2030[2].

Ante la ruptura prolongada del orden constitucional, reconocida internacionalmente, una iniciativa parlamentaria de esta naturaleza podría desarrollarse en cumplimiento coherente con los artículos 333 y 187 numeral 8, e inspirada en los valores constitucionales negados por el régimen de Nicolás Maduro.

La Asamblea Nacional tiene en sus manos todos los elementos para hacer de esas diez prioridades la fuente de los Lineamientos Generales para el Plan de Reconstrucción Nacional y convertirlas en un instrumento político de cohesión social y de contribución efectiva para la construcción de la llamada unidad superior. Además, hacer de esos lineamientos una hoja de presentación hacia la comunidad internacional que enmarque la lucha democrática venezolana en el compromiso con la Agenda Global 2030, y que contribuya con la responsabilidad parlamentaria de generar credibilidad y confianza entre los actores internacionales.

@carome31

El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales

[1]El Universal. Maduro presentará Plan de la Patria 2019-2025 ante la ANC a principios de diciembre.  26 de noviembre 2018.  Online en: http://www.eluniversal.com/politica/26801/maduro-fitven-2018-ha-sido-un-exito-total-para-la-economia-del-pais

[2] Frente Amplio Venezuela Libre.  Manifiesto Venezuela Libre.  4 de diciembre 2018.  Online en: http://www.frenteampliovenezuela.com/manifiesto-venezuela-libre/