Opinión y análisis

ONG venezolanas envían carta abierta a la relatora especial de la ONU

Tomada de El Siglo

Más de 60 Organizaciones No Gubernamentales venezolanas suscribieron una carta enviada a la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y Derechos Humanos, la bielorrusa Alena Douhan, quien llegó al país el pasado sábado en una visita oficial para examinar el impacto de las sanciones de Estados Unidos en las garantías fundamentales.

En su visita, de 12 días, Douhan se reunirá con altos funcionarios del Gobierno, del Consejo Nacional de Derechos Humanos, de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial, representantes de organizaciones internacionales, el cuerpo diplomático, la sociedad civil, sectores de la oposición, abogados, académicos, activistas, víctimas y sus familiares.

Al finalizar su estadía en Venezuela, hará públicas sus observaciones preliminares en una conferencia de prensa, el 12 de febrero y, en el mes de septiembre, presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

A continuación la carta:

Caracas, 29 de enero de 2021

Señora Alena Douhan
Relatora Especial de la ONU sobre repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos

Estimada señora:

Mediante esta comunicación le damos la bienvenida a Venezuela, deseándole el mayor de los éxitos en sus gestiones. Nosotros y nosotras, un grupo de defensores y defensoras de derechos humanos del país, queremos expresarle los siguientes puntos de interés e inquietudes con ocasión de su visita al país.

Desde agosto de 2017 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, había solicitado al Estado venezolano, permitir el acceso al país a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y a los mecanismos regionales de derechos humanos. En este sentido, su visita es un paso positivo pero, por sí sólo, insuficiente ante la emergencia humanitaria compleja y la grave situación de derechos humanos del país.

Es importante destacar que la mayoría de los 44 mecanismos temáticos del Consejo de Derechos Humanos, compuestos por relatores, expertos independientes y grupos de trabajo, pueden asesorar e investigar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Pese a ello, desde que el gobierno de facto se comprometió con la Señora Michelle Bachelet, durante su visita de junio de 2019, a invitar por lo menos 10 mecanismos en el término de dos años, solamente se ha concretado su actual visita. Ese compromiso fue refrendado por el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 42/L4, en septiembre de 2019, proponiendo que por los menos se invitara a los siguientes mecanismos temáticos: Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ninguno de ellos ha visitado el país, ni existen informaciones de que hayan sido formalmente invitados por el gobierno de facto.

Pese a las dificultades planteadas por la COVID 19, es claro que el gobierno de facto ha entorpecido la visita de otros mecanismos, centrándose únicamente en su presencia en el país. Es un hecho notorio que ese gobierno instrumentaliza las sanciones sectoriales impuestas por los Estados Unidos de América, para ocultar su responsabilidad en la crisis humanitaria compleja, causada por años de corrupción a gran escala, que han significado crímenes contra el patrimonio de la nación que hoy se encuentran impunes. Reconocemos el impacto negativo de las sanciones sectoriales sobre el pueblo venezolano y apoyamos la solicitud hecha tanto por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la Sra. Bachelet, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que se suspendan o alivien esas sanciones con el fin de disponer de todos los recursos posibles en la respuesta al COVID 19 y atender otras necesidades de la población.

Por otro lado, además de obstaculizar la visita de otros mecanismos temáticos, el gobierno de facto ha incumplido su deber de cooperar con los relatores y grupos de trabajo que le han enviado comunicaciones para solicitar información oficial sobre casos de violaciones a los derechos humanos. En efecto, desde 2011 ese gobierno ha recibido 84 comunicaciones de los mandatos temáticos y solamente ha respondido a 39, lo que significa que más de la mitad han quedado sin respuesta. Entre febrero de 2019 y noviembre de 2020 fueron recibidas por la Cancillería un total de 16 comunicaciones y solamente han sido respondidas dos, lo que muestra la creciente falta de cooperación de ese gobierno con los mecanismos temáticos de las Naciones Unidas.

También debemos destacar que el gobierno de facto criminaliza la colaboración de las organizaciones e individuos con los mecanismos de Naciones Unidas obstaculizando así la labor de informar y mantener un respetuoso diálogo con las diversas instancias.

