Editorial

Tras la designación del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral, se ha iniciado una polémica entre quienes consideran que la nueva composición del organismo, con mayor participación de la oposición, es un cambio positivo que abre la posibilidad de ir avanzando hacia una transición electoral, por un lado, mientras que otros advierten que ello no es suficiente para apostar a una transición negociada y más bien podría tratarse de una jugada táctica, inmersa en una estrategia mucho más compleja, que busca su estabilización mediante una negociación que logre el levantamiento de las sanciones, al tiempo que se busca profundizar las divisiones en la oposición a partir de la dinámica electoral.

17 de Mayo de 2021 |   Benigno Alarcón Deza

Luego de un comienzo de año marcado por la entrada de la segunda ola de la pandemia con la llegada de la variante brasileña, al aparecer mucho más agresiva que la anterior, la crisis económica, y la carencia de iniciativas por parte de los sectores opositores, el país vuelve a entrar en una dinámica política empujada por otro proceso electoral, esta vez para la escogencia de las nuevas autoridades regionales y municipales. 

Algunos sectores celebran el nombramiento de los nuevos rectores en el CNE, resultado de la negociación entre el gobierno, los líderes de los partidos minoritarios que participarán en la Mesa Nacional de Diálogo, grupo mejor conocido como La Mesita, y  Henrique Capriles, como un triunfo, como un paso adelante en el tránsito hacia la posibilidad de un cambio de gobierno por la vía electoral en un futuro cercano, considerando que habría más posibilidades de lograr ciertas garantías en los procesos por venir. Sin embargo, analistas más escépticos alertan sobre la posibilidad de que ésta sea una nueva jugada táctica, que forma parte de una estrategia más amplia del gobierno, con la que se busca ganar tiempo y convencer a la comunidad internacional sobre una supuesta intención de aceptar condiciones más justas y equilibradas, con la finalidad de lograr el levantamiento o, al menos, la moderación de las sanciones.

En adición a estos anuncios, recientemente el gobierno ha dado algunos pasos en función de tratar de convencer a propios y extraños sobre una posible apertura. Uno de ellos fue la aprobación del ingreso del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, que beneficiará a unos 185.000 niños de los niveles de educación preescolar y especial a finales de este año, gracias a la persistencia de Cáritas y Susana Raffalli, que venían luchando por ello desde hace más de un año. Asimismo,  otorgó el beneficio de casa por cárcel a dos de los seis directivos norteamericanos de Citgo, presos desde 2017.

La agenda electoral

Si bien es cierto que el régimen no pierde control del organismo electoral con la inclusión de dos rectores para la oposición, y que persisten serios cuestionamientos sobre la legitimidad de origen del nuevo CNE -por haber sido elegido por una Asamblea Nacional ilegítima- así como sobre el procedimiento de postulación y designación de rectores, que en nada se apegó al procedimiento legal, además de la parcialización y falta de equilibrio entre las fuerzas representadas en el directorio y en cada uno de los organismos subalternos, también es verdad, como algunos aseguran, que lo importante es el desempeño que tendrá este nuevo directorio, gracias a la inclusión, aunque sea minoritaria, de rectores que no vienen de las filas del gobierno y conocen lo electoral.

A todo evento, es importante destacar que el nuevo CNE no es autonómo, y por lo tanto no es una instancia en la que se decide el futuro político del país, sino que es el organismo a través del cual se implementan los acuerdos alcanzados por los actores políticos, o las decisiones tomadas por quien tiene el control mayoritario de esta instancia cuando no se alcanzan tales acuerdos. Asimismo, es importante recordar que no solo las condiciones mínimas para la elección resultan importantes, sino también las garantías post-electorales, para evitar casos como el que ocurrió con la Asamblea Nacional de 2015, cuando la oposición ganó las dos terceras partes, pero el régimen, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desconoció tanto el resultado como sus consecuencias.

Entre las medidas necesarias para recuperar la confianza en el voto, se reconoce la necesidad de depurar el Registro Electoral, tomando en cuenta la altísima migración de venezolanos; las auditorías totales del sistema; reglas claras de competitividad; la aprobación de la observación electoral (no veeduría ni acompañamiento); un marco normativo que no cambie en la medida que nos acercamos a la fecha de la elección; la definición de un cronograma claro del proceso; poner fin a las inhabilitaciones; y la devolución de los símbolos y sus tarjetas a partidos como Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y COPEI.

Pero varias de estas medidas lucen imposibles de implementar antes de una elección convocada para el 21 de noviembre, y otras no están en manos del CNE. Tal como es el caso de la restitución de las tarjetas y símbolos de los partidos, lo cual debe hacerse a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que fue desde donde se decidió intervenirlos judicialmente y cambiar a sus autoridades. Igual ocurre con las inhabilitaciones, que deben ser revocadas por la Contraloría General de la República. Mientras que la invitación a las misiones de observación internacional se genera desde el Ejecutivo Nacional, normalmente con una anticipación que supera los seis meses que quedan hasta la próxima elección.

