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La Asamblea Nacional y la crisis eléctrica

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FOTO: AFP

Carlos Romero Mendoza.

21 de marzo de 2019

El 15 de enero 2017, la Asamblea Nacional, a través de su Comisión mixta para el estudio de la crisis eléctrica, presidida por el diputado Jorge Millán, presentó el diagnóstico sobre la realidad del Sistema Eléctrico Nacional. Al respecto señaló:

  1. Estancamiento en la producción de energía eléctrica.
  2. Violación de los límites técnicos de seguridad de las líneas de transmisión.
  3. Desincorporación masiva de las centrales turbo-vapor por falta de mantenimiento.
  4. Sobreexplotación de la central hidroeléctrica Simón Bolívar.
  5. Gastos excesivos en el sistema de generación, pero no así en el sistema de transmisión eléctrico.
  6. Colapso del sistema de distribución y comercialización.
  7. Caída de la facturación industrial y comercial
  8. Déficit de combustibles para el parque termoeléctrico
  9. Incumplimiento del plan de expansión previsto para el sector eléctrico

Rezago tarifario y reducción de 83% en ingresos reales de CORPOELEC por concepto de facturación.

El Informe de la Asamblea Nacional, cuestionó y advirtió de la inexistencia de una política energética integral en Venezuela y expresamente responsabilizó de la realidad que presentaba el Sistema Eléctrico Nacional, a los presidentes Hugo Chávez (1999-2013) y Nicolás Maduro (2013-2016), pues en ambos períodos “el servicio eléctrico se ha deteriorado a niveles nunca vistos por la sociedad venezolana”.

Así mismo, el informe responsabilizó, entre otros, a los ex ministros Rafael Ramírez, Alí Rodríguez, Jesse Chacón y Luis Motta Domínguez  por el incumplimiento de sus funciones como planificadores, fiscalizadores y reguladores del sector eléctrico, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente a partir del año 1999, pues ello ha “producido una crisis energética de gran impacto para la población venezolana que se ha traducido en un racionamiento eléctrico permanente”.[1]

Según la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE), el Estado se reservó las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, a través del operador y prestador del servicio, por razones de seguridad, defensa, estrategia y soberanía nacional; así como también se reservó el despacho del sistema eléctrico a través del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica.

En consecuencia, la Asamblea Nacional luego del diagnóstico realizado en el 2017, como era lógico, aprobó un voto de censura contra el ministro de Energía, Luis Motta, quien se negó a ser interpelado sobre su responsabilidad en la crisis eléctrica del año 2016[2].

Dos años después de aquel informe de la Asamblea Nacional, la crisis eléctrica –anunciada y alertada con antelación por distintos actores de la sociedad civil– arropó al país con un apagón nacional por varios días en marzo 2019.

Por supuesto, como era de esperarse, el régimen respondió acusando que el apagón era el resultado de un ataque por parte de la oposición venezolana y denunciando que fue causado por tecnología utilizada por el gobierno de USA.

Además, el régimen usurpador decidió crear un comando para la protección de los servicios básicos en Venezuela, principalmente agua y electricidad, integrado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También activó unos ejercicios militares “Ana Karina Rote” a los fines de proteger el sistema eléctrico del país[3].

Por otro lado, y en relación con la prestación del servicio de agua potable que se agravó luego del apagón nacional, el régimen anunció el plan “tanque azul”, a través del cual entregará a la población contenedores de agua vía Carnet de la Patria.

Curiosa iniciativa que reedita las acciones tomadas en el pasado por la Alcaldía Metropolitana, en ocasión de enfrentar la irregularidad en el cumplimiento del plan de racionamiento de la prestación del servicio de agua potable en algunos sectores de Caracas.  Por otro lado representa otro ejemplo más de la utilización del carnet de la patria como un instrumento de control y exclusión social.

La respuestas del régimen no sorprende y, menos aun, el anuncio de la reestructuración del gabinete usurpador cambia la realidad crítica que presentan los servicios públicos de la electricidad y el agua en Venezuela.

