Carta del Director

La inevitable escalada del conflicto político

Foto: Cortesía

  11 de noviembre de 2019 Benigno Alarcón Deza

Editorial

El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB (CEPyG-UCAB) considera que estamos en la antesala de una nueva escalada de conflicto, hoy revitalizada tras el ejemplo que Bolivia dió, tras un largo período de estancamiento favorable al régimen, y que se ha mantenido tras los eventos del 23 de enero, 23 de febrero, el  escalamiento fallido del 30 de abril y el intento de desescalamiento, vía mediación, iniciado por el Reino de Noruega. Esta nuevo intento de escalamiento, que busca sacar el conflicto del statu quo actual, se intenta conformar sobre dos pilares fundamentales, la protesta y la presión internacional que apuntan hacia la demanda de condiciones electorales y políticas para la convocatoria a una nueva elección presidencial, además de las parlamentarias, como nueva estrategia de lo que Guaidó ha denominado el cese de la usurpación. 

En el plano internacional

El Grupo de Contacto Internacional (GIC) auspiciado por la Unión Europea (UE) publicó un comunicado en el cual subraya su compromiso activo con la construcción de una coalición internacional en torno a una ruta electoral negociada, al tiempo que remarcó que la solución debe ser venezolana, soluciones que deberían surgir de un proceso de negociación serio, respaldado por la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Asimismo, el Grupo alertó sobre la preservación del “status quo” (por parte del gobierno) como una opción inaceptable, tiempo después que el proceso de negociación auspiciado por Oslo quedara suspendido. En el mismo comunicado, el GIC desmeritó la relevancia de caminos alternativos, como la “mesa de diálogo nacional”, compuesta por algunas fuerzas políticas y sociales minoritarias y el oficialismo, ante lo cual alega que no ofrece las soluciones sostenibles necesarias para Venezuela. 

Por su parte, el Grupo de Lima celebrará una reunión de Ministros y representantes de sus países miembros en Brasilia para analizar nuevamente la situación de Venezuela y el “estancamiento” de una crisis que ha producido una emigración sin precedentes en la región. Este encuentro sería el primero desde la elección como nuevo presidente de Argentina de Alberto Fernández, quien había declarado que una vez que asumiera su mandato, su país abandonaría este espacio regional, con la posibilidad de sumarse al Mecanismo de Montevideo, un instrumento alternativo de diálogo político, conformado por Uruguay, México, Bolivia y los países del Caribe. Hasta la fecha, el Grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú y se contempla la adhesión de Ecuador y El Salvador. 

El Grupo de Lima ya ha rechazado de antemano un adelanto de las elecciones legislativas, justificando que constituiría “un abierto desafío a la democracia y a la Carta Democrática Interamericana”. Según el Grupo regional, la Asamblea Nacional es la “única autoridad legítima y democráticamente electa” de Venezuela y una elección anticipada sería “una nueva muestra de la clara violación de todas las normas democráticas, así como del Estado de derecho y de la Constitución venezolana”.

Simultáneamente, este fin de semana tendrá lugar en Buenos Aires el segundo encuentro del Grupo de Puebla, cuyo lema será “El cambio es el progresismo”. “El propósito de la reunión en Buenos Aires es el de seguir construyendo, entre todos, una agenda progresista que nos identifique y reúna”, según expresó el ex presidente de Colombia y ex secretario de la Unión de Naciones Suramericanas Ernesto Samper. El primer encuentro tuvo lugar en julio de este año en Puebla-México y asistieron, entre otros actores políticos, el mexicano Cuauhtémoc Cárdenas, el brasileño Fernando Haddad, el colombiano Ernesto Samper, los chilenos Marco Enríquez-Ominami y José Miguel Insulza y el candidato presidencial uruguayo Daniel Martínez. Para esta reunión, participará como anfitrión Alberto Fernández, la ex presidenta brasileña Dilma Rousseff; el ex mandatario paraguayo Fernando Lugo; el expresidente colombiano Ernesto Samper; el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera; el ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y los uruguayos Daniel Martínez y José Pepe Mujica.

En medio de estas iniciativas, la temperatura de América Latina se eleva con dos olas de protestas que han escalado de manera sorpresiva e insospechada en Chile y Bolivia. La primera por una multiplicidad de factores coincidentes en el tiempo para conformar una especie de caldo sociopolítico nada fácil de analizar y comprender; mientras la segunda con causas mucho más claras, el intento de Evo por mantenerse en el poder en abierto desafío a la voluntad de su propio pueblo. 

Las protestas de Chile y Bolivia, muy distintas tanto en sus orígenes como en sus dinámicas, hacían predecible, de acuerdo a la teoría disponible sobre la protesta, mayores probabilidades de éxito para la movilización boliviana al aumentar rápidamente y mantener niveles de masificación importantes concentrados en uno o en muy pocos espacios geográficos, lo cual pasó por superar el desafío de mantener la disciplina de los protestantes evitando la violencia anárquica.  