En este sentido, y acorde con su mandato previsto en la Resolución del Consejo de Derechos Humanos, 27/21 sobre Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales, esperamos que incluya dentro de la información pertinente toda aquella relacionada con las consecuencias de la corrupción estructural y su impunidad sobre la emergencia humanitaria compleja. En este sentido, instamos a la Sra. Douhan a realizar las siguientes acciones:

  1. Estudiar la evolución de la corrupción durante las últimas dos décadas y su impacto en la vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, así como los niveles del gasto público destinado al fortalecimiento del aparato represivo del Estado.
  2. Tomar en cuenta la situación preexistente a la imposición de las sanciones, y que llevó al colapso del sistema de salud venezolano y a la situación de inseguridad alimentaria que hoy padece el pueblo venezolano.
  3. Constatar la falta de transparencia en la gestión pública y la negación del derecho al acceso a la información que impide la contraloría social sobre el gasto público y sobre las políticas públicas implementadas por el Estado.
  4. Reunirse los medios de comunicación social independientes, los centros de investigación y las organizaciones de la sociedad civil, para constatar su situación y, en particular, la política de persecución en su contra, por investigar e informar sobre las responsabilidades de los agentes del Estado por delitos relacionados con la gestión del gasto público.

Dando gracias por su atención a la presente, nos despedimos cordialmente:

1) Acceso a la Justicia
2) Acción por la Libertad
3) Amigos de Sotillo AC,
4) Anco AC Monagas,
5) Asociación Civil Mujeres en Línea
6) Asociación Venezolana para la Hemofilia
7) Caleidoscopio Humano
8) Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
9) Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF)
10) Cepaz
11) Ciudadanía con Compromiso AC,
12) Civilis Derechos Humanos
13) Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
14) Comisión Nacional de DDHH Federación de Colegios de Abogados de Venezuela Táchira
15) Comisión Nacional de DDHH Federación de Colegios de Abogados de Venezuela-Mérida
16) Comité de DDHH de la Carucieña (Barquisimeto)
17) Comunidad en Movimiento AC,
18) Comunidad Organizada de Sabana Larga
19) Comunidad Organizada Palo Gordo
20) Creemos Alianza Ciudadana – Táchira
21) Defensa en Acción
22) Defiende Venezuela
23) EXCUBITUS Derechos Humanos en Educación
24) EDEPA A.C.
25) Equipo de defensa de Derechos Humanos del estado Táchira (EDHET).
26) Espacio Público
27) Fedecámaras Monagas,
28) Federación Médica Venezolana Monagas,
29) FUNCAMAMA, Fundación de Lucha Contra el Cáncer de mama.
30) Fundación Aguaclara
31) Fundación de Egresados UNET

32) Fundación Diáspora Venezolana (Fundiasve)
33) Fundación La Gran Victoria,
34) Fundación Lucelia
35) Fundación para el Debido Proceso Fundepro
36) Fundación para el Desarrollo Integral FUNDESI
37) Fundación Pro-Defensa del Derecho a la Educación y la Niñez ( Funda-pden )
38) Fundaval
39) GobiérnaTec
40) Hearts On Venezuela
41) Instituto Mead de Venezuela AC,
42) La Choza del Espíritu Santo AC,
43) Labo Ciudadano
44) Laboratorio de Paz
45) Monitor Social AC
46) Movimiento Ciudadano Dale letra
47) Movimiento Vinotinto
48) Observatorio Global de Comunicación y Democracia
49) Observatorio Penal Mérida OPEM-DDHH
50) Operación libertad internacional
51) Organización Humanitaria Las Vírgenes
52) Organización Humanitaria Zona 10 AC,
53) Organización StopVIH
54) Prepara Familia
55) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
56) PROMEDEHUM
57) Proyecta Ciudadanía
58) Proyecto 860
59) Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui. REDHANZ.
60) SenosAyuda A.C.
61) Sociedad Hominis Iura (SOHI)
62) Transparencia Venezuela
63) Una Ventana a la Libertad
64) Unión Afirmativa
65) Unión Vecinal para la Participación Ciudadana AC
66) Vicaría de DDHH de la Arquidiócesis de Barquisimeto

Publicada en http://espaciopublico.ong/

Categorías:Opinión y análisis

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