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El quiebre de la Venezuela democrática, de CAP I a Caldera II. La no justicia penal en 1978

Tomada de Veraz Informa

Andrés Cañizález

@infocracia

1978 fue un año simbólico. Se cumplían 20 años de vida del modelo democrático de conciliación de élites que había surgido tras el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Era, asimismo, un año electoral. Resultó electo como presidente el copeyano Luis Herrera Campins, con lo cual el país viviría un nuevo ejemplo de alternancia del poder, un símbolo del sistema en aquel momento.

Los años de bonanza, de expansión del gasto público y de amplio control de las instituciones de las que gozó el presidente Carlos Andrés Pérez en su primer mandato (1974-79), estaban llegando a su fin. Aunque Venezuela había vivido una transformación profunda, sin duda alguna, en algunos sectores no se registró cambio alguno.

Ni Pérez ni su equipo, en aquellos dorados 1970, se propusieron afrontar un tema que ya entonces resultaba álgido y que había sido postergado también por el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-74). Hablamos de la justicia penal en Venezuela.

Aquella Venezuela moderna y cosmopolita seguiría teniendo, al cerrar el primer gobierno de Pérez, unas reglas arcaicas para la justicia penal y un sistema carcelario que ya estaba incubando la violencia que se desataría con furia años después.

La socióloga Tosca Hernández, quien formaba parte en 1978 del Instituto de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la Universidad Central de Venezuela, resaltaba la falta de voluntad política en la materia. El Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal, vigentes, eran los mismos que en su momento había hecho aprobar Juan Vicente Gómez. Ambos instrumentos eran de 1926.

Cifras oficiales de la Dirección de Prisiones, y comentadas en la revista SIC, develaban ya una situación que debía ser encarada con urgencia por la clase política. El 68,7 por ciento de la población penal total estaba formado por venezolanos “procesados en espera de sentencia”. Se registraba un hacinamiento en las cárceles del 36,3 por ciento y un déficit del personal de custodia del 40 por ciento.

Para la publicación del Centro Gumilla ya no era posible hacerse de la vista gorda y “dejar las cosas como están”. Las cosas no sólo no estaban bien, sino que el festín de los petrodólares estaba llegando a su fin y el nuevo gobierno debía priorizar el tema del sistema de justicia, ante un escenario de mayor crecimiento de la pobreza, la desigualdad y la descomposición social.

El tema de la importancia de la justicia penal no era fortuito. En plena campaña electoral de 1978 había sido asesinado, literalmente cocido a tiros, en una calle de Caracas, el abogado penalista Ramón Carmona Vásquez.  Se consideró el primer caso de sicariato en Venezuela, además teniendo como trasfondo una trama de corrupción.

El caso Carmona pasó a ser tristemente célebre. Si bien hubo condena y se establecieron responsabilidad de los agentes del Grupo de Apoyo Táctico Operativo (GATO) de la Policía Técnica Judicial (PTJ, hoy CICPC) en el asesinato del abogado, no llegó a establecerse quién ordenó este hecho. El director de entonces de la PTJ, Manuel Molina Gásperi, fue separado de su cargo y años después falleció en un tampoco claro accidente de aviación.

En relación con el asesinato de Carmona, el Centro Gumilla editorializaba en 1978: “el hilo de las averiguaciones conduce por cualquiera de sus derivaciones hacia conductas mafiosas de no pocos abogados, jueces y policías judiciales en alianza y competencia criminal con mafiosos internacionales y nacionales”.

En tanto, Javier Elechiguerra, quien era profesor de la UCV y al inicio del chavismo sería fiscal general de Venezuela, denunciaba la naturalización de ciertas prácticas que estaban reñidas con los principios de justicia y derechos fundamentales de la constitución vigente. Por ejemplo, la detención de venezolanos por parte de cuerpos policiales “para investigaciones” y su incomunicación por hasta una semana; la violación “constante y reiterada” de los lapsos establecidos para procesos judiciales; junto a la aplicación de la justicia militar a civiles no uniformados.

Pese a los aires de modernidad que se respiraban en el país, no hubo intención de modernizar ni las cárceles, ni de modernizar la concepción del propio sistema penitenciario en Venezuela.

Elio Gómez Grillo, quien ya entonces era un reconocido experto en la materia, comentaba con desazón cómo en diversos países se estaban dando debates sobre qué hacer con los presos y sobre todo qué hacer para sancionar los delitos, mientras que en Venezuela la era de bonanza soslayó tanto la inversión en infraestructura carcelaria moderna, como un nuevo enfoque de políticas públicas.

Cuando la violencia se desbordó en las grandes ciudades, tras el Caracazo de 1989, estando Pérez de nuevo en la presidencia, para su segundo gobierno (1989-1993), tal vez debían buscarse las claves de aquello en la falta de atención de la clase política en los temas de la no justicia, que ya retumbaban en 1978. Allí pueden encontrarse otras señales para el camino de la erosión democrática que vivirá Venezuela posteriormente.

Fuentes:

Centro Gumilla (1978) “La justicia penal: otro reto para el nuevo gobierno”.  En: SIC. Vol. 41. N° 410. pp. 445. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Elechiguerra, Javier (1978) “Justicia penal y realidad diaria”.  En: SIC. Vol. 41. N° 410. pp. 455-457. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Gómez Grillo, Elio (1978) “El problema de la prisión”.  En: SIC. Vol. 41. N° 410. pp. 452-454. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

Hernández, Tosca (1978) “La ley de vagos y maleantes y el sistema jurídico venezolano”.  En: SIC. Vol. 41. N° 410. pp. 460-462. Caracas: Fundación Centro Gumilla.

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