En el caso de Chile, el éxito de los protestantes se ve menos claro por las dificultades que la anarquía y la violencia representan para mantener una protesta masiva en el tiempo. Independientemente de la legitimidad o no de las múltiples causas de la protesta, la legitimidad de los medios también importa, y la violencia desmedida contra personas y bienes públicos ha elevado las barreras físicas y psicológicas de la participación para aquellos que no tienen las condiciones físicas para confrontar violentamente o tienen miedo a sus consecuencias, pero también las barreras morales para aquellos que, aún considerando que tienen razones legítimas para  protestar, rechazan la anarquía y la violencia contra personas y bienes públicos que son propiedad de todos los ciudadanos. Estas prácticas dan lugar a la justificación de escaladas represivas que hacen la protesta insostenible en el tiempo, y reduce progresivamente los niveles de participación, mientras la institucionalidad chilena encuentra asideros firmes para evitar el colapso del Estado.

A todo evento, las consecuencias de la protesta política en Bolivia debe estar generando importantes preocupaciones y tensiones hacia lo interior del gobierno venezolano, considerando que un desenlace favorable a la restitución de los caminos democráticos en Bolivia puede ser altamente contagioso y convertirse en el combustible espiritual que necesita la protesta convocada por Guaidó para el 16 de noviembre, y su efecto puede incluso propagarse en varios países del continente, tal como sucedió con las revoluciones de colores de Europa del Este. 

En el plano nacional

La Asamblea Nacional (AN) nombró a los integrantes de la Comisión preliminar encargada de designar el Comité de Postulaciones Electorales, como respuesta a la amenaza del gobierno de hacerlo por acuerdo con algunos partidos minoritarios y sus aliados en la sociedad civil, para lo cual fueron designados los diputados de la Bancada del Cambio: Ángel Medina, Luis Aquiles Moreno, Stalin González, Piero Mouron, Olivia Lozano y Franklin Duarte. Por su parte, la fracción del PSUV propuso a  William Gil, Nosliu Rodríguez y Jesús Montilla. Según señala la misma AN, durante el debate, “el diputado Carlos Berritzbeitia advertía que la AN se mantiene en sesión permanente mientras se designan los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)” y que seguían “esperando un organismo electoral transparente para ir a elecciones legales”. El diputado de la Bancada de la Patria, Julio Chávez, leyó la posición oficial del Bloque de la Patria afirmando los acuerdos suscritos el 16 de septiembre entre la Revolución Bolivariana y la oposición en la Mesa de Diálogo Nacional, en los cuales han acordado la “renovación del Poder Electoral y las garantías amplias para la contienda electoral parlamentaria en 2020. Solo desde el respeto a los preceptos constitucionales la AN podrá ir a la renovación del Poder Electoral” y señaló que “solicitarán a la Asamblea Nacional Constituyente  que active los mecanismos conducentes a tal renovación” y que esta “conforme una comisión de enlace con la AN para que vigile el proceso de selección del Poder Electoral”. Finalmente, el segundo vicepresidente de la AN, Stalin González, explicó que se trata de la elección de un comité preliminar, que le está dando forma a los acuerdos que la bancada oficialista abandonó, dejando entrever la ilegalidad de la ANC.

Mientras tanto, Juan Guaidó convoca a una movilización ciudadana para el 16 de noviembre, recordando que la lucha por la libertad de Venezuela “depende de cada venezolano, y no de un tercero”. Lo que implica un importante giro de la estrategia, hasta ahora centrada en actores externos, hacia el empoderamiento ciudadanos, mucho más acertado según nos lo demuestra la experiencia internacional, y tal como lo hemos venido advirtiendo desde principios de este año. Guaidó coloca el énfasis en las estrategias de lucha no violenta y reitera que la protesta sí es útil, para lo cual hay que unificar las luchas y protestas políticas y sociales. 

Esta convocatoria se encuentra, afortunadamente para Guaidó y la oposición convocante, con las movilizaciones masivas de Bolivia a favor de la democracia y en contra de Evo Morales, uno de los pupilos incondicionales de Chávez. El desenlace de las protestas de Bolivia con la renuncia de Evo Morales y la nueva convocatoria a elecciones dan un nuevo impulso a las protestas convocadas en Venezuela para el 16 de noviembre, ante la evidencia de que las movilizaciones masivas si funcionan. 

Es así como podríamos estar en la antesala de una nueva escalada del conflicto venezolano desde su fase actual de estancamiento que tendría como centro de gravedad la protesta convocada desde el liderazgo político en torno a la demanda por elecciones libres y democráticas, tanto para la presidencia de la República como para el nuevo parlamento. 

Para la oposición, hoy liderada por Juan Guaidó, retomar la estrategia electoral representa un importante desafío tras el posicionamiento de lo que se ha denominado el mantra de Guaidó (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) que ha implicado cuestionamientos a Guaidó desde la misma oposición ante lo que podría ser un ajuste de la estrategia, algo por lo demás plausible si entendemos su naturaleza dinámica, y que no tenemos duda son potenciados en las redes sociales mediante el uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta el régimen.  

Tal como la evidencia nos demuestra una y otra vez, incluso en los casos más recientes como el de Bolivia, es importante considerar que los escenarios electorales, estratégicamente acompañados de la movilización, están entre las principales herramientas con las que cuenta la oposición democrática para escalar el conflicto y cambiar el statu quo.

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Este informe es producido por la Mesa de Análisis Coyuntural del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello para su distribución exclusiva y confidencial entre una lista cerrada de recipiendarios. Su redistribución queda prohibida, así como las referencias no autorizadas por escrito sobre sus datos o contenido. La transgresión de esta condición por alguno de sus destinatarios será informada al resto de los receptores y acarreará su exclusión de la lista de contactos.


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