Carta del Director

Es urgente salir del estancamiento

Editorial | Carta del director

Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Foto: EFE.

Benigno Alarcón Deza

12 de octubre de 2019

El conflicto político planteado en Venezuela está hoy en un período de estancamiento lo que implica que no pareciese haber avances hacia su resolución, pero si el mantenimiento del statu quo, lo que conviene solo a quien saca algún beneficio de este, o sea quien mantiene el control sobre el poder, lo cual ha reducido sensiblemente las expectativas sobre un posible cambio político. Esta etapa de reflujo político se ha agudizado con la interrupción del proceso de negociación de Barbados-Oslo, cuyo costo más evidente reside en la presión internacional derivada de las sanciones. Si bien la oposición cuenta hoy con tres fortalezas fundamentales, el liderazgo de Guaidó, una coalición mayoritaria que domina la Asamblea Nacional (AN) como único órgano legítimo reconocido, y una alianza inédita de países democráticos que reconocen a Guaidó como presidente encargado mientras ejercen toda clase de  presiones para lograr una salida democrática, se ha manifestado una gran debilidad en la ausencia de una estructura organizativa que contribuya a elevar la presión interna y los costos del régimen para mantener el poder por la fuerza. Es así como el estancamiento tiene su principal causa en lo interno, en donde mientras se esbozan intentos de movilización política y ciudadana, ésta no termina de tener una correspondencia en la población, aún en meses como septiembre y octubre que suelen significar un marcador histórico de estos eventos dada su vinculación con el calendario universitario, debido a la falta de estructura organizativa para ello. Aunque la coalición gubernamental tampoco luce como ganadora neta sobre la oposición, es indudable que termina siendo la más beneficiada del statu quo.

Aliados internacionales de la oposición

Si bien la oposición cuenta con el respaldo de la mayoría de los países democráticos, una mayor coordinación entre los aliados principales con la puesta en práctica de medidas de presión e iniciativas de mediación, así como de la activación de procedimientos multilaterales, tras las resoluciones y mandatos en materia de derechos humanos (DDHH) emanados desde el seno de la ONU en septiembre, la presión externa podría debilitarse. Desde la perspectiva positiva, los aliados internacionales siguen trabajando en pro de una solución para el conflicto y las crisis en Venezuela y, por ello, aprobaron, sin estar formalmente involucrados, el curso del proceso de negociación que había auspiciado Oslo. El Grupo de Lima reiteró su apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional en el último comunicado (agosto), en el cual rechaza “la amenaza de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente del régimen de Maduro de convocar inconstitucionalmente a elecciones adelantadas para la Asamblea Nacional” (AN), y cualquier otra amenaza en contra del orden constitucional y de los principios suscritos en la Carta Democrática Interamericana, haciendo, además, referencia al régimen de Maduro como aquel que sistemáticamente socava las instituciones en Venezuela. Como refuerzo de lo anterior, un sub grupo del Grupo de Lima patrocinó una de las resoluciones en materia de derechos humanos en el marco del último Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) referidas anteriormente, constituyendo el mandato más firme y severo entre los mecanismos y decisiones aprobadas a finales de septiembre. Durante ese mismo mes, doce países de la región aprobaron el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) en el marco del conflicto venezolano. Por último, Estados Unidos y la Unión Europea emitieron recientemente una serie de nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, aunque cabe destacar que este instrumento parece agotarse y, que, en el caso de las sanciones financieras, el sobrecumplimiento sigue afectando a más servicios y sectores a los cuales los venezolanos tenían acceso, (ejemplo reciente de Adobe, Oracle  y TransferWise).

Sin embargo, el grado de presión externa podría disminuir, producto de la diversidad de perspectivas sobre una solución a la crisis, los evidentes costos sobre la población venezolana, los cambios políticos en la región, y el posicionamiento de otros asuntos urgentes en la agenda internacional. Los disensos dentro del Grupo de Lima no son una excepción, lo que quedó reflejado en la votación del TIAR. A partir del TIAR, no sólo se incrementó la distancia entre Estados Unidos y Europa, sino entre países de la región que apoyan o no su activación, incluido entre aquellos que conforman el Grupo de Lima, y hasta dentro del mismo grupo de países miembros del TIAR, de los cuales doce de los dieciocho aprueban su activación, si bien tres de estos solicitaron la exclusión de asistencia militar, en torno a lo cual se había creado falsas  expectativas. Luego, la situación altamente incierta de la geopolítica regional, vista a través de los conflictos internos de aliados fundamentales para la oposición -Ecuador, Perú, Argentina y Colombia- y los distintos temas de la política interna que copan la agenda política de Estados Unidos, en el marco de las elecciones presidenciales y del debate sobre la activación de un impeachment al presidente Donald Trump, y de la Unión Europea, con las complicaciones que acumula el proceso del Brexit, la posible recesión económica mundial, así como la conducción de los asuntos externos de la Unión Europea que pasa del liderazgo de Federica Mogherini al de Josep Borrell.

Oposición, partidos y sociedad civil

Esta semana la oposición aprobó un acuerdo en la Asamblea Nacional (AN) que refleja una iniciativa de fondo muy importante que implica la ratificación del sector democrático de la propuesta hecha en la mesa de negociación, para darla a conocer públicamente.

El sector político opositor cuenta hoy con tres fortalezas fundamentales: el liderazgo de Guaidó, una coalición mayoritaria que domina la Asamblea Nacional (AN) como único órgano legítimo reconocido, y una alianza inédita de países democráticos que reconocen a Guaidó como presidente encargado mientras ejercen toda clase de  presiones para lograr una salida democrática. Pero asimismo se ha topado con una gran debilidad en la ausencia de una estructura organizativa que contribuya a elevar la presión interna y los costos del régimen para mantener el poder por la fuerza.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil destinadas a la defensa de los DDHH obtuvieron el crédito de su labor a través de las decisiones y mandatos originados en este sentido en el Consejo de DDHH de la ONU. Sin embargo, ha sido notable la ausencia de acciones organizadas en torno a convocatoria de protestas y movilizaciones bajo una articulación estratégica, sobre todo, en septiembre y octubre, por ser meses que representaban un marcador histórico de estos eventos, dada su vinculación con el calendario universitario. Situación a la que sin lugar a duda ha contribuido la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que desvía la atención de lo importante, el país, para hacer que las universidades se centren en lo urgente, las elecciones.

La esperanza depositada en un cambio político que conllevará la solución a los problemas trascendentales de los venezolanos ha disminuido significativamente pese a la diversidad de estrategias fallidas implementadas a lo largo del año, lo que ha obligado a la población a concentrarse con mayor intensidad en la supervivencia cotidiana, incluyendo la decisión de emigrar del país.

La coalición gubernamental

El gobierno ha apelado a fortalecer su estabilidad interna, comenzando a prepararse para una elección parlamentaria el próximo año, para lo cual ha sostenido negociaciones en paralelo con un grupo de pequeños partidos que no formaron parte de las negociaciones en Oslo y Barbados. [1]

Para tales fines, la nueva coalición minoritaria podría intentar propiciar un cambio en la correlación de fuerzas antes de las elecciones parlamentarias para desplazar a Guaidó de la presidencia de la AN, para lo que necesitaría una mayoría simple a su favor de 84 votos, con los cuales no cuentan de momento. Si ello no funcionara les tocará mantener a la Asamblea Nacional asediada, como ha sido el caso hasta hoy, para centrar el esfuerzo en las próximas elecciones parlamentarias bajo un mínimo de condiciones que reduzcan los cuestionamientos, pero que no animen a la oposición mayoritaria a participar, apostando a su abstención, lo que permitiría una distribución de la asamblea favorable a esta nueva oposición minoritaria (clientelismo competitivo) y con una mayoría de diputados bajo el control del gobierno.

Asimismo, en línea con este esfuerzo por lograr una mayor legitimidad a nivel nacional e internacional, el gobierno procede a avanzar en una serie de iniciativas simultáneamente: (i) la re-incorporación de los diputados del partido del gobierno PSUV en la AN, (ii) la firma de la carta de entendimiento con la OACNUDH, (iii) las negociaciones en paralelo con el grupo de pequeños partidos de “oposición”, (iv) anuncia su disposición a reactivar el mecanismo de Oslo-Barbados, (v) el anuncio de activación del mecanismo de Montevideo y (vi) la búsqueda de apoyo bilateral de sus aliados regionales que hacen vida en el Foro de Sao Paolo, así como en el recientemente creado grupo de Puebla[2].

