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La Justicia Federal bloqueó el patrimonio de 52 personas y 7 empresas que son consideradas como sospechosas de participar en los disturbios ocurridos en Brasilia el pasado 8 de enero. Ese día, el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil fueron invadidas por partidarios del expresidente, Jair Bolsonaro.

Tras una solicitud de la Procuraduría General, para sufragar las reparaciones de los daños ocasionados a las referidas infraestructuras, la Justicia decidió actuar sobre los involucrados en las protestas que se produjeron en la capital brasileña.

La Corte Suprema de Brasil decretó el pasado miércoles la prisión preventiva de 140 de los 1.459 detenidos por un tiempo indefinido, para «garantizar el orden público».

El tribunal acusó a los involucrados de actos de terrorismo, asociación criminal, destrucción de infraestructura pública, abolición criminal y violenta del Estado democrático de derecho. Además, se les imputaron cargos de amenaza, persecución e incitación al crimen.

El próximo viernes 20 de enero, el STF determinará la situación de las 1.319 personas restantes que siguen detenidas y son sospechosas de haber participado en los disturbios.