Benigno Alarcón Deza

Este 4 de febrero se cumplieron 30 años del golpe de Estado que, aunque fracasado, sirvió para catapultar a Hugo Chávez y su “por ahora”, y colocar otro obstáculo al intento de modernización política y económica más importante que se había emprendido en el país desde los años 70. Y aunque nunca voté por Pérez, porque en su primera elección no tenía la edad y en la segunda no creía en él por lo que conocía de su primer mandato, poco tiempo después de su elección comencé a comprender que las decisiones que se estaban tomando eran las correctas para insertar al país en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Por ello, en 1992, cuando Flor Isava, nuestra “Dama Olímpica”, y para entonces comisionada presidencial para el deporte, y el Presidente del Instituto Nacional de Deportes (IND), Luis Cedeño, me invitaron a participar como Director Legal del IND para emprender el proceso de descentralización deportiva, acepté gustosamente mi primera responsabilidad en la administración pública y, a partir de allí me enamoré de la gerencia pública y de la Política (con “P” mayúscula), porque comprendí desde aquel modesto cargo, al ver el avance de nuestros jóvenes atletas, la recuperación de una instalación deportiva o la re-inauguración de un estadio abandonado,  todo el bien que podíamos hacer como servidores públicos cuando se tomaban y ejecutaban las decisiones correctas. 

Treinta años después, el país de hoy posiblemente se parezca más al de hace 80 o 100 años que al que recibió Chávez en 1999. Y es que aún dejando de lado el hecho innegable de que Venezuela pasó de ser un país que se proyectaba hacia el futuro con fuerza y optimismo, que atraía a migrantes, como mi padre, que encontraron aquí las oportunidades que no tuvieron en su propia tierra, a ser, por primera vez, un país de emigrantes que huyen de la inseguridad, el atraso, la pobreza y la desesperanza. 

Este mal llamado “Día de la Dignidad Nacional” en el que extrañamente se pretende celebrar el hecho de que un grupo de militares violase los sagrados juramentos por los que se les confiaban las armas de la República para terminar usándolas contra ella, marcó el preámbulo que, como suele suceder en los libros, la mayoría opta por no leer, y por ello termina por no comprender el resto de la historia. 

Hoy, la gran contradicción es que muchos de los que pretendieron revocar por las armas a un gobierno democráticamente elegido, fueron devorados por su propia “revolución”, y los que quedan se aferran al poder por las armas para no ser revocados democráticamente. Para muestra, el pasado miércoles 26 de enero el Consejo Nacional Electoral desconoció el derecho de los ciudadanos a revocar, consagrado en los  artículos 70 y 72 de la Constitución vigente. Ante este nuevo intento fallido, ¿hay alguna lección que aprender?  

Para abordar esta pregunta, pareciera necesario comenzar recordando lo que dice la Constitución vigente sobre el referendo revocatorio.

“Artículo 70.  Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para  el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.”

“Artículo 72.  Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad  del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores  o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley. La revocación del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la ley. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato.”

Algunos de los argumentos esgrimidos por los enemigos de la activación de un referéndum revocatorio se referían a las malas experiencias de 2004 y 2016, en otros casos a las dificultades legales, reglamentarias, o incluso numéricas que habría que superar para lograr su activación, y algunos otros a la inconveniencia de la existencia de esa norma en la Constitución.

La realidad es que, estemos de acuerdo o no, la revocatoria del mandato es un derecho político establecido en la Constitución vigente, como lo es el derecho a elegir, y su desconocimiento por la vía de los hechos, haciendo imposible su ejercicio, solo confirma lo que en muchas ocasiones hemos dicho: En Venezuela no existe Estado de derecho, ni separación de poderes. El Consejo Nacional Electoral continúa siendo un órgano parcializado y subordinado a los intereses del Ejecutivo que no garantiza el derecho de revocar y por lo tanto tampoco el derecho a elegir. Las dificultades legales, reglamentarias u operativas, que se derivan de la inexistencia de una ley que regule la materia nadie las niega ni desconoce, pero tal vacío legal, que es responsabilidad de cada Parlamento que ha sido elegido desde el año 2000 hasta el presente, no puede esgrimirse como excusa para desconocer la vigencia de un derecho que, por ser de carácter constitucional, está por encima de cualquier otra ley o reglamento vigente o futuro. 

Siendo así, ¿qué lecciones podemos sacar de esta experiencia que sean aplicables de cara al futuro?

