Mesa de Análisis

La delincuencia como herramienta política

Foto: Sumarium.

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Marcos Tarre Briceño

La delincuencia, con los agentes ocultos que procura, pero también con el rastrillado generalizado que autoriza, constituye un medio de vigilancia perpetua sobre la población…

Michel Faucault[1]

Un video de dos minutos circuló ampliamente por las redes sociales venezolanas en enero de este año. Está lo suficientemente desenfocado como para que no se reconozcan rostros, con un fondo de vegetación que da una imagen de selva. Hay un grupo de unos 20 hombres, algunos sin camisas, unos parados, otros agachados, unos con bermudas, otros con jeans y franelas, unos con las caras al descubierto, otros encapuchados, pero todos armados, bien sea con fusiles de asalto FAL, AR 15, escopetas calibre 12 o pistolas 9 milímetros. En el centro, con un sombrero de paja en la cabeza, franela negra sin mangas, pantalón blanco, zapatos de goma y un Kalashnikov en las manos, un hombre bastante  joven parece leer un texto o recitar lo que se aprendió de memoria. Habla con el típico tono “malandro”, como le dicen en Venezuela a cierta forma de hablar:

–              Viejo…  (Dice un nombre y apellido) Te habla el Tren del Llano… Atentamente Los Picures… Busca la manera de ponerte al día con nosotros pa’ que te puedas desplazar en toda Venezuela… Te la pasas en Colombia y en los Estados Unidos… Vives en Chacao, tienes una hermana que se llama Laura y te hemos administrado la cuenta… Te tenemos ubicado, todos tus movimientos, todas tus cosas… Busca la manera de cuadrar tus cosas, de ponerte al día con 15 mil dólares para que te desplaces por toda Venezuela, si no, te vamos a secuestrar a tu hermana o te vamos a secuestrar a ti… Te tenemos pillao… Atentamente: El Tren del Llano, Los Picures…

Se trata de una nueva forma de extorsión pública, de amenaza personalizada –para que todos la vean y genere un efecto de miedo colectivo– puesta en marcha por los miembros de la famosa banda de El Picure. Su jefe, José Antonio Tovar Colina, de 27 años, conocido como “El Picure”, cayó abatido el 3 de mayo de 2016 en una barriada de la población de El Sombrero, durante una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y persecución de grupos especiales de la Guardia Nacional Bolivarianas (GNB). El operativo dejó ocho muertos, entre ellos dos personas que nada tenían que ver con la banda criminal. Los funcionarios se tomaron fotos, videos e hicieron selfies con el cuerpo acribillado del entonces criminal más buscado del país. Gritaban: “Se acabó el mito…”

Sin embargo, la muerte del fundador y jefe de la banda “Tren del Llano” no significó, en lo absoluto, la desaparición del grupo criminal. Fue bautizada con ese curioso nombre, según dicen algunos, porque inicialmente la banda se dedicaba a extorsionar, robar y hurtar a empleados y bienes de las empresas constructoras de la vía del ferrocarril del Llano, en los estados centrales de Venezuela. Otros dicen que porque “Tren”, en el argot carcelario, significa liderar un grupo de “carros” o de seguidores. La banda tomó fuerza y extendió sus modalidades criminales al microtráfico de drogas y secuestro. Cometió numerosos homicidios, entre ellos los de 15 miembros de la banda rival de El Juvenal. Su jefe pudo evadir la acción policial porque contaba con la oportuna información y el apoyo del Director de Seguridad de la Gobernación del estado Guárico, hasta que fue destituido en diciembre de 2015.

Desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez, en 1999, se estableció la política de “No Reprimir”, ya que los delincuentes eran “víctimas del capitalismo” y potenciales aliados políticos a futuro. Esa decisión, sumada a otros factores, desencadenó un incremento incesante de los índices de criminalidad, convirtiendo a Venezuela en el país con la segunda peor tasa de homicidios del mundo. Manejar a la delincuencia a conveniencia, como una herramienta, se convirtió para el Gobierno en política de Estado y se evidenció en múltiples áreas. Desde la formación de las bandas armadas motorizadas, la entrega de zonas urbanas a colectivos armados, la creación de las mafias carcelarias o “pranato”, el contrabando de gasolina o la micro distribución de cocaína. Además, resultó un mecanismo ideal para crear miedo, terror, confusión e indefensión a los ciudadanos, promoviendo la salida del país de cientos de miles de venezolanos, casi todos contrarios al pensamiento político chavista o de su sucesor.

En el año 2013, el proyecto de las “Zonas de Paz” instrumentado por el Ministerio de Relaciones Interiores, desarrollado sin estudios previos ni pruebas piloto, sin consultar con expertos o académicos, y aún menos con autoridades o comunidades involucradas, pretendió ofrecer a los integrantes de bandas criminales la opción de dejar el delito y dedicarse a actividades “socio-productivas”, como la siembra o la fabricación artesanal de ladrillos. A cambio, las bandas pidieron no ser perseguidas por los cuerpos policiales. Así se crearon más de un centenar de zonas libres de presencia policial, en las que los delincuentes gozaron de aún mayor impunidad. Recibieron créditos gubernamentales y pronto se olvidaron de los pactos verbales. Con el plan de las “Zonas de Paz” obtuvieron territorialidad, es decir, una zona geográfica controlada por ellos en las que la extorsión se convirtió en la caja chica y permanente de las bandas. Éstas crecieron, se aliaron entre ellas, invirtieron en mejores armas y en nuevas modalidades delictivas y se convirtieron en megabandas, aplicando modelos de organización aprendidos en las cárceles venezolanas, en manos de los “pranes” que dirigen las poderosas mafias carcelarias. El video antes mencionado da idea del nivel de poder al que habían llegado las llamadas megabandas para enero de 2017.

