Andrés Cañizález

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Se ha concretado la estrategia del chavismo, anunciada desde inicios de este 2020: realizar unas elecciones parlamentarias contra viento y marea. Tras el 6D se abre un período de incertidumbre sobre el liderazgo de Juan Guaidó, a lo que se suma el impacto que tendrá en éste el cambio de gobierno en Estados Unidos, a partir del 20 de enero.

En diciembre de 2018, hace exactamente dos años, Juan Guaidó era un diputado más en una muy activa Asamblea Nacional, controlada por los actores de oposición desde las elecciones de diciembre de 2015. El otrora líder estudiantil ni protagonizó un gran debate ni propuso un llamativo proyecto legislativo en esos primeros tres años en el Parlamento de Venezuela.

Una conjugación de factores terminó por catapultar a Guaidó. Existía un acuerdo entre los partidos políticos de rotarse en la presidencia de la Asamblea Nacional, y le tocaba el turno a Voluntad Popular para que encabezara el Parlamento venezolano desde el 5 de enero de 2019.

Junto a esto, Voluntad Popular padecía la persecución del régimen de Nicolás Maduro. Su fundador Leopoldo López estaba en prisión domiciliaria, el segundo en jerarquía, Carlos Vecchio exiliado en Estados Unidos, y el tercero en la línea de sucesión, Freddy Guevara, recluido en la embajada de Chile. De esa forma cuando llegó la hora de escoger a una figura, estaba Juan Guaidó.

Guaidó enfrenta ahora lo que analistas perciben es la disolución de su mandato. También en este punto confluyen una serie de factores; desde la derrota de su gran aliado Donald Trump, el primero en reconocerlo como “presidente interino”; hasta los anuncios del chavismo de que se desatará una persecución contra él a partir de enero, pasando por la renuncia de sus cercanos colaboradores.

El 1 de diciembre, la representante diplomática de Juan Guaidó en Reino Unido, Vanessa Neumann, dimitió a su cargo aduciendo “dudas dentro de la oposición” sobre el futuro de quien hasta ahora es el “presidente interino”, reconocido por unos 60 países. Esto lo declaró Neumann en Londres al diario Financial Times.

Por otro lado, una de las interrogantes que deberá responder Antony Blinken en sus primeros días al frente del Departamento de Estado de Estados Unidos estará relacionada con Guaidó.

De ninguna manera esto debe entenderse que con la llegada de Joe Biden al poder, cuya juramentación está prevista para el 20 de enero, la crisis venezolana pasará a ser un asunto central en su administración.

La pregunta que flota sobre el nuevo gobierno de Estados Unidos que asuma el 20 de enero, es si le dará continuidad a las decisiones del actual gobierno de Trump o si tempranamente tomará una decisión diferente en relación con lo que fue la política de “presión máxima”,  que significó prácticamente un incondicional apoyo a Guaidó.

El actual secretario de Estado, Mike Pompeo, ha ratificado que la administración de Donald Trump seguirá reconociendo a Guaidó como presidente interino más allá del 5 de enero de 2021, fecha en la que asumirá la nueva Asamblea Nacional, en cuya elección no participó ni Guaidó ni las fuerzas políticas que le respaldan.

Si bien de forma inmediata unos 50 países han calificado de ilegítimas las elecciones del 6D en Venezuela, no existe tal contundencia en señalar que seguirán reconociendo a Guaidó como “presidente interino”. Diversos países de Europa o Canadá han guardado silencio sobre qué ocurrirá con el respaldo que le habían dado a Guaidó, en tanto él ha venido siendo cabeza del hasta ahora único poder legítimo.

De antemano se sabía que las votaciones del 6 de diciembre no serían reconocidas ni por Estados Unidos ni por la Unión Europea. Pero si bien esto está definido con claridad, no hay tal determinación sobre lo que vendrá después.

Estados Unidos tendrá que dar una respuesta sobre qué sigue luego del 5 de enero, en relación con Guaidó y el papel que venía cumpliendo el Parlamento. Pompeo ha sido enfático y una voz solitaria, en el concierto de la comunidad internacional, en decir que su país seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino. El poder de Pompeo, sin embargo, concluirá el 20 de enero.

Por otro lado, están los anuncios del chavismo. La compañera sentimental de Maduro, Cilia Flores, adelantó que una primera tarea del nuevo legislativo será enjuiciar a Guaidó por traición a la patria.

Dando por sentado que “el gobierno interino” de Guaidó está próximo a concluