Editorial

El gobierno de Maduro tiende a desescalar el conflicto a su favor

Benigno Alarcón Deza 2 de diciembre de 2019

El conflicto político en Venezuela sigue transitando por una fase de estancamiento. El gobierno de Maduro tiende a desescalar el conflicto a su favor, al apostar por la celebración de elecciones parlamentarias bajo condiciones suficientes para que éstas no sean eventualmente cuestionadas por la comunidad internacional, y por inducir una abstención que le produzcan resultados electorales favorables de tal manera de conformar un gobierno de cohabitación con los partidos con que negocia en el diálogo de la Casa Amarilla.

En el ámbito internacional

Si la negociación implica la cooperación entre las partes para construir un acuerdo superior a lo que pueden conseguir por si solas, el éxito de una negociación depende fundamentalmente de lo que las partes tienen o pueden tener sin la cooperación del otro. Es por ello que, pese a la buena calidad metodológica de la mediación facilitada por el Reino de Noruega, la misma terminó sin avances en la resolución del conflicto político venezolano porque, como hemos dicho en muchas ocasiones anteriores, la probabilidad de un acuerdo tiene que ver más con los que pasa fuera de la mesa que con lo que sucede en ella, y un statu quo en el que se mantiene el poder será siempre más favorable que negociar una salida, al menos mientras quienes lo detentan tengan la expectativa de poder mantenerlo por los votos o por la fuerza.

El cierre de la mediación noruega viene acompañado de la reactivación del Grupo Internacional de Contacto (GIC) promovido por la Unión Europea, desde donde se continúa exigiendo la celebración de una elección presidencial como único camino para normalizar la situación del país. A ello se suma la reactivación del Grupo de Lima, en donde se da la batalla por evitar la desincorporación de Argentina, que a su vez podría ser invitado a formar parte del GIC.

No obstante, la estrategia de países europeos, aunque pareciera mantenerse firme en relación con el desconocimiento de la elección presidencial de mayo de 2018 y la exigencia de nuevas elecciones presidenciales como único camino para normalizar la situación del país, podría, en el corto plazo y ante la ausencia de expectativas  de cambio político en lo inmediato, privilegiar la provisión de ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos (DDHH). Existe mayor incertidumbre es en el caso de los Estados Unidos, en donde, como bien es sabido, hay importancias divergencias en torno a la política sobre Venezuela, hoy agravadas por su propia situación política interna.

En relación al desarrollo de la crisis económica y social en Venezuela, el esquema de sanciones generales  y sectoriales, lejos de tener un impacto positivo en la resolución de lo político, parecieran no estar logrando el impacto esperado y, en sentido opuesto, están siendo aprovechadas por el régimen para usar a la población como una especie de escudo humano, en el que en la medida que el aislamiento se generaliza se impacta a sectores más amplios de la población, e incluso a la ejecución misma de los planes de ayuda humanitaria. En tal sentido vale la pena preguntarse si existen mecanismos que permitan a la comunidad internacional administrar un programa de tal magnitud prescindido o minimizando de manera significativa la intermediación del aparato estatal y su lógica clientelar.

Los expertos en materia de crisis humanitaria recomiendan altamente que cualquier provisión de ayuda debería ser administrada por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) para evitar que sea condicionada políticamente, como de hecho, ya ha venido ocurriendo. La entrada de un tercero con experiencia y capacidad para el manejo de estos temas, como es el caso de la ONU, facilitaría la mayor eficiencia del proceso, al tiempo que optimizaría el uso de los recursos mediante metodologías probadas y transparentes que han estado ausentes en el actual manejo de la ayuda humanitaria.

En el ámbito interno

En relación al juego político local, mientras algunos actores, como los que participan en la Mesa de Diálogo Nacional, explican la situación como un dilema del prisionero en donde la cooperación es posible si se reconstruye la confianza entre gobierno y oposición, lo que parte del supuesto de que ambos actores tienen más que ganar mediante un acuerdo, la realidad es que tal cooperación tropieza con un límite esencial para el gobierno, y es todo lo que implique una transición política. Ante tal límite algunos miembros de la Mesa Nacional de Diálogo comienzan a plantear la conveniencia de convertir lo que consideran el juego suma-cero de la transición en un juego suma-variable de cohabitación que podría tomar la forma de un gobierno en donde participan actores de “oposición”.

La realidad es que la naturaleza del juego político en la actualidad no es un dilema de prisionero, sino uno asimétrico en el cual el régimen no tiene ningún incentivo para la cooperación real, y la cooperación unilateral de la oposición participando, por ejemplo, en posiciones de gobierno, implicaría su inmediata deslegitimación como actor político alternativo.  

Consciente de ello, el régimen apuesta a evadir la elección presidencial mediante la celebración de elecciones parlamentarias bajo condiciones electorales suficientes para que éstas no sean eventualmente cuestionadas por la comunidad internacional, al tiempo de incidir sobre las condiciones políticas capaces de inducir una abstención suficiente del lado de los electores de oposición, a fin de producir resultados electorales favorables que le devuelvan el control de la Asamblea Nacional, genere una nueva oposición política oficial con muy baja legitimidad, mediante la participación electoral de sus interlocutores en la Mesa Nacional de Diálogo y posteriormente en la elección parlamentaria, lo que apunta a excluir a la oposición política mayoritaria de los espacios institucionales de representación oficial.

Por su parte, la oposición luce desgastada frente a la opción que quedaría en su tablero, la de escalar el conflicto por movilización, a raíz del incumplimiento de la oferta política de 2019 (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres), los cuestionamientos a la gestión del gobierno interino y su indefinición con respecto a su participación en las elecciones legislativas.

Hoy luce lejana, al menos desde la información que manejamos en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB, la posibilidad de una transición a la democracia en Venezuela. Por el contrario, ante la falta de acuerdos entre gobierno y oposición, el avance del proceso de autocratización y la posible exclusión de la oposición de los espacios institucionales de representación a partir de la próxima elección parlamentaria, algunas organizaciones internacionales con experiencia en conflictos, al igual que nosotros, comienzan a temer el que se estén conformando las condiciones para escenarios que implicarían, por una parte, mayores niveles de emigración, y por la otra, una escalada del conflicto interno, incluso con niveles de violencia no vistos hasta ahora.