
Héctor Antolínez
Pese a que las elecciones del 21-N tendrán la presencia de organismos como la Unión Europea y el Centro Carter, el grueso de la labor de denuncias sobre irregularidades en la campaña y los comicios sigue cayendo en las organizaciones partidistas
Los próximos comicios regionales y municipales son sin lugar a dudas unos de los que más observación nacional e internacional tendrán en toda la historia contemporánea de Venezuela. Sin embargo, que esa se vaya a producir no significa que serán los organismos los que asuman el grueso del monitoreo durante la campaña electoral y el propio día de la elección, ese trabajo sigue siendo de los partidos políticos.
Isabel Santos, eurodiputada y actual jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) dejó esto muy claro el pasado 28 de octubre cuando encabezó el despliegue inicial de los funcionarios europeos en el territorio venezolano. “Nuestro trabajo es observar”, dijo en aquel momento.
Durante el despliegue de los primeros 44 funcionarios europeos que estarán en 22 estados del país, Santos respondió a las preguntas de los medios, específicamente a cuál iba a ser su rol en Venezuela durante una campaña electoral que tanta expectativa ha generado.
“Nuestra labor es observar. Para que quede claro, esta misión está basada en nuestro modelo y manual de la UE. Los observadores no intervienen ni intervendrán en el acto electoral de ninguna forma. Observarán, registrarán y darán sus observaciones para el informe final que será presentado”, dijo Santos.
Tales declaraciones reiteraron lo que muchos ya sabían: que los observadores internacionales no intervendrán de ninguna forma en el proceso electoral, pero además, dio luces sobre algo que otros temían: el alcance real de la misión.
Con la campaña ya en pleno desarrollo, la UE señaló que “espera” tener al menos 100 observadores en el campo para el día de la elección. Sin embargo, ya esa cifra alerta sobre una realidad algo problemática: la misión tiene serias limitantes para su trabajo de campo en Venezuela.
La limitante más manifiesta es que no estarán presentes en los 23 estados el país, el estado Amazonas, no contará con la presencia de observadores en los días de campaña y los actos previos a los comicios.
De acuerdo con la explicación dada por Isabel Santos, ello se debe a motivos de logística, ya que se determinó que no se cuenta con los mecanismos para recorrer este estado, ni con los servicios sanitarios necesarios para velar por la integridad de los miembros de la misión. Solo el día de la elección se trasladarán dos personas en nombre de la misión electoral para hacer seguimiento a la votación.
Adicionalmente, el 28 de noviembre solo se desplegarán dos observadores por cada uno de los 22 estados restantes, mientras que 11 observadores permanecerán en Caracas para la recolección de informes y el monitoreo a los medios de comunicación.
Aún si sumamos, a los 55 que ya están en Venezuela, los otros 34 observadores que van a llegar al país en las próximas semanas, 12 eurodiputados que estarán en Caracas para las elecciones, y un “pequeño grupo de diplomáticos”, la misión electoral es de aproximadamente 100 personas en Venezuela. Una cifra que sería perfecta si se hablara de solo 23 gobernaciones en disputa, pero el 21 de noviembre habrán 3.000 cargos en juego, con más de 70.000 candidatos aspirando a ellos.
Esta realidad no cambia en el caso del Centro de Expertos Electorales de Latinoamérica que históricamente ha realizado una labor muy discreta en el país y que algunos acusan de parcializados hacia el gobierno de Nicolás Maduro, tampoco lo hace si tomamos en cuenta que el Centro Carter y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo tendrán 6 y 3 expertos en el país, respectivamente.
El importante rol de los partidos políticos
Dado que la propia Isabel Santos calificó como “imposible” que se pueda hacer un seguimiento a todas las campañas, e inclusive hablar con todos los candidatos, los partidos políticos tienen entonces un rol muy importante que cumplir: el de recopilar denuncias y reportes, para entregarlos a los observadores.
José Gregorio “Goyo” Cáribas, uno de los dirigentes de más peso en la ciudad de Caracas por la Mesa de la Unidad Democrática, durante las semanas anteriores al inicio de la campaña resaltó la necesidad de que los partidos tuvieran personas en cada uno de los centros de votación para el 21-N, es decir, que los partidos tuvieran testigos en cada mesa electoral.
Sin embargo, fue el propio Cáribas el que destacó que los años anteriores de crisis económica y social en el país habían hecho mella en las estructuras partidistas, por lo que existía el riesgo de que no se pudiese concretar el despliegue necesario.
“En Caracas aún no tenemos a todos los testigos electorales, pero tenemos un gran porcentaje, estamos hablando de unas 5.000 personas que necesitamos, creo que pese a todo sí vamos a tener el 100% de los centros cubiertos”, dijo.
Cáribas sabe que la presencia de los testigos es fundamental, pues ante la poca cantidad de observadores y la imposibilidad física de estar presentes en todas las mesas de votación, los testigos opositores pueden jugar un rol fundamental a la hora de detectar alguna irregularidad que reportar.
“Ya tuvimos un primer contacto con los observadores, esta semana esperamos poder concretar la primera reunión con ellos”, señaló.
En esa reunión, Cáribas dijo que van a denunciar “un montón de abusos” por parte de candidatos del Gran Polo Patriótico, abusos que dijo, espera se vean reflejados en el informe final de la Misión de Observación de la Unión Europea.
“Las denuncias que vamos a presentar son la utilización de los recursos del Estado para la movilización de las personas y el uso excesivo de los medios del Estado. Esperamos mantener una línea de comunicación abierta con ellos durante todo el proceso”, comentó.
Es precisamente esta línea de comunicación y el propio despliegue de los partidos políticos lo que determinará el rango de cobertura que puedan tener los observadores electorales, pues con las reuniones que van a sostener hasta el 21-N, dependerán en gran medida las narrativas de terceros, que desde los partidos y organizaciones de la sociedad civil, se les pueda hacer llegar para la elaboración del informe definitivo que van a presentar al finalizar el proceso electoral.
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