Primera lección: Si no hay garantías electorales para revocar, tampoco las hay para elegir. El derecho a revocar, contemplado en los artículos 70 y 72 de la Constitución vigente, fue desconocido al imponer condiciones que hacían imposible su ejercicio, como la apertura del 1% de los centros para impedir que el 20% de los inscritos en el registro electoral pudiesen manifestar su voluntad en cada una de las entidades territoriales del país, y la reducción de un proceso que tomaría unos 200 días, según el reglamento vigente, para adelantarlo y darlo por concluido 11 días después de aceptada su solicitud. De la misma forma hemos visto como procesos electorales como las elecciones municipales de 2012 se postergaron al 2013, las regionales y municipales de 2016 se suspendieron para ser realizadas en 2017, o como la elección presidencial de 2018 se adelantó 7 meses para tener lugar en mayo de ese año. A esto se suman las recientes declaraciones de Maduro en las que argumenta que las sanciones internacionales justificarían el haber suspendido las pasadas elecciones y pone en entredicho la posibilidad de las presidenciales en 2024. 

Segunda lección: La Integridad Electoral comienza por la integridad, imparcialidad e independencia de los rectores. Las condiciones electorales no son una abstracción, sino que dependen en buena medida de la voluntad de quienes tienen el poder para decidirlas y controlarlas. Con la llegada de Chávez al poder en 1999 y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ese mismo año, se inició el proceso de desmontaje del andamiaje institucional que sostenía la democracia del país para concentrar todo el poder en las manos de un solo hombre, Hugo Chávez Frías. Progresivamente, la institucionalidad democrática caracterizada por la separación de poderes, según Chávez un modelo burgués, ha ido desapareciendo, para dar paso a un modelo iliberal de concentración del poder, y por lo tanto autoritario.

Es así como, pese a haber nuevos rectores en el Consejo Nacional Electoral, hemos visto como las condiciones electorales varían según las probabilidades que tiene el gobierno de ganar una elección. Si las probabilidades para el gobierno son altas, como fue el caso de las parlamentarias de 2020 o las regionales y municipales de 2021, las condiciones mejoran para buscar una mayor legitimidad y una reducción de los cuestionamientos al proceso, pero, si al contrario, las probabilidades del gobierno de salir airoso son bajas, desaparecen proporcionalmente las condiciones, tal como vimos en la convocatoria del pasado 26 de enero. Y es que la integridad electoral se garantiza, no negociando un rector más, sino con la independencia del poder electoral, y ello depende, fundamentalmente, de la independencia de quienes controlan la institución. 

Tercera lección: Una cosa es perder Barinas y otra, muy distinta, perder el país. Aunque no debe desconocérsele a Barinas sus méritos por haber derrotado al oficialismo en su propia cuna, es y será siempre ingenuo proyectar lo que será una nueva batalla por el poder nacional con el resultado de una elección en la que un gobernador o un alcalde opositor resulta elegido. En las autocracias electorales es común que quienes detentan el poder nacional sacrifiquen cuotas locales y regionales en procesos que sirven para medir y hacer ajustes a su propia maquinaria electoral y garantizar la gobernabilidad de algunos territorios, lo que al mismo tiempo sirve para mantener a la oposición dividida y concentrada en espacios políticos subnacionales sin la capacidad para construir una plataforma nacional que pueda amenazarle, y mucho menos si quienes resultan elegidos terminan cooptados por el gobierno nacional por su dependencia de recursos del nivel nacional.

Cuarta lección: Si no está dispuesto a llegar hasta el final, por favor no trate de liderar nada. Liderar algo tan complicado como un cambio de régimen implica riesgos, pero también cabeza fría para considerar los escenarios y planificar la estrategia y las respuestas para cada escenario posible, así como una importante dosis de audacia para su ejecución. Tener una visión de lo que se quiere lograr no es suficiente, porque una visión sin un plan es solo un sueño. Y el país está ya muy cansado de visionarios que no logran concretar lo que prometen. El liderazgo es, ante todo, un ejercicio de responsabilidad, porque ser líder supone tener seguidores que creen y apuestan su suerte al éxito del líder. Churchill, a diferencia de Chamberlain, no prometió a los suyos salidas fáciles, prometió sangre, sudor y lágrimas, y a partir del sacrificio y la lucha de muchos se construyó la victoria. Un líder democrático verdadero, a partir de lo que ya conocemos, no puede prometer nada en lo que no esté dispuesto a comprometerse él mismo. No puede llamar a marchas en las que no está dispuesto a ponerse al frente y avanzar, no puede llamar a consultas cuyo mandato no se está dispuesto a ejecutar, no puede llamar a elecciones que no esté dispuesto a pelear. En otras palabras, no puede movilizar a todo un país para dejarlo colgado, una vez más, de sus esperanzas, porque ello solo agrava la desesperanza aprendida que ha hecho emigrar a millones y ha venido desmovilizando progresivamente a todo el país. 