Una nueva oposición

Apostar al escenario de la buena fe del gobierno y a sus intenciones de rectificación implicaría bajar la guardia y olvidar las lecciones del pasado reciente, con el riesgo de terminar desfalcados en este proceso, como ha ocurrido en otras muchas oportunidades (la mediación de El Vaticano, la negociación en República Dominicana, o la más reciente, facilitada por Noruega).

Además de la clara intención del régimen de lograr abrirse un canal para la negociación de las sanciones y mejorar su flujo de caja, de lo que depende, en buena medida, la lealtad de redes clientelares de soporte, existe otro objetivo en donde coinciden tanto gobierno como algunos otros actores políticos: pasar la página de Guaidó y el G4, y  sustituir a esa oposición por otra.

El año pasado el régimen apostó a esa posibilidad a través de los liderazgos representados en la Mesa Nacional de Diálogo, lo cual, dados los resultados del 6 de diciembre, no funcionó y, por el contrario, quienes participaron no son vistos hoy como opositores.

La apuesta del régimen hoy es que la negociación con Capriles, candidato por la oposición en dos elecciones presidenciales, aumentaría la participación de la oposición en el proceso y le daría una mayor legitimidad, al tiempo que profundizaría las divisiones en la oposición entre quienes le seguirían y quienes se mantendrían fieles a Guaidó, o con quienes simplemente decidan no votar. La realidad es que esta jugada, de llegarse a concretar, sería una jugada ganadora solo para el gobierno, que difícilmente se traduciría en un triunfo para ningún liderazgo de oposición, cuya división empeoraría la ya precaria situación de todos, con el riesgo de que quienes se separen de la Unidad corran la suerte de los partidos de La Mesita, que hoy no son vistos como oposición sino como aliados del régimen.

Al flexibilizar algunas condiciones para el próximo proceso electoral, sin dar tiempo para que la oposición pueda reaccionar y organizarse, el gobierno podría buscar que se genere una cantidad inédita de candidaturas para gobernadores, alcaldes y cuerpos legislativos, y así dispersar el voto, como lo logró en la pasada elección parlamentaria, lo que le permitiría, aún sin ser  mayoría, utilizar la elección a los fines de su autocratización y estabilización, alejándonos aún más de la posibilidad de una transición democrática.

En conclusión…

Si bien es cierto que la designación de un nuevo CNE con dos rectores de la oposición puede ser vista como un paso positivo en el camino para avanzar hacia mejores condiciones electorales, ello no garantiza tal resultado, considerando su falta de autonomía y la continuidad en el control del régimen sobre el organismo. Todavía hace falta materializar tal avance en resultados concretos para rescatar la confianza de la ciudadanía en el voto, como mecanismo para lograr un cambio político en el país. 

Las concesiones realizadas por el régimen en el Consejo Nacional Electoral no son graciosas, y mucho menos lucen como una rectificación de lo que ha sido su posición histórica. Esas concesiones negociadas con “La Mesita” y Henrique Capriles, forman parte de una estrategia electoral que, al igual que en la pasada elección parlamentaria, busca profundizar las diferencias entre una oposición minoritaria que quiere y se le permite participar,  y otra, mayoritaria, a la que se le desestimula y hasta se le impide participar, a los fines de lograr su desaparición y sustitución definitiva.

A tal objetivo, se suma este año, con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, el usar tal concesión como punta de lanza de una estrategia que se combina con una narrativa que busca responsabilizar a la oposición y sus aliados internacionales de todos los problemas del país, a fin de abrir un canal de comunicación que permita negociar las sanciones, lo que demuestra que éstas sí han tenido un impacto sobre el régimen. El dilema para los gobiernos que aplican estas sanciones es cómo administrarlas para lograr un cambio de actitud en el régimen venezolano, evitando la perniciosa transferencia de sus costos a la población. Evidentemente, renunciar a las sanciones como herramienta de presión, se traduciría en el inevitable fortalecimiento del régimen a partir de la disposición de mayores recursos para afianzar su base de sustentación, que responde a una lógica esencialmente clientelar.

Finalmente, a la oposición le toca definir cuál será su estrategia ante los comicios ya convocados para el 21 de noviembre. Y también le corresponde coordinar con la comunidad internacional la estrategia para que la movilización interna se combine con las sanciones para hacer más efectiva la presión sobre el régimen, bajo la premisa de que el gobierno está cediendo en algunos aspectos, no porque se sienta amenazado, sino porque necesita legitimarse de alguna manera hacia dentro y hacia afuera,  y para que se levanten las sanciones que le impiden acceder a recursos,  cuya ausencia comienza a sofocarle.