Carlos Romero Mendoza – 21 de octubre de 2016

El modelo de Estado Federal y Descentralizado está en riesgo. Los principios de separación de poderes, supremacía constitucional y soberanía popular han quedado condicionados a la voluntad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esta Sala Constitucional, al facilitar la prórroga del estado de excepción en mayo de 2016, al declarar la inconstitucionalidad de leyes sancionadas por la Asamblea Nacional una tras otra y al permitir que el presidente consignara el presupuesto 2017 ante el Tribunal Supremo de Justicia,  ha puesto en duda la vigencia de la Constitución y le ha dado la espalda a la voluntad del pueblo soberano que en 1999 aprobó por referendo esta Constitución, que en el 2007 ratificó el modelo constitucional y que en diciembre de 2015 eligió de manera legítima a los diputados que hoy integran la Asamblea Nacional.

La Sala Constitucional le ha permitido a Nicolás Maduro desconocer su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y le ha facilitado el camino para ignorar el principio de autonomía municipal y estadal, a través del manejo discrecional de las finanzas públicas.   La desobediencia constitucional que promueve la Sala Constitucional nos deja sin Estado y sin Constitución.

Hoy más que nunca resulta esencial que los venezolanos trascendamos nuestra labor electoral y asumamos una tarea cívica de defensa de la Constitución, del modelo federal y descentralizado del Estado y de los principios constitucionales que han sido claramente quebrantados. Sin embargo, el cronograma electoral anunciado para el 2017 nos condena como sociedad a revivir aquellos tiempos de la revolución con Chávez, que imponía la agenda electoral permanente anulando cualquier espacio para el debate político sobre los temas públicos.

Estamos claros que para poder abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de diciembre de 2015 e incluso la Nueva Agenda Urbana que se discute en Quito estos días, es necesario recuperar la democracia y rescatar el valor de la ciudadanía.

El Acuerdo sobre el Rescate de la Democracia y la Constitución, aprobado el 13 de octubre de 2016 por la Asamblea Nacional, hace un planteamiento interesante que resulta oportuno no dejar pasar de largo, se trata de la invitación a conformar un Movimiento Cívico Nacional en Defensa de la Constitución, de la Democracia y del Voto impulsado desde la propia Asamblea.

El Acuerdo de la Asamblea se inicia con una declaración expresa al desconocimiento a la autoridad y actos del Ejecutivo y a las sentencias del TSJ que sean contrarias a los valores, principios y garantías democráticas; continúa con una serie de llamados al Consejo Nacional Electoral y a la Fuerza Armada Nacional para que respeten a los electores y cumplan con sus funciones apegados a las normas constitucionales. Estos aspectos facilitarían el encuentro de cada diputado electo con sus electores, en sus circuitos electorales y en espacios públicos, a los fines de relegitimar ese Acuerdo a través de su divulgación y discusión pública.

Esa labor de divulgación es fácil si cada diputado asume el compromiso de hacerlo en sus propios Estados y como parte de una estrategia para que los ciudadanos acompañen la actividad parlamentaria en dos procesos complejos a los cuales se compromete la Asamblea Nacional a través de ese Acuerdo, ellos son: la conformación del comité de postulaciones judiciales y de una comisión especial que estudie el caso de la designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral.

Por otro lado, si a ese encuentro se le incorpora una agenda temática que inicie con el debate y relegitimación en cada ciudad del país del Acuerdo para el Rescate y Profundización de la Democracia aprobado el 30 de junio del 2016, continuando con una agenda vinculada con la labor legislativa, se podría conformar de manera efectiva una Red nacional como producto de ese Movimiento que pueda impulsar la Asamblea Nacional.

El Acuerdo, en sus últimos puntos, ordena su publicidad y divulgación, por lo tanto, pretender que los diputados sean voceros en sus ciudades de ese Acuerdo del 13 de octubre, podría parecer ingenuo, pero no es más que sentido común.

Las elecciones regionales y municipales, anunciadas para 2017, agregan un componente útil para trabajar en función de ese movimiento o red ciudadana, principalmente porque esos procesos electorales están estrechamente relacionados con la descentralización, el desarrollo económico, autonomía local y estadal, entre otros temas que hoy son contenido para el debate político de una Agenda Global en la cual Venezuela no está inmersa.

Hoy más que nunca los venezolanos debemos involucrarnos en los temas públicos, para poder efectivamente defender el modelo federal, reclamar por un adecuado programa de descentralización, reivindicar el valor de la vida local a través de mejores gestiones locales y regionales, así como también rescatar el sentido de la participación como complemento de la democracia representativa. Frente a las generaciones futuras, hoy estamos obligados a ello.

En el año 1999 permitimos pasivamente que la Asamblea Nacional Constituyente nos arrebatara el Congreso Nacional, aún estando vigente la Constitución de 1961; hoy nuevamente nos encontramos como sociedad ante una amenaza real de desconocimiento a la función parlamentaria representada en esta oportunidad por Asamblea Nacional. Esta no se puede enfrentar desde lo electoral, requiere de acompañamiento ciudadano que refuerce la legitimidad de sus diputados y de la actividad parlamentaria que recuerde permanentemente el valor y sentido de la soberanía popular como principio constitucional.