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¿Quién llenará el vacío institucional a partir de enero?

Carta del Director

Venezuela se aproxima, progresivamente, a lo que pareciera ser el escenario inevitable de un país sin instituciones reconocidas por la mayoría del mundo democrático, sin Presidente ni Parlamento legítimamente electos. Algunos países del mundo democrático están dispuestos a llenar tal vacío institucional reconociendo la continuidad de la Asamblea Nacional, el gobierno interino o la figura de un gobierno de emergencia nacional, cuya legitimación la oposición procura a través de una consulta popular. Mientras tanto, el régimen adelanta una Ley Antibloqueo desde la Asamblea Nacional Constituyente y busca sus propios aliados en su propósito de dominar el Legislativo para continuar en el ejercicio absoluto del poder

Benigno Alarcón

La misión de la Unión Europea que llegó al país, encabezada por el Secretario General Adjunto del Servicio Exterior de España, Enrique Mora, y por el Director General en funciones para las Américas, Javier Niño, se retiró hace una semana sin lograr que el gobierno pospusiera las elecciones parlamentarias pautadas para el 6 de diciembre.

Maduro está frente a una elección que da por ganada, justo por las condiciones impuestas, mientras las exigencias de los europeos implican el replanteamiento del proceso, bajo condiciones muy distintas, o sea otra elección que el régimen difícilmente podría dominar.

Si bien es cierto que para Maduro la legitimidad de la elección parlamentaria es importante, mantener el poder lo es mucho más, razón por la cual cualquier negociación para plantear condiciones que permitan su reconocimiento, tienen un límite claramente establecido en aquellas condiciones que pueden significar la diferencia entre ganar y perder. Es ahí hasta donde no se está dispuesto a llegar, y por ello, hasta ahora el 6 de diciembre como fecha programada para la elección luce como inamovible, pese a la intermediación de Borrell y las exigencias de Capriles para conservar su partido en la elección.

A todo evento, aun cuando le demos una probabilidad baja a la postergación de la elección, comienzan a aparecer algunas complicaciones que podrían forzar su aplazamiento. Es así como hacia el interior del Consejo Nacional Electoral pareciera haber un retraso importante en las dinámicas propias de un evento electoral, entre otras dificultades como el ausentismo laboral, el trabajo a distancia por la cuarentena, y aparentemente una asignación de recursos que no van más allá de lo necesario para cumplir con los compromisos laborales ordinarios.

Si la logística de la elección, hasta ahora rodeada de mucha opacidad, fallara, se impondría la postergación de la fecha, posiblemente alegando razones como la pandemia, pero tal diferimiento sería por el tiempo mínimo requerido para finalizar las tareas pendientes, y difícilmente reconsideraría las condiciones del proceso en los términos planteados por el Grupo Internacional de Contacto, y la Misión enviada por Borrell, o las exigidas por Capriles para mantener su participación en el proceso, aún a costa de la legitimidad frente a actores internacionales de la talla de los Estados Unidos y la Unión Europea.

Ante este panorama, opuesto a lo que Henrique Capriles esperaba como desenlace de las presiones propias y europeas, el pasado miércoles 30, la fórmula encabezada por él y el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, anunció su retiro de las elecciones parlamentarias. Y aunque tal anuncio se percibe como medida de presión para lograr mejores condiciones electorales, no cabe esperar rectificación alguna por las razones antes explicadas.

Las cartas de la oposición

 Venezuela se aproxima, progresivamente, a lo que pareciera ser el escenario inevitable de un país sin instituciones reconocidas por la mayoría del mundo democrático, sin Presidente ni Parlamento legítimamente electos. Aunque algunos países pueden estar dispuestos a llenar el vacío institucional reconociendo la continuidad de la Asamblea Nacional, el gobierno interino o la figura de un gobierno de emergencia nacional, cuya legitimación a través de una consulta popular, así como la factibilidad de ese evento, ocupan hoy el centro del debate entre los principales partidos de oposición.

A las dificultades que enfrenta la consulta, comentadas ya en editoriales anteriores, se suman las debilidades propias, cada vez más evidentes de la coalición opositora en lo estratégico, lo operativo y en la capacidad para comunicar.

La falta de la necesaria cohesión en la alianza opositora, así como la ausencia de una estrategia consensuada, explican, en buena medida, no solo el intento fallido de Capriles de imponer su propia estrategia electoral, sino las diferencias que se han hecho expresas de parte de Primero Justicia durante las últimas semanas, a pesar de que es uno de los partidos con más funcionarios en el gobierno interino. Ello habría tenido que ver con la postergación del anuncio del pasado domingo 27 de septiembre sobre la constitución del comando de campaña para la consulta, así como con la decisión apresurada de la Asamblea, el jueves 1 de octubre, para aprobar el acuerdo de promover una consulta popular para realizar elecciones presidenciales y parlamentaria libres, justas y verificables, y rechazar el evento del 6D. En ese sentido, no es descartable, incluso, que las preguntas anunciadas en este acuerdo tengan que ser revisadas:

PRIMERA PREGUNTA: ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables, y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?

Asimismo, se ha venido negociando la designación de las personas que integrarían el comité organizativo o rector de la consulta, entre quienes se considera a la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, Horacio Medina, Carolina Jaimes Branger y Fátima Fernández, una experta venezolana en comunicación política residenciada actualmente en Guatemala, junto a un par de representantes estudiantiles aún por determinar.

Las preguntas contenidas en este acuerdo gozan de la ventaja de haber permitido un consenso inicial para avanzar en la publicación de la decisión, pero, en la opinión de algunos expertos consultados, parecieran carecer del atractivo para apelar al imaginario y generar una narrativa que impulse la movilización masiva de una mayoría del país que ha apostado a la materialización de un cambio político.

La debilidad de las preguntas planteadas está en su semejanza con las de la consulta de julio de 2017, lo cual genera una memoria negativa que se constituye en una barrera a la participación que debería evitarse a toda costa. A ello se suman las dudas sobre la factibilidad de organizar una consulta cuya participación y solidez supere las debilidades de la elección que se cuestiona, sobre todo si no se dan muestras convincentes de que la oposición está en condiciones y disposición de fortalecer su coalición, recomponer su relación con la sociedad civil y comprometerla en este proceso, así como superar sus debilidades en lo estratégico, operativo y comunicacional para hacer honor a las respuestas que los electores darían a estas u otras preguntas.

La Asamblea Nacional y la Ley Antibloqueo

Mientras tanto, como una clara señal de la importancia que el régimen da a las elecciones parlamentarias, el gobierno envía a ocho de sus principales ministros a ocupar las candidaturas por la lista nacional para la Asamblea Nacional. Entre estos candidatos destacan figuras como Diosdado Cabello, Cilia Flores y Jorge Rodríguez, entre otros dirigentes.

La recuperación del control del Legislativo por el partido de gobierno, independientemente de su reconocimiento por una parte significativa de las democracias del mundo, le sirve para ampliar su base de sustentación política. Pero además se orienta a fabricar un piso legislativo para una serie de iniciativas y reformas económicas destinadas a atraer y proteger la inversión, principalmente desde países aliados al régimen, y moderar el efecto de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos.

Con este mismo propósito, Maduro presenta la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos ante la Asamblea Nacional Constituyente, y pide darle urgencia reglamentaria a su aprobación.

La ley enuncia como su objeto el de “establecer un marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de éstos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos.”

El proyecto de Ley se refiere a las sanciones como “medidas coercitivas unilaterales” (MCU), asumiendo el concepto de Naciones Unidas (ONU) que las define como “medidas económicas, comerciales u otras adoptadas por un Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales que actúan de manera unilateral para obligar a un cambio de política de otro Estado, o para presionar a individuos, grupos o entidades de los Estados seleccionados para influir en su curso de acción”.

Como elementos a destacar de este régimen transitorio se autoriza al Ejecutivo Nacional para proceder a la organización y reorganización de los entes descentralizados con fines empresariales, dentro y fuera del país. Asimismo, faculta al Ejecutivo Nacional para modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior. Adicionalmente se le autoriza a implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional.

Cuando dichas medidas impliquen la gestión u operación de activos que se encuentren bajo administración del Estado venezolano, como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos.

Entre las medidas de estímulo y protección a la inversión, la República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad.

Asimismo, se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto, destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano en el marco de la protección del Estado contra las medidas coercitivas unilaterales.

Este marco legislativo, que ahora se implementa a través de la ANC y luego se complementará seguramente con otros instrumentos legales que emanarían de una Asamblea Nacional bajo control del gobierno, evidencian el interés del régimen de darle un piso económico a su propósito político de mantenerse en el poder, aún en medio de la falta de legitimidad que se creará a partir de enero con el vacío institucional y que se avizora como uno de los grandes debates del 2021.

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