Foto: El Universal / Fernando Sánchez

Sin embargo, la muerte de Hugo Chávez y la entrega por parte de Nicolás Maduro de todo el aparato de seguridad a los militares, dio pie en el 2015 a establecer una fuerte y despiadada represión contra las megabandas –la única modalidad de delincuencia organizada que no le generaba dividendos materiales o políticos al Gobierno–, a través de las Operaciones de Liberación del Pueblo. Las OLP, concebidas como masivas operaciones militares de “búsqueda y destrucción”, no pretendían solucionar el problema estructural de la delincuencia ni atacar las causas de su presencia, sino golpear a un exaliado que se había hecho demasiado fuerte.

En una primera etapa, en el año 2015, fueron abatidos en operaciones policiales los jefes de 12 de las 16 megabandas que operan en Venezuela. Pero estos grupos criminales se han recompuesto, hasta se han fortalecido y siguen operando. Sus nuevos jefes son más prudentes y discretos, menos visibles. No dan entrevistas a los medios de comunicación, utilizan cada vez menos el Facebook, no tienen de novias a conocidas exmisses o muchachas de la farándula y han fortalecido sus nexos con funcionarios policiales corruptos, bien sea para protegerlos o para suministrarles información oportuna.

También han mejorado y refinado un poco sus métodos, no en cuanto a reducir violencia, sino para mejorar su efectividad. Las grandes bandas, como “El Tren del Llano”, el “Tren de Aragua”, “El Frente” o la “Banda de Juvenal”, en el centro del país; “Los Meleán”, en Zulia; “El Coqui”, en Caracas; la “Banda de Aragüita” y “Los Capracio”, en el estado Miranda, parecen haber comenzado a desarrollar un mecanismo rotativo para que algunos de sus miembros –al estar solicitados por crímenes– se “enfríen” un tiempo en el exterior. Especialmente en los países a los que masivamente están emigrando los venezolanos y en los cuales tienen conocidos o familiares, desde dónde pueden seguir apoyando el trabajo de su grupo. Por ejemplo, el manejo de las llamadas para el pago de rescate. También han respondido a las OLP con repetidos ataques a puestos policiales, con granadas de mano y armas automáticas. O el asesinato y descuartizamiento de funcionarios policiales o de sus familiares. Las megabandas iniciaron una escalada de “insurgencia criminal”.

A partir del inicio de las masivas protestas de calle, en abril de 2017, estos grupos criminales han continuado sin parar su actividad delictiva. Menos acosados por los cuerpos policiales, dedicados a la represión política, han incrementado los secuestros y otras de sus actividades ilícitas. También han intervenido en algunos episodios de protestas en Petare, Catia o la Cota 905, enfrentando a las autoridades cuando sienten que éstas afectan a sus intereses. No sería nada raro que las investigaciones determinen que se esconden detrás de ataques registrados a centros electorales durante el reciente Plan República, bien sea para robar armamento militar o como parte de su insurgencia particular.

Según la mitología griega, a Pandora, la primera mujer creada por Hefesto por orden de Zeus, se le entregó una misteriosa vasija –algunos dicen que era una caja– con la instrucción de que nunca debería abrirla. Como ella era muy curiosa, un día no resistió y la abrió, y liberó a todos los males del mundo. De ahí surgió el mito o refrán de “abrir la caja de Pandora”. Durante el gobierno de Hugo Chávez se abrieron muchas cajas de Pandora, pensando que todo se podía manipular, manejar o comprar. Pero el manejo en función política de la delincuencia y criminalidad, pasados los años, ha generado muchas consecuencias negativas para el propio Gobierno. Algunas de ellas son:

  • La inseguridad, en todos los ámbitos sociales y geográficos es uno de los principales reclamos de los venezolanos contra el Gobierno. Ha afectado de forma dramática la calidad de vida de los venezolanos y generado más víctimas fatales que el conflicto colombiano.[2] La inseguridad ha hecho que huyan del país empresas e inversionistas, que disminuya el turismo internacional y afecta la gobernabilidad, o lo que queda de ella. La inseguridad genera unos costos directos e indirectos de tal magnitud que son imposibles de sufragar o sustituir a corto o mediano plazo.
  • Existe una incompatibilidad estructural entre un Gobierno militarista y autocrático y delincuencia organizada o delincuencia común desbordada. Una dictadura militar como la decretada a raíz del mega fraude del pasado 30 de julio, tendrá que abordar ese problema, así como el de la resistencia política civil. Dos frentes quizás demasiado grandes. Para agravar el problema, durante estos años los cuerpos policiales han sido desestructurados, desvirtuados en sus funciones, acorralados, y se ha mermado totalmente su eficiencia, su moral y su capacidad de acción.
  • La delincuencia ha tomado “vida propia” y ahora funciona de acuerdo a sus propios intereses, lógica y necesidades

4 de agosto de 2017

 

 

[1] Michel Foucault (1926-1984) fue un historiador de las ideas, psicólogo, teórico social y filósofo francés

[2] En Colombia 50 años de conflicto interno arrojaron 235.000 muertos; en Venezuela desde 1999 han ocurrido más de 250.000 homicidios.

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