Es urgente salir del estancamiento

La situación política está atravesando por un período de estancamiento lo que pareciera tener repercusiones en el nivel de incertidumbre respecto a las expectativas de una resolución del conflicto venezolano en el corto plazo. Cuando el conflicto pasa por una fase de estancamiento la probabilidad de una solución disminuye significativamente, mientras existe un beneficiario del statu quo, el régimen liderado por Maduro. En fase de estancamiento solo es posible resolver el conflicto si existe un tercero con poder efectivo para imponer una solución a las partes, lo que hasta ahora no ha sido el caso. Si no fuese así, el  statu quo se rutiniza generando un nuevo equilibrio, aunque éste sea precario. La inercia solo se romperá por una nueva escalada del conflicto, que solo puede provenir de quienes estando en la oposición, o excepcionalmente dentro del gobierno, no se benefician del  statu quo.

La celebración de elecciones parlamentarias puede ser una oportunidad sin igual para generar una escalada del conflicto, bien sea porque la oposición decide apostar a un ¨stunning election¨ o a la deslegitimación del proceso. Cualquiera de estas alternativas demanda planificación realista y detallada y una ejecución eficiente de la estrategia para no convertir cualquier de estas dos alternativas en un fracaso mortal para la oposición democrática. La decisión de la ruta estratégica debe considerar las condiciones de competitividad de tales elecciones, la disposición de recursos técnicos y humanos para competir y el tiempo disponible para lograr un nivel aceptable de organización y movilización, así como la estrategia comunicacional de cara a la misma, que podría implicar el reto de un cambio en el orden de la ruta de Guaidó ya posicionada (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres y democráticas).

Preservar el liderazgo de Guaidó resulta fundamental para ejecutar cualquiera de las alternativas estrategicas hoy, así como para sinergizar las fortalezas con que cuenta hoy el sector democrático, un liderazgo unificador y con legitimidad, una coalición mayoritaria que domina la Asamblea Nacional como único órgano legítimo reconocido, y la alianza de países democráticos que reconocen a Guaidó mientras ejercen presión para lograr una salida democrática. Para ellos es necesario no descuidar, y por el contrario reposicionar el rol de la AN, en cuyo seno se dará buena parte del debate político a partir de la negociación entre el gobierno y los partidos minoritarios y la reincorporación de los diputados del PSUV.

Asimismo, resulta urgente concertar un esfuerzo serio de articulación de la sociedad civil, a fin de reactivarla en torno a una estrategia común con respecto a la necesidad de cambio político, bajo un esfuerzo de concertación social en torno a aquellos actores que gozan de mayor confianza: la iglesia, las universidades, los estudiantes, el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil, sin que ello implique el desplazamiento de los actores políticos.

Con respecto a la comunidad internacional, la misma sigue siendo fundamental para fortalecer la causa democrática en Venezuela. Lo fue en un momento en el cual el sector político de la oposición lucía extraviado, no encontraba un norte estratégico efectivo para producir el cambio, y carecía de un referente político significativo en la población. Las implicaciones de la crisis migratoria y los pronósticos de su agudización representan una razón indiscutible que apela a sus propios intereses, más allá de la defensa de la democracia, aún en casos en los que puede producirse un giro de la situación política interna en favor de liderazgos más afines al régimen venezolano, como podrían ser los casos de Argentina y, posiblemente, Ecuador, dada la crisis actual.


[1] De los cinco partidos que han firmado el acuerdo con el gobierno, solo dos tienen representación parlamentaria, Avanzada Progresista dirigida, por Henri Falcón, y Cambiemos, liderado por Timoteo Zambrano, quien ha sido muy cercano al ex-presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. La estrategia parece indicar un objetivo de fondo: retomar el control del Poder Legislativo, liderado hoy por Juan Guaidó y la coalición opositora mayoritaria.

[2][2] http://progresivamente.org/2019/07/14/declaracion-de-puebla/

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