Eglé Iturbe de Blanco

La administración pública nacional en Venezuela (APN) se ha convertido en una caja negra que no permite al ciudadano organizar sus actividades, hacer un presupuesto de gastos e ingresos o programar su asistencia a cualquier evento familiar o social. La incertidumbre es la regla y la desinstitucionalización en todas las esferas de la vida pública no permite esperar una gestión eficaz del gobierno.

El 02 de septiembre de 2014, a un año y 4 meses de su investidura, Nicolás Maduro se dirigió a la nación para proponer lo que él mismo llamó “El Sacudón”.  Se trató, según sus propias palabras, de un plan que tenía como objetivo “refundar el Estado para la nueva etapa de la revolución y desmontar los restos del Estado burgués parasitario” Este proceso de desmontaje institucional ha provocado que los derechos establecidos en el Capítulo V de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Derechos sociales y de la familia) se hayan reducido progresivamente  y obligado a la sociedad civil organizada y los ciudadanos, por su cuenta y riesgo, a asumir algunas de estas tareas e ir llenando los espacios abandonados. Nos referimos a la seguridad, la economía, la salud, la alimentación, la educación y el trabajo digno.

No solo se han abandonados los derechos de los ciudadanos, sino que también se ha debilitado la administración pública, porque, aunque existen 34 despachos ministeriales, 6 vicepresidencias sectoriales y miles de órganos y empresas propiedad del Estado, no se nota su existencia. La misma ha dejado de generar políticas públicas efectivas. Desde hace dos años (2018 y 2019), formalmente, el país no tiene presupuesto y no se sabe de dónde salen los ingresos y cuáles son los gastos, de dónde provienen los sueldos y salarios de los empleados y obreros al servicio del Estado; ni cuántos realmente son; también se han reducido sus beneficios al aplanar las tablas salariales y eliminar algunos de los bonos que se les otorgaba, así como penalizar cualquier reclamo laboral. 

En estas condiciones el funcionario público no puede vivir dignamente, en consecuencia, la corrupción ha aumentado a todos los niveles, tanto, que en algunos casos podemos asumir que los servicios dentro de la Administración Pública Nacional (APN) se han privatizado dado que el ciudadano debe “pagar” por todas las gestiones gratuitas que se hacen dentro de estos despachos. 

Venezuela se ha incorporado a la lista de países con más alta criminalidad y el ciudadano ha asumido la seguridad personal, se ha autoimpuesto un toque de queda y ha aumentado sus gastos para protección de los sitios donde vive y donde guarda sus vehículos y además no confía en las fuerzas del orden público. Ante el aumento de la criminalidad ha tenido que privatizar el costo de la defensa de sus bienes y persona, costo que con la hiperinflación de los últimos años absorbe una parte importante de los ingresos de las familias. 

En materia económica no se conocen o se conocen con retardo, las cifras oficiales en torno al desempeño de las principales variables de la economía, las cuáles son responsabilidad del Banco Central de Venezuela (BCV) y de los demás entes públicos lo que ha obligado a personas y empresarios a pagar investigaciones para poder tener un marco de referencia en el cual situar sus actividades personales o empresariales. La disponibilidad de moneda se ha reducido de tal manera que ha obligado a las personas a tener tarjetas de crédito adicionales o aumentar los límites de las mismas, con el costo en intereses que eso implica. En la práctica la desaparición de la moneda ha llevado al uso irregular del dólar en lugar del bolívar por cada vez más personas y establecimientos, provocando una irregular dolarización parcial de la economía doméstica que circula fuera del sistema financiero formal. La política cambiaria ahora está cada vez más en manos de las personas que recibe ingresos en dólares, bien de sus familiares o de pagos y bonificaciones de las empresas privadas donde trabajan generando un mercado cambiario paralelo privatizado.

La garantía de la salud, prevista en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha desaparecido. No hay atención gratuita en los hospitales. Se le exige al enfermo que lleve todo lo necesario para ser atendido, porque el establecimiento no tiene insumos, los equipos no funcionan y los exámenes deben hacerse en sitios privados. En paralelo, la crisis humanitaria compleja que afronta el país hace que sea casi imposible conseguir medicamentos o los que se consiguen han alcanzado precios muy elevados que hacen difícil el acceso para las personas que no tengan con qué comprarlos. Se ha privatizado la salud, pero no se ha mejorado la atención. A lo anterior se une la reducción de profesionales de la salud disponibles en los centros públicos de atención debido a los bajos niveles de sueldo que no les permiten mantener dignamente a sus familias y han tenido que emigrar en busca de mejores condiciones de trabajo.

La situación de la educación es más crítica y confusa. El artículo 102 de la Carta Magna, señala “que es un derecho humano y un deber social fundamental, que debe ser democrática, gratuita y obligatoria”. No obstante, no hay suficiente cupo en las escuelas públicas y la calidad deja mucho que desear. La deserción de los maestros ha llegado a ser de tal magnitud, que para este año escolar están dictando clases jóvenes sin preparación académica miembros de un programa oficialista denominado “Chamba Juvenil”. Los maestros devengan un sueldo que no les permite vivir con dignidad como señala el artículo 91 de la Constitución. Los padres se ven agobiados por la desaparición o reducción sustancial de los programas sociales de alimentación escolar, lo que obliga a las madres a mandar los niños al colegio sin merienda o incluso sin desayunar o no enviarlos, aumentando la deserción escolar por no tener recursos para cubrir los gastos más elementales que son obligación del Estado. Aquellos padres que haciendo enormes sacrificios para que sus hijos tengan una educación adecuada y no ideologizada, se ven obligados a enviarlos a escuelas privadas, aún con los elevados costos de la misma. 

Los servicios básicos de agua, electricidad y transporte están siendo absorbidos por los ciudadanos. La irregularidad en el suministro de agua obliga a la compra de camiones cisternas de alto costo para los vecinos y los frecuentes apagones están creando un amplio mercado para las plantas eléctricas en casas y edificios. El transporte público, en especial el Metro de Caracas está presentando fallas con mucha frecuencia lo que obliga a buena parte de los usuarios a asumir el costo del transporte privado.

Progresivamente el ciudadano está asumiendo las obligaciones establecida en la Constitución Nacional sin orden ni concierto, lo cual no garantiza ni la equidad ni la eficiencia y se contradice abiertamente con los objetivos propios del gobierno para el pueblo.