Carlos Romero Mendoza – 22 de enero de 2016

Una Asamblea de Ciudadanos fue el espacio que facilitó el encuentro entre representantes políticos y sus representados en la frontera tachirense el pasado 15 de enero de 2016.   La Plaza Bolívar del Municipio Pedro María Ureña fue ese espacio público en el cual se abrió el debate político sobre el cierre de la frontera y el régimen legal de esa zona geográfica que hoy perdió su dinamismo comercial, internacional e intercultural.

Los alcaldes y concejales de 4 de los 5 municipios fronterizos afectados por el Estado de Excepción, acompañados por la diputada Laidy Gómez, electa por el circuito de la frontera, y por tres representantes del Consejo Legislativo del Estado Táchira[1] abrieron el debate político sobre la frontera con los propios ciudadanos logrando alcanzar los siguientes acuerdos:

1.- Plantear permisología para que a los transportistas se les permita ir a Cúcuta a adquirir los repuestos que necesitan.

2.- Pedir un informe a las organizaciones de Derechos Humanos sobre los casos donde fallecieron personas como consecuencia del estado de excepción.

3.- Investigar la legalidad de medidas como el cierre de las casas de cambio o las restricciones a la movilización del transporte de carga hasta las 6:00 de la tarde.

4.- Mantener la presión de calle con protestas pacíficas.

5.- Realizar giras de la Comisión de Asuntos Fronterizos por los municipios que tuvieron estados de excepción para realizar Foros en los que se analice la ley de fronteras[2].

La Asamblea de Ciudadanos fue, sin duda, el instrumento para elevar la voz de protesta de los habitantes de la frontera ante el impacto negativo que ha tenido en esa zona geográfica del país la declaración de estado de excepción y el cierre del paso por el puente internacional Simón Bolívar que mantiene bloqueada la posibilidad de movilizarse libremente entre San Antonio-Ureña y Cúcuta.

El alcalde del Municipio Pedro María Ureña denunció en esa Asamblea de Ciudadanos que las medidas extraordinarias que aplicó el Gobierno en la Frontera no han logrado los resultados prometidos y alertó que, por el contrario, la situación en la frontera tachirense con Colombia se ha agravado[3].

En esa Asamblea de Ciudadanos, la diputada Gómez en sus palabras exigió a Maduro que respete a los habitantes de la frontera, con el mismo respeto que recibió de la Asamblea Nacional en ocasión de su mensaje anual.

¿Se oirá en Caracas la voz de protesta de la frontera? 

En este sentido, la Asamblea Nacional tomó la iniciativa y el pasado 13 de enero de 2016 logró aprobar un Acuerdo en el que exige al Gobierno Nacional el restablecimiento del paso en la frontera con Colombia;  en ese mismo Acuerdo, se creó una Comisión de Asuntos Fronterizos, cuya labor consiste en procesar las denuncias por violación de derechos humanos en la zona, así como también analizar y evaluar el impacto que tendrá la Ley Orgánica de Fronteras en la dinámica  diaria de la frontera y sus habitantes.

Precisamente 2 de los 5 acuerdos alcanzados en la Asamblea de Ciudadanos de Ureña tienen que ver con el tema de los Derechos Humanos y con el debate sobre el contenido de la Ley Orgánica de Fronteras, en consecuencia, esos dos acuerdos están en conexión directa con la misión asignada a la Comisión de Fronteras.

El desafío ahora es que la Comisión de Fronteras logre incluir de manera efectiva a los ciudadanos y a las autoridades locales legitimamente electas, en un debate político sobre el régimen jurídico de la frontera, que concluya en una reforma a esa Ley Orgánica aprobada vía habilitante, que impone un diseño de desarrollo integral para la frontera que responde al Plan de la Patria 2013-2019.

Era de esperarse que cuando la Ley Orgánica de Fronteras plantea la necesidad de un Plan de Desarrollo Integral de la Frontera, exigiera que el mismo se adecúe al Plan de Desarrollo Económico de la Nación.  Pero, además, la Ley también exige que el diseño de ese Plan de Desarrollo Integral se realice el marco de algo que se llama Sistema Nacional de Regionalización Integral Socioproductiva de la Patría, que fue creado vía habilitante en el año 2015 y que impone una serie de escalas de planificación que claramente transforma el modelo institucional del Estado.

Los ciudadanos y las autoridades municipales no pueden quedarse en silencio ante una Ley Orgánica que simplemente los ignora y los excluye como actores del desarrollo integral de la frontera en la que habítan.  La labor de inclusión que debe realizar la Comisión de Fronteras, representa la vía idónea para que el ciudadano logre reencontrarse con la función parlamentaria y con la Asamblea Nacional como institución política.

La Ley Orgánica de Frontera expresamente advierte que su contenido no menoscaba las competencias de planificación y desarrollo de los municipios y de los estados, pero no resulta fácil interpretar cómo se garantizará la poca autonomía municipal que le han dejando, a los fines de planificación y desarrollo, en especial en aquellos casos donde las autoridades locales no comparten el proyecto que impone el Plan de la Patria, como sucede en el Táchira con los municipios que se reunieron en la Asamblea de Ciudadanos celebrada en Ureña.

La voz de la frontera tiene que ser oída y la Ley Orgánica de Frontera reformada.

[1]Laopinion.com. Asamblea de Ciudadanos en Ureña exigen reapertura de la Frontera. 15 de enero 2016. Online en:  http://www.laopinion.com.co/frontera/asamblea-de-ciudadanos-en-urena-exigen-reapertura-de-la-frontera-105299#ATHS

[2] Ecosdeltorbes.net.  Ciudadanos y sectores económicos plantean los primeros pasos para abrir la frontera. 15 de enero 2016. Online en: http://ecosdeltorbes.net/2016/01/15/propuestas-ciudadanos-y-sectores-economicos-plantean-los-primeros-pasos-para-abrir-la-frontera/

[3]Ver nota 1.