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Juan Manuel Trak

Sí algo nos ha recordado el 2020 es la preminencia del orden político. La pandemia del COVID-19 ha demostrado que el sistema político sigue siendo el rector del resto de los subsistemas sociales. Según la perspectiva sistémica, el sistema político tiene como función asignar poder y recursos desde una posición de autoridad, entre los que se incluyen la regulación del comportamiento, educación, salud, seguridad, entre otros.

La pandemia de COVID-19, ha supuesto que el Estado, como institución central del sistema político, haya impuesto restricciones a la economía, a la movilidad humana y al sistema educativo; al tiempo que aumenta la dotación de recursos y capacidades al sector salud. Con independencia del tipo de régimen político que rige la forma como se toman las decisiones dentro de un sistema, lo cierto es que para bien o para mal, estamos en manos de las decisiones que toman quienes dirigen los sistemas políticos.

En este orden de ideas, el sistema político toma las demandas sociales de atención a un problema social y las transforma en un problema político, cuya resolución supone tomar decisiones que afectan a miles de personas y que generan conflictos entre diversos actores con intereses contrapuestos. En los sistemas democráticos, estas decisiones están orientadas, por un lado, a mejorar la situación de los sectores sociales afectados por el problema mediante la distribución transparente de recursos,  y por otro, da poder a ciertos grupos e instituciones para que contribuyan a mejorar la situación. De la efectividad de esas decisiones dependerá en buena medida la continuidad de un gobierno.

En sistemas autoritarios, como el venezolano, las decisiones no se toman en función de satisfacer las demandas de las mayorías. Dado que la continuidad del gobierno depende poco o nada de las elecciones, lo más importante es mantener satisfechas las necesidades de los grupos de poder que sostienen al gobierno. De esta suerte, no existen políticas públicas en un sentido estricto, sino redes clientelares, mafias y sistemas de cooptación institucional. Si bien puede haber acciones de gobierno, lo cierto es que no están orientadas a mejorar la calidad de vida de la gente, sino a evitar situaciones de inestabilidad.

Sin embargo, no todos los Estados son capaces de responder eficazmente a estas situaciones. Incluso los sistemas democráticos pueden fallar en la gestión de sus servicios públicos o la implementación de la política pública. La diferencia entre ambos sistemas es que, en los sistemas democráticos los ciudadanos pueden castigar a sus gobiernos mediante el voto; mientras que en los sistemas autoritarios, el gobierno castiga a sus ciudadanos por exigir transparencia y eficacia.

En cualquier caso, lo que ha desnudado la crisis del COVID-19, es que los Estados mantienen su protagonismo como agentes creadores de valor público. Un sistema de salud funcional garantiza la normalidad de la economía, la educación, la cultura y la vida social en general. Aquel mito anarco-capitalista de la desaparición del Estado ha quedado enterrado, sin Estado la sociedad se destruye a sí misma, parafraseando a Hobbes: el hombre se convierte en lobo para el hombre.