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Administración pública y manejo de la pandemia

Extraída de Le Point

Eglé Iturbe de Blanco              

Desde el mes de marzo, Venezuela empezó a sentir, tímidamente al principio, y en forma exponencial en el transcurso de las semanas, el incremento de los casos de personas contagiadas con el COVID-19 y fallecidas por esa causa, y aun expertos e investigadores pronostican que no han empezado a ceder los contagios, sino que por el contrario su número seguirá ascendiendo al menos hasta finales de año, y quizás hasta el primer trimestre de 2021. El 26 de marzo se anunciaron 70 casos y el primer fallecido, y desde el 17 de marzo se había decretado cuarentena total en el país, la suspensión de los vuelos internacionales y el cierre de las fronteras desde unos días antes. Para el 28 de septiembre (cifra oficial) se habían producido 72.122 casos y 682 fallecidos.

              Desde el inicio, el régimen centralizó al más alto nivel del gobierno el control y manejo de la pandemia. Nombró una Comisión presidida por la vicepresidenta de la República, Delcy Eloína Rodríguez, para focalizar el manejo del tema, en la cual participan varios ministros del gabinete, entre ellos el de Defensa, Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Información y Comunicación, y Salud. La vicepresidenta ejecutiva, hoy también encargada del Ministerio de Economía y Finanzas, es la responsable, junto a su hermano el ministro de Información y Comunicación Jorge Rodríguez, y a veces el propio Nicolás Maduro, de informar todos los días el número de casos, pruebas efectuadas y fallecidos; tarea que dentro de la estructura normal de la administración pública debería ser responsabilidad del ministro de Salud, Carlos Alvarado, cuya actuación ha sido muy discreta a pesar de que el mes pasado se firmó un acuerdo entre su despacho y el equipo asesor de la Asamblea Nacional, dirigido por el Dr. Julio Castro e integrado por 12 especialistas del gremio médico y de enfermería y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El acuerdo se suscribió con el fin de coordinar las labores para atender la emergencia sanitaria y facilitar la entrada de insumos y materiales de protección necesarios para el personal de salud.

              La pandemia ha tomado a Venezuela en situación comprometida de los servicios públicos fundamentales: agua, electricidad, gas, combustible, y carente de artículos necesarios para la protección del personal de salud y de equipos y medicinas para los pacientes hospitalizados. A ello se le suma la ínfima capacidad para la atención de casos de gravedad por las pocas camas en terapia intensiva, pese a que se designaron 46 hospitales centinelas, con fallas significativas en sus servicios básicos. Los profesionales que en ellos laboran están desprovistos de los implementos de protección adecuados, lo que ha provocado la muerte de 156 trabajadores de la salud , entre ellos 91 médicos, según señaló el presidente de la Federación Médica de Venezuela, Brígido Natera.

              Las condiciones en que se encuentran los servicios públicos básicos en el país se pueden seguir por la encuesta diaria que realiza la Asamblea Nacional, la Encuentra Crisis Venezuela, que reportó para la última semana de septiembre los siguientes datos:

 AGUA: Un 25,5% de la población informó haber estado 7 días sin el vital líquido y 68,2% dijo haber tenido un suministro irregular con agua de mala calidad. Buena parte de las personas han tenido que dedicar sus escasos recursos en la ciudad de Caracas para la adquisición de camiones cisternas que cobran su servicio en dólares. Los hospitales sufren de igual desabastecimiento por estar conectados a las mismas redes locales; además, el 86,7 % de las personas que trabajan en los centros de salud no tienen jabón ni desinfectantes.

 El problema de agua de Caracas, según expertos como el ingeniero José De Viana expresidente de Hidrocapital, se debe al abandono del mantenimiento de los sistemas existentes, los cuales están trabajando al 50% de capacidad. Si el mantenimiento se hiciera de forma regular y programada se reducirían sustancialmente las roturas de tuberías y los desperfectos en las plantas de tratamiento, y la ciudad gozaría de servicio permanente y de buena calidad.

GAS DOMÉSTICO: 58,9% reporta no estar recibiendo este servicio y en algunas zonas las personas han empezado a usar materiales vegetales para cocinar.

