Polítika UCAB

El Congreso de Perú aprobó el informe final de la fiscalización en el que se recomienda una denuncia constitucional sobre el expresidente, Pedro Castillo, quien está haciendo acusado por delitos de corrupción, y fue destituido, en diciembre de 2022, tras un intento de disolución del órgano legislativo y el decreto de un Gobierno de excepción.

El documento fue sometido a votación y recibió 61 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones. La iniciativa sostiene que Castillo y su esposa, Lilia Paredes, estarían implicados en una organización criminal que puso en marcha tres proyectos en zonas rurales de Perú. Debido a eso, la Fiscalía está pidiendo 8 años de cárcel para cada uno.

La comisión argumentó que Castillo cometió los delitos de colusión, tráfico de influencias y el ejercicio de actividades incompatibles, bajo un decreto de urgencia, de proyectos de inversión en los distritos Anguía y Chadín, y la ciudad de Chachapoyas.

El presidente de la comisión y congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, señaló que hay «elementos indiciarios» que apuntan a que Castillo recibió 4.000.000 de soles (equivalentes a 1.000.000 de euros) por esos proyectos en las zonas rurales. Esto se supo tras las declaraciones del exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien formó parte del gabinete del expresidente y reveló los presuntos pagos que recibía.

Otro de los acusados en el informe es el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado López, quien habría participado en la permisión de estos proyectos y, por lo tanto, recibido pagos para aceptarlos. Entre el resto de investigados, están el mismo Marrufo, el exalcalde de Anguía, José Medina Guerrero, y el gerente general JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A., Hugo Espino Lucana, una empresa privada involucrada en el caso.