Enfoque Político

¿Por qué una Constituyente?

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Juan Manuel Trak  –  5 de mayo de 2017

Desde las elecciones para escoger diputados a la Asamblea Nacional de diciembre de 2015, el sistema político venezolano se encuentra en una crisis sin precedentes. La victoria de la Mesa de la Unidad Democrática en esas elecciones dio como resultado que dos tercios de la Asamblea Nacional estuviesen en manos de la oposición, dejando al gobierno en situación minoritaria y, en teoría, obligando a negociar al gobierno sus iniciativas políticas con el fin de que fuesen aprobadas por el poder legislativo. Como ha sido evidente, el gobierno no aceptó dicho resultado, iniciando una guerra judicial contra la Asamblea Nacional con el fin de despojarla de sus funciones de control y legislación consagradas en la Constitución.

Esta guerra judicial comenzó con la destitución de los diputados del estado Amazonas por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, apenas dos semanas luego de la elección parlamentaria de 2015. Y continuó con el despojo de la potestad de la Asamblea de aprobar el Decreto Emergencia que rige en el país desde agosto de 2015. En resumen, se han emitido más de 60 sentencias en las que se limitan, eliminan y usurpan las funciones de la Asamblea Nacional por parte del ejecutivo o el propio tribunal y cuyo capítulo final fueron las sentencias 155 y 156 que desataron la ira de la sociedad venezolana y el repudio internacional.

Pero el frente legislativo no es el único en el que el gobierno ha logrado evitar el cumplimiento de la Constitución. En la arena electoral también se ha producido un conjunto de violaciones cuyas consecuencias nos han traído a la conflictividad e ingobernabilidad que se vive en el país hoy. Por un lado, se bloqueó sistemáticamente la convocatoria del referéndum para la revocatoria del mandato del presidente. Aun a pesar de todas las trabas y obstáculos impuestos ilegalmente por el Consejo Nacional Electoral, se logró que se admitiera la recolección del 20% de las firmas necesarias y, nuevamente, desde los tribunales (esta vez regionales) se evitó la celebración de dicho evento. En paralelo, el CNE no hizo el más mínimo esfuerzo para organizar las elecciones regionales, cuya celebración debía darse en diciembre de 2016. Así, la vía electoral se cerró de manera sistemática y cuatro de los cinco rectores del CNE se pusieron al margen de la Constitución al justificar el bloqueo de ambos eventos electorales.

La única respuesta lógica de la sociedad ha sido la movilización. Siempre que los caminos institucionales de expresión y satisfacción de demandas se cierran aparecen la protesta y movilización social  para exigir los cambios que requiere el país.

Tras un mes de movilizaciones en todo el país, de represión sin precedentes y de autocratización acelerada del gobierno, la convocatoria a una constituyente hace su aparición. Sin embargo, esta convocatoria es una farsa y una trampa. Es una farsa porque se convoca bajo la excusa de buscar la paz y lograr el diálogo nacional. Pero en realidad la constituyente quiere imponer la paz del terror y el diálogo entre los que piensan como el gobierno. A todas luces, el gobierno quiere imponer un nuevo orden político en el que las elecciones tal como las conocemos no se celebren más, en la que la representación no sea de las preferencias sino de los sectores y unidades territoriales que son controlados por el gobierno. Así, los obreros, estudiantes, empresarios, mujeres, indígenas y campesinos “bolivarianos” son los únicos legítimos de discutir este nuevo orden político en el que no ser socialista significa ser enemigo interno y, por tanto, sujetos sin derecho.

Pero también es una trampa porque llama falsamente una votación en la que no se elige, en la que los votos no cuentan lo mismo y donde las plazas están reservadas para los grupos sectoriales que garantizan la mayoría al PSUV. Esta trampa busca que la oposición se meta en un juego electoral irrelevante, buscando dividir la oposición entre radicales y moderados., entre pacíficos y “terroristas”, entre patriotas y “apátridas”, entre amigos y enemigos.

En definitiva, bajo las reglas actuales el chavismo debería entregar el poder, o buena parte de él, en las siguientes elecciones, y eso es intolerable para los miembros del bloque de poder. Por tal motivo, cambiar la representación de las preferencias individuales por la representación de las comunas y corporaciones creadas o aceptadas por el propio gobierno es el mecanismo más eficaz para mantener una fachada electoral que garantiza que siempre se va a ganar. Ya el Plan de la Patria propuesto por Chávez preveía esta situación, por lo que en varios de sus objetivos la comuna es el eje central de la distribución político territorial, siendo esta dependiente del ejecutivo y cuya pertenencia está dada por la simpatía al proyecto chavista del PSUV.

Así, la constituyente es el cambio radical de las reglas para el acceso, distribución y ejercicio del poder en favor del gobierno. Ya la Constitución de 1999 adolecía de ser una constitución hecha por un solo sector del país, pero el mantenimiento de las formas republicanas y liberales daban oportunidad a la existencia de una juego político plural (aunque en la práctica no se cumpliera cabalmente). Así las cosas, sin mayorías, sin líder carismático o ilusión de prosperidad, el gobierno prefiere escoger el electorado antes que el electorado escoja a otro gobierno.

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