Benigno Alarcón Deza

En medio de una creciente conflictividad social, es evidente que el gobierno ya está en campaña de cara a los comicios presidenciales, establecidos en un principio para 2024,  y está trabajando tanto en la recomposición del Partido Socialista Unido de Venezuela (partido de gobierno) como en mejorar algunas condiciones que pudieran, de alguna manera, conquistar a un grupo de la población que lo ha venido rechazando en los últimos años. Mientras tanto la oposición, que perdió terreno en noviembre de 2021, se enfoca también en procesos de negociación hacia lo interno de cada partido político que la integra, y entre todos los que conforman la Plataforma Unitaria. No obstante, parece evidente que la elección presidencial de 2024 será una especie de plebiscito, Maduro versus Maduro, que solo podrá resolverse a su favor si  logra captar una parte de la mitad de un electorado que hoy no apoya a nadie, o si, por el contrario, los mantiene apartados de la política para que no voten

El gobierno ya está en campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Muestra de ello es la narrativa que ha venido alimentando en los últimos meses: “Venezuela se arregló”. Trata de aprovechar el impacto que han tenido decisiones en materia económica, como la contención del tipo de cambio para tratar de evitar el alza de la inflación y un mayor abastecimiento apuntalado, principalmente, en las importaciones. 

Pero Maduro está claro en que eso es insuficiente. Tiene que generar una sensación de mejoría en ciertos aspectos como el acceso a la alimentación y medicamentos, así como en el aumento del ingreso familiar, una situación que sigue siendo apremiante para la gran mayoría que ha quedado excluida de esta supuesta recuperación.  En el caso de los servicios públicos, que son motivo permanente de gran parte de las protestas en el país, la situación es mucho más complicada para Maduro, debido al volumen de recursos y las capacidades que se necesitan para su reversión.

La bolsa CLAP sigue siendo una herramienta para mantener fidelidad hacia el gobierno.  Entre la población que la recibe, la cobertura llegó a 29% en 2019; en 2020 a cerca de 58%; en octubre preelectoral de 2021 estaba en 44% y en el momento de la elección de noviembre, subió 20 puntos. En la actualidad, cuando estamos fuera del periodo electoral, se estima que ha bajado, pero es probable que en los próximos meses el gobierno vuelva la mirada hacia el tema de la alimentación, que es un problema que preocupa a la mayoría de la población y puede ser el factor que impacte negativamente la percepción de que hay un cambio en “la gestión pública” y de que “Venezuela se está arreglando”. Y, por otra parte, está tratando de hacer ajustes en los ingresos laborales del sector público, muy rezagados si se les compara con los del sector privado, lo que se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. 

La narrativa del cambio

Algunas acciones del sector oficial, especialmente durante la pandemia (2020-2021), fueron valoradas de forma positiva por una buena parte de la población, como fueron la cuarentena en los primeros meses y el proceso de vacunación en el último año; así como el proceso de dolarización y el impulso hacia lo económico propiciando, de alguna manera, el desarrollo de emprendimientos y de algunas pequeñas empresas, y evitando la imposición de controles sobre la actividad privada. Allí destaca el discurso de organizaciones empresariales que reconocen estas muestras de “apertura”, pero siguen exigiendo más libertad de acción.

Es allí donde el oficialismo puede aumentar su nivel de aprobación adueñándose de la iniciativa de cambio, de una narrativa que habla de que el país puede cambiar con Maduro en el poder, lo cual desde ya debe ser visto por la oposición como una amenaza que debe abordar con prontitud. Claro está que todo dependerá de qué tan eficiente puede ser el gobierno en la generación de una percepción positiva sobre su “gestión pública”. 

En todo caso, es una variable que habrá que seguir midiendo de aquí al 2024,  porque hay que entender que las presidenciales se van a convertir en una especie de plebiscito, Maduro versus Maduro, entre quienes lo apoyan y quiénes no. 