ELECTRICIDAD: 98,4% de las personas que han contestado la encuesta la última semana de septiembre indicaron fallas en el suministro y 8,9% han reportado estar 7 días seguidos sin electricidad. Las fallas en el servicio eléctrico también han afectado el servicio del Metro con lo cual se ha agudizado el problema del transporte en la ciudad.

TRANSPORTE PÚBLICO: Las cuarentenas totales y las fallas en el suministro de combustible han afectado el transporte público superficial. 34% han reportado encontrarse sin transporte público y 62,4 % con fallas e intermitencias , lo que difuculta el traslado de personas para acudir a sus labores habituales o a dotarse de medicinas y alimentos.

 SUMINISTRO DE GASOLINA Y GASOIL :72,9% de los encuestados manifestaron problemas para abastecerse de gasolina y que pasaron días y horas en las colas para poder acceder al suministro. Esto ha generado el contrabando por particulares y personal de custodia, que cobra el litro de combustible en dólares y lo surte, muchas veces, a domicilio, ante la vista gorda o complicidad de las autoridades pertinentes.

 Esta situación afecta el transporte interurbano y el traslado de alimentos a las ciudades principales, generando un relativo desabastecimiento y el incremento de los precios de los productos, en los que inciden las coimas que los transportistas deben pagar para que su mercancía llegue al mercado. Da tristeza ver cómo algunos productores que se han negado a pagar prefieren botar en la carretera la comida que traen, hay videos que así lo testifican, especialmente en productos como hortalizas y quesos.

El segundo efecto de la escasez de combustible que se empieza a ver en el interior del país, son las protestas que se unen en las últimas semanas a otras manifestaciones por fallas de todos los servicios públicos; todas se generan de forma espontánea por ciudadanos comunes que ya no resisten esta situación. Las protestas se están dando en ciudades medianas y pequeñas de al menos nueve estados del país y tienden a aumentar mientras no se ofrezcan soluciones. Las últimas alocuciones del Presidente de la República, se han centrado en amenazas a las pobladores que han osado protestar. Da la impresión que los responsables en su gobierno de alertarlo sobre los hechos que se presentan y buscar salidas a los problemas, negaran la existencia de los mismos, tal vez porque no son capaces de resolverlos y los minimizan.

 El país está en crisis compleja y en todos los sectores, con la pérdida del 70% del PIB en las últimos seis años, con la destrucción de la industria petrolera que se ha reducido en 80%, con una hiperinflación de las más grandes del mundo, la pérdida de la moneda nacional, los salarios y pensiones reducidos a menos de un dólar al mes , la banca sin capacidad de otorgar créditos para estimular la producción y el consumo , con un sector privado tratando de sobrevivir. Además, el régimen de apropia de las reservas de oro y otros minerales del arco minero para sostener la ficción de un abastecimiento regular a través de las cajas de comida subsidiadas, CLAP, que llegan a las personas de escasos recursos en forma irregular y que solo incluyen en la mayoría de los casos productos importados de poco valor calórico y nutricional, casi todo procedente de China, Irán ,Rusia y Turquía.

              Se culpa a la pandemia y a las sanciones impuestas por los Estados Unidos de la falta de alimentos y medicinas, y se olvida que las verdaderas causas responden al desmantelamiento de las actividades productivas existentes antes de 1999, la destrucción de la industria petrolera nacional, la inversión en proyectos inconclusos con la carga de elevados costos involucrados para la obtención de beneficios personales, la falta de selección de equipos de gobierno capaces de generar políticas públicas adecuadas a las necesidades de desarrollo del país y el deficiente manejo de la pandemia que está incrementando el deterioro de los servicios públicos y empeorando el nivel de vida de los ciudadanos.

              No perdamos las esperanzas como país con innumerables recursos naturales y humanos de la posibilidad de una pronta y franca recuperación de la estructura productiva y la vitalidad de una nueva y eficiente administración pública, que valore el conocimiento y la experiencia frente a la lealtad política y la pertenencia al grupo corporativo que hoy cogobierna el país.

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