Leonardo Vera

El Gobierno de Nicolás Maduro, a través de su recién nombrada Ministro de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, público en forma sorpresiva un comunicado el pasado martes 15 de septiembre donde, en un aparente gesto de buena voluntad, invita a los acreedores externos de la deuda financiera de Venezuela a evitar la prescripción de intereses exigibles de 29 bonos que se encuentran en impago (tanto del Gobierno como de PDVSA y la Electricidad de Caracas), a cambio de un compromiso de no demandar el pago de las obligaciones en atraso. Un acuerdo de este tipo supondría entonces (al menos en teoría) el comienzo de un proceso de negociaciones para reestructurar los pagos. ¿Pero es esa realmente la ventana o la puerta que el gobierno de Maduro quiere abrir? ¿Cómo llegamos a esta situación de impagos de nuestros compromisos externos? ¿Cuál ha sido y es la magnitud del problema? ¿Cuál ha sido el impacto de endeudarnos sobre la vida de los ciudadanos?

En general, los venezolanos nunca hemos estado bien informados, ni plenamente conscientes de la magnitud de los daños y la carga que ha representado el inusitado proceso de sobre-endeudamiento que se desarrolló desde el año 2007, cuando los precios del crudo petrolero, por lo demás, oscilaban entre los 70 y 80 US$ por barril.

En el año 2006, la deuda pública externa de Venezuela era de 27.000 millones de US$ y representaba apenas 20 puntos del Producto Interno Bruto. En plena bonanza petrolera el endeudamiento público comenzó a crecer para pagar centenares de proyectos inconclusos, aventuras económicas en otras geografías (con fines geopolíticos), importaciones de bienes de consumo que bien podíamos haber producido en Venezuela, y muchas otras cosas que desconocemos y que reclamarán en su debido momento de una gran auditoría para conocer la motivación y destino de esos recursos. No sólo fue la República el ente que asumió obligaciones externas; PDVSA y su estructura de filiales fueron usadas como vehículo para conseguir más y más recursos.

Hacia el año 2012 la deuda pública externa sin incluir deuda comercial, la deuda con proveedores de PDVSA, y otras obligaciones externas contingentes, sumaban ya 113 mil millones de US$. La deuda se había multiplicado por 4 en sólo 6 años, Chávez agonizaba y Nicolás Maduro asumiría como vicepresidente y luego como Presidente electo en el marco de una situación económica y financiera gravísima y con implicaciones insospechadas para él y su gobierno. Desde el año 2010 Venezuela venía pagando compromisos externos anuales por encima de los 10.000 millones de US$. En sólo 3 años, entre 2010 y 2012, 38.000 millones de dólares fueron repagados a los acreedores del país. Así, en el año 2013, con las reservas internacionales líquidas en mínimos históricos el gobierno de Maduro comienza a endurecer el control de cambio, las importaciones comienzan a ser restringidas y la creciente escasez de divisas y de bienes esenciales se convierten en la nueva palanca de un proceso inflacionario que dejaría años más tarde a Venezuela (junto con Haití) como el país con la mayor tasa de pobreza de América Latina y el Caribe.

En el año 2015 Venezuela estaba ya destinando más del 50% de sus ingresos por exportaciones para servir la deuda con los acreedores. Los tenedores de bonos de PDVSA, de la República, y los bancos de desarrollo de China absorbían los dólares que apenas entraban, circulaban en dirección de salida como en una puerta giratoria. El momento estaba dado para que el país planteara seriamente la necesidad de un proceso de reestructuración de los compromisos con los acreedores internacionales, pues para mayores males los ingresos por exportaciones petroleras representaban ya una tercera parte de los que eran en 2012.

Pero la palabra “reestructuración” era anatema entre analistas y asesores de los inversionistas. Maduro en su habitual condición de ceguera y sectarismo, siguió pagando. A ratos, cuando llegaba un vencimiento, se ufanaba de haber usado una de sus manos para cumplir con el pago a los acreedores y reclamaba una mejor calificación crediticia y financiera para el país. En tanto, con la otra mano, estrangulaba aún más la economía del país, que veía caer las importaciones en casi 50% (en sólo 3 años), para entrar en un infinito túnel de recesión, escasez y precariedad en los ingresos.