Quinta lección: Solo el poder pone límites al poder. Quien no tiene poder siempre será sometido a los designios de quien lo tiene. La democracia es un sistema que nace para poner límites al poder y proteger al ciudadano de quienes gobiernan, y es por ello que, en democracia, al contrario de lo que sucede bajo un régimen autoritario, el poder del Estado, pero también en la sociedad, se distribuye entre varios actores. En un Estado democrático el poder está claramente distribuido entre instituciones que se limitan y controlan unas a otras, pero así mismo se ejerce a través de actores sociales que lo ejercen a través de organizaciones sociales para defender causas específicas, de los medios y la libertad de expresión, del control de la economía, entre otros.

El poder de una oposición democrática mayoritaria radica, principalmente, en el apoyo de las mayorías y en su capacidad de traducir ese apoyo, esa energía potencial en movilización, en una dinámica que visibilice y haga explícito el conflicto para generar un nuevo balance de poder que obligue al gobierno a reconsiderar su posición, y hasta a negociar seriamente. Mientras la gran mayoría democrática del país no sea capaz de convertir su anhelo compartido por lograr la transformación política, social y económica del país en un movimiento que pueda convertir una visión compartida en estrategia y acción, el balance de poder continuará siendo favorable a quienes detentan hoy el poder. Esperanza no es esperar a que otros lo hagan.

Sexta lección: Si algo puede salir mal, saldrá mal. Nada se deja al azar. La respuesta del nuevo Consejo Nacional Electoral a los solicitantes del referendo revocatorio, sorprendiéndolos primero al exonerarlos maliciosamente de la recolección del 1% de firmas para legitimar a los solicitantes, lo que fácilmente se habría logrado, para luego convocar de manera inmediata y sin previo aviso a la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad bajo condiciones de imposible ejecución, es la evidencia inequívoca de que continuamos teniendo una autoridad electoral parcializada y al servicio del poder. 

El control electoral ha sido y seguirá siendo clave para el control del poder mientras el gobierno necesite de la legitimación electoral. Es por ello que, al contrario de lo que algunos opinan, organizarse para ganar una elección y sentarse a esperar la próxima oportunidad, o sea la presidencial del 2024, no es una alternativa que tenga sentido estratégico, ya que desatiende los escenarios más elementales. La legitimidad de un liderazgo de la oposición no se mantiene, y mucho menos se reconstruye, desde la pasividad, y más bien tenderá a desaparecer en la medida que no se ejerce. Prepararse para un escenario electoral es parte de la estrategia, pero no la estrategia, considerando el amplio repertorio de alternativas con que cuenta el gobierno gracias al control centralizado de las instituciones. En este sentido, ante la posibilidad de que Maduro se aproxime al 2024 con niveles de apoyo que difícilmente serán superiores a los que ha tenido desde su llegada al poder, es predecible que las condiciones electorales no serán mejores, e incluso pueden ser peores, que las que han sido impuestas en el pasado cuando se han postergado o adelantado las fechas de determinados comicios. Se han intervenido judicialmente partidos políticos, se han inhabilitado candidatos, se han migrado electores,  se ha rediseñado la distribución de centros y mesas electorales, se ha cooptado a los medios de comunicación, se han comprado votos, se ha prohibido la observación electoral, y hasta se han desconocido o anulado los resultados de una elección, sin que haya habido capacidad de respuesta del lado de la gran mayoría democrática.  

Séptima lección: No se negocia lo que se quiere sino lo que se puede. Si se quiere negociar algo, primero hay que tener poder, y el poder depende de lo que estamos en capacidad de hacer si no se alcanza un acuerdo. La negociación es un juego que está determinado por las alternativas con que cuenta cada parte. La negociación implica la necesidad de cooperar con el otro para conseguir algo superior a lo que puede alcanzarse por otros medios. Lo que cada parte puede tener por otros medios determina sus alternativas y un acuerdo es posible solo si mediante él puede obtenerse algo superior a las alternativas disponibles para cada parte. En una negociación como la de México, que implica, en esencia, un trueque entre el control del poder y el alivio o la eliminación de las sanciones, resulta evidente que la alternativa para el gobierno será quedarse con el poder y las sanciones, y no el escenario alternativo de un levantamiento de sanciones al muy elevado costo de perder el poder. ¿Cuál es la alternativa de la oposición a falta de un acuerdo negociado?

Mientras la oposición continúe negociando porque no tiene otra alternativa, desde una posición de debilidad, desde la perspectiva de que un rector o un magistrado es mejor que no tener nada, solo conseguirá lo que el gobierno esté dispuesto a pagar a cambio de su sumisión o de la moderación de las sanciones. Una oposición que no tiene alternativas a la negociación no puede negociar porque nunca logrará un acuerdo que le resulte favorable.