La crisis eléctrica y el racionamiento severo de la presentación del servicio de agua potable continúa sin esperanza de solución a corto plazo. Por parte del régimen usurpador su respuesta evidencia que no puede y/o no quiere resolverlo, condicionando así la mejora al cese de la usurpación.

Por lo pronto, la LOSSE, claramente identifica la responsabilidad del régimen usurpador de Nicolás Maduro sobre el adecuado funcionamiento del sistema eléctrico nacional y los antecedentes advierten de un régimen que en el pasado tuvo toda la información técnica y los recursos financieros para atender el sistema eléctrico nacional en función de evitar el inédito apagón nacional.

En tal sentido, no debemos olvidar que en el año 2013[4] el propio Maduro declaró, mediante un decreto, la emergencia del sistema eléctrico nacional y, en ese momento, declaró como zonas de seguridad todas las instalaciones eléctricas, las cuales fueron militarizadas con el fin de garantizar la protección contra peligros o amenazas internas y externas que pongan en riesgo el funcionamiento del servicio.

Mientras el régimen responde militarmente y con tanques azules a esta crisis, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad de los diputados de la Unidad Democrática, la solicitud del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, de declarar un estado nacional de emergencia como consecuencia de la interrupción generalizada de energía eléctrica en todo el territorio nacional.

Resultaría importante que desde la Asamblea Nacional se impulse la activación de la LOSSE, a los fines de promover que cada asamblea de ciudadanos o cabildo abierto que se realice demande a las autoridades municipales que, cumpliendo con las atribuciones que le otorga la LOSSE, AFP.172 incorporen a los ciudadanos en el monitoreo de la prestación del servicio eléctrico en el municipio, a los fines de levantar información sistemática y permanente sobre la crisis eléctrica y su impacto local.

Si los municipios cumplieran la función que la LOSSE les exige, entonces no sólo los ciudadanos podrían ser parte de un sistema de monitoreo que podría alimentar el informe de la Asamblea Nacional; sino que también permitiría a los alcaldes exigir ser parte activa en el diseño de las políticas que deben ser asumidas para restablecer el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Eléctrico.

La LOSSE reconoce la participación, la corresponsabilidad y la solidaridad como principios rectores del Sistema Eléctrico Nacional, que en estos momentos deben activarse a los fines de exigir la prestación de un servicio que cumpla con los otros principios reconocidos, a saber: transparencia, eficiencia, confiabilidad, equidad y sustentabilidad económica y financiera.

Activar desde la Asamblea Nacional a los ciudadanos para exigir que los municipios asuman un rol activo en la tarea de exigir el adecuado funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional es una acción política, cívica y pacífica de reivindicar el orden jurídico, democrático e institucional del país.

@carome31

El autor es abogado (Universidad Católica del Táchira) con especialización en Derecho Administrativo. Excoordinador en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado del área Políticas Institucionales. Presidente de la Fundación Estudios Municipales.

[1]AN. Comisión mixta para el estudio de la crisis eléctrica del país. Informe final. 15 de enero 2017.

[2]Cuentas Claras.  Ministro Motta Dominguez rehúye a la AN para explicar crisis eléctrica y recibe moción de censura. 22 de febrero 2017. Online en: https://www.cuentasclarasdigital.org/2017/02/ministro-motta-dominguez-rehuye-a-la-an-para-explicar-crisis-electrica-y-recibe-mocion-de-censura/

[3]El Pitazo.  Maduro anuncia creación de Comando para proteger los servicios básicos. 16 de marzo 2019. Online en: http://elpitazo.net/politica/maduro-anuncia-la-creacion-de-un-comando-para-proteger-los-servicios-basicos/

[4]La Nación.  Venezuela declara emergencia su sistema eléctrico para estabilizarlo. 23 de abril 2013. Online en: https://www.nacion.com/el-mundo/venezuela-declara-en-emergencia-su-sistema-electrico-para-estabilizarlo/M24KIVPDDFCFJPT5KUFWNUDBN4/story/

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