El dilema que Maduro tenía frente a sí se resumía en: llamar a una suspensión preventiva de los pagos (preemptive default) y a un proceso amigable de reestructuración de toda la deuda pública externa, o, seguir pagando, restringir las importaciones y buscar más deuda. Su gobierno optó por lo segundo, y en efecto consiguió más financiamiento. Rosneft, Rusia, los bancos chinos y algunos bancos de inversión vinieron al rescate. Pero en una economía sin crecimiento, con una crisis de finanzas públicas y en plena aceleración inflacionaria, las condiciones de los nuevos préstamos se endurecen. Plazos más cortos para el repago y mayores tasas de interés caracterizaron los nuevos endeudamientos.

Una de las más grotescas operaciones ocurrió en octubre de 2016, cuando PDVSA, ahogada por los vencimientos que se venían encima cerró un canje de deuda con acreedores externos con el intercambio de 2.800 millones de US$ en bonos con vencimiento en 2017, por 3.367 millones en nuevos bonos con vencimiento en 2020, pero además poniendo como garantía para los tenedores el 50,1% de las participaciones de CITGO Holding. Además de poner en grave riesgo el activo más importante de Venezuela en el exterior, el costo implícito de esta colocación calculado por analistas en 19.3%, representó a la fecha 4,25 veces el rendimiento promedio de las colocaciones en América Latina.

Maduro y su gobierno siguieron pagando por un año a toda una variada fauna de acreedores, hasta que en noviembre de 2017 se dejaron de abonar 200 millones de US$ de los cupones correspondientes de bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024. En adelante, los impagos se irían acumulando, aunque algunos acreedores de PDVSA, como Rosneft, aprovecharían su posición privilegiada para comercializar internacionalmente crudo venezolano, y cobrar el remanente de la deuda para luego irse del país.

Maduro llamó a un proceso de negociación y en una reunión de 25 minutos, celebrada ese mismo mes de noviembre de 2017 en Caracas, los tenedores de los bonos de la República y de PDVSA pudieron calibrar la seriedad con que el gobierno de Maduro asumía este nuevo y complejo desafío. El para entonces vicepresidente, Tareck El Aissami, principal negociador, estaba sancionado por los EE.UU., lo que impedía a cualquier acreedor cerrar trato o acuerdo alguno con él. El Aissami prometió la creación de mesas técnicas para “evaluar propuestas” en próximas citas, sin precisar fechas. Las intenciones quedarían hundidas por las sanciones financieras impuestas por el gobierno de Trump (meses antes en agosto de 2017), donde se restringen las transacciones y el acceso de Venezuela a los mercados financieros estadounidenses.

Después de 34 meses acumulando impagos, Venezuela se encuentra hoy con una deuda pública externa que puede estimarse en cerca de 150.000 millones de US$, y que no incluye otras obligaciones contingentes como las demandas conseguidas ante el CIADI por parte de las empresas afectadas por las arbitrarias expropiaciones dirigidas por Hugo Chávez. De ese monto, la deuda financiera, esa que se acumula con los tenedores de bonos de la República y de PDVSA, representa sólo el 41%. Es decir, casi el 60% de las obligaciones externas es bilateral con gobiernos, con empresas, bancos de desarrollo, proveedores, y organismos multilaterales.

Así que cualquier proceso de reestructuración en el futuro supone un alto grado de complejidad, por las características y heterogeneidad de los contratos y los acreedores. Por lo demás, Venezuela no tiene en lo inmediato recursos para honrar estos compromisos externos. Su industria petrolera está destruida y las reservas internacionales disponibles se acabaron hace ya largo tiempo. Cualquier solución supone un programa de estabilización, reconstrucción y recuperación del crecimiento que Nicolás Maduro no tiene. Los acreedores lo saben.

¿Qué sentido tiene entonces ir a un acuerdo con una administración que no tiene capacidad alguna de honrar compromisos financieros? Para los acreedores no tiene sentido alguno hacer un cabildeo ante el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos solicitando el levantamiento de las sanciones financieras (como Delcy Rodriguez lo sugiere), si en esencia no hay un acuerdo viable de repago en el horizonte. La jugada de la ministra, termina entonces siendo interpretada como un chantaje no creíble. Su interpretación de las cláusulas de prescripción de derechos de repago no es compartida por los abogados de Wall Street, y sus deseos de que al 13 de octubre las sanciones financieras hayan sido levantas y el 75% de los tenedores en cada categoría de los bonos acepté un acuerdo, difícilmente van a consolidarse. En perspectiva, los problemas para movilizar el dinero y los haberes de la clase política que se instaló en el poder, seguirán allí.