La posibilidad de que el gobierno de Maduro expropie la iniciativa del cambio a la oposición de cara a la elección del 2024 es un riesgo real y significativo, que quedaría vacía de contenido, ya que en los últimos meses ha privado el pragmatismo dentro de la esfera gubernamental. Si se da ese “timonazo económico” como ha ocurrido en los últimos meses y se abandonan esos preceptos que eran dogmas de gobierno, y sobre todo de política económica, Maduro puede que se venda como el cambio. Cabe recordar la campaña electoral de 2006 cuando Hugo Chávez abandonó el rojo y se vistió de azul para captar a otros sectores de la población. 

Y, en definitiva, de consolidarse esta apropiación de la narrativa del cambio, a través de la materialización de algunas medidas de parte del gobierno, podría generarse como consecuencia el agotamiento del principal esquema narrativo de la oposición, que siempre ha esgrimido la bandera del cambio, pero no termina de aterrizarla en una oferta atractiva que cale en el imaginario de los electores. En diferentes sondeos de opinión, se ha observado que una parte significativa de la población se conformaría con un cambio de políticas públicas, aunque ello no incluya un cambio de gobierno o de partido de gobierno.

¿Cuál es el panorama hoy?

Por el lado oficialista, se observa mucho movimiento. En cuanto a la coalición gobernante hay que entender el crecimiento de la llamada familia presidencial, aliados de Maduro con mayor presencia en el Ejecutivo y en posiciones clave en diferentes órganos de poder, lo que está llevando a una situación en la que Maduro es el ganador de la batalla interna. También está el aumento de la presencia del Estado Mayor Militar en el grupo de poder, con Padrino López como la figura que lidera este sector. Los hermanos Rodríguez siguen consolidando su poder, a pesar de la salida de Plasencia de la Cancillería, sacrificado por la necesidad de nombrar en esta posición a Carlos Faría, quien, como embajador en Rusia,  facilita una gestión más estrecha con el Kremlin. Pero los Rodríguez siguen muy cerca de Maduro y con mucho poder. Recientemente a Jorge Rodríguez se le entregó la responsabilidad comunicacional y electoral en el nuevo cuadro directivo del PSUV. Esto en pleno proceso de recomposición del partido como consecuencia de los resultados de las primarias internas y las elecciones regionales y locales  del año pasado. Llama la atención el alza reciente que ha tenido la vocería de Diosdado Cabello, tanto en la promoción de leyes en la Asamblea Nacional, como en posiciones formales del partido y personales. Aunque decrece el tamaño del grupo originario del  4F, la realidad es que Cabello sigue siendo un sobreviviente que continúa dictando pautas en diferentes temas. 

En el marco de ese proceso de cambios, se observa que el personal militar tiene presencia en alrededor de un tercio de los puestos de la Administración Pública y, de las siete vicepresidencias, ostenta cuatro de las más importantes. En negocios militares, hay unas 36 empresas que generan recursos: las de minería, madera, oro y Agrofan, a través de la cual se está tratando de mantener la sustentabilidad de las unidades militares mediante la reducción de costos de alimentación. De esas empresas, sale el fondo de contingencia de la Fuerza Armada, que Padrino López usa para fortalecer su liderazgo.  Por esas razones existe la convicción de que Padrino se mantendrá como ministro de la Defensa, aunque el general Hernández Lárez está en campaña desde el año pasado. 

Por el lado de la oposición, en los últimos meses se ha concentrado también en la renovación de los partidos que la conforman, así como en el análisis de qué hacer y hacia dónde enfocar los esfuerzos, y por supuesto, cómo realizar las primarias. 

Entre los temas pendientes que le toca observar a la Plataforma Unitaria destaca el rol que jugará Henri Falcón, así como Fuerza Vecinal, que logró ubicarse bien en las elecciones regionales, la Alianza del Lápiz, Vente, y otros que no se identifican claramente con ellos. Otro asunto importante a atender es qué pasará con actores de la sociedad civil, gente que está entrando veladamente en la carrera presidencial a través de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), como es el caso del expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, desde el Foro Cívico. 

La conflictividad social

Dado que en 2022 no habrá elecciones, el ciudadano comienza a buscar a los responsables de sus problemas. En algún momento se  culpó a Guaidó y a la oposición, bien por inacción,  ineficiencia o porque era gobierno interino y no resolvía. Pero al final la gente termina mirando hacia el  gobierno de Maduro  y empieza a exigirle más. Y en este aspecto, uno de los temas relevantes actualmente es el alto costo de la vida y eso, a su vez, está presionando lo laboral.  Hay reclamos para que se renueven los contratos colectivos o  las empresas mejoren las condiciones de sus trabajadores.

Y si bien es cierto que la crisis hiperinflacionaria amainó, que la dolarización transaccional ha sido positiva para algunos sectores de la población y algunas familias están mitigando carencias con las remesas; hay un proceso de voracidad fiscal y de presión cambiaria que podría generar un impacto negativo en ingresos sobre estos mismos sectores. Además, están los coletazos de la guerra de Ucrania que está afectando las cadenas de suministro, generando escasez e inflación en áreas vitales a nivel mundial, como la de alimentos y energía, lo que va a provocar presión en precios internos. Adicionalmente,  la crisis de los servicios sigue allí. La prédica de que Caracas estaba blindada con gasolina, agua, electricidad, no caló, dadas las realidades. Hoy la capital del país, si sigue sumando protestas como se ha venido observando, puede hacer efecto de contagio hacia otras regiones para elevar el costo de represión de la conflictividad social para el gobierno.

Con inflación, escasez en gasoil y gasolina, y fallas en servicios públicos se conforma un caldo de cultivo para elevar la conflictividad social.  En lo que va de año, van más de 3.060 protestas, de las cuales más de 1.000 son de carácter laboral, lo que incluye a jubilados, pensionados, funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. Si bien es cierto que estas protestas son localizadas y en ellas no participan más de unas 200 personas, hemos visto que en el caso venezolano la protesta masiva es un fenómeno recurrente que toma fuerza cada dos o tres años (2002, 2004, 2007, 2009, 2014, 2017, 2019).

Es importante tomar en consideración que el año 2020 inició con protestas que se neutralizaron gracias a la declaración de una cuarentena prematura por el COVID-19, el mismo día en que estaba convocada una manifestación para retomar la sede del parlamento. A ello, se suma  la desaparición de la gasolina durante tres meses, y así desmovilizaron a todo el país. A partir del año pasado, con la flexibilización de la cuarentena, ha habido un incremento progresivo de las protestas que se fundamenta, según nuestros propios estudios, en una disposición a protestar que supera el 40% de la población nacional, lo que puede hacer que protestas que hoy lucen como eventos aislados, escalen en forma de manifestaciones  masivas y encadenada,  entre finales de este año y 2023.

Conclusiones y recomendaciones

Todo indica que Maduro va preparando el terreno electoral, tratando de presentarse como el cambio, aunque parezca paradójico. Cerrando puertas a la oposición desde temprano, aprovechando el letargo de esta para  convertir las presidenciales en una especie de plebiscito. Pero no le será fácil ante un escenario de conflictividad social que va creciendo y que representa un contra mensaje real ante la prédica de que Venezuela se arregló. 

Resulta vital entender que probablemente al régimen podría convenirle mantener al alto porcentaje de gente que se ha desconectado de la política, pues mediante la construcción de mensajes y algunas medidas podría convencer a parte de este sector de que está haciendo lo necesario para satisfacer sus necesidades. Aunque esta misma circunstancia puede dar cabida a la posibilidad de un outsider en la vida política nacional. 

Pero esto también representa un reto para la oposición, que debería tratar de enfocarse en dos puntos fundamentales: el primero, definir la narrativa necesaria para volver a enamorar a los electores y que, además, estos vuelvan a confiar en los partidos políticos; y segundo, en lograr la conexión de la gente con dirigentes políticos que pueden ser potenciales candidatos presidenciales, e incluso con quien resulte ganador de un proceso de primarias, lo cual dependerá en buena medida de quién organice el proceso, de las reglas de juego y de la participación final.

Todos estos escenarios se presentan en un país donde la conflictividad social va a estar presente, un terreno que, si bien hasta ahora ha sido reivindicativo, amerita ser examinado apropiadamente por los actores políticos, y no solo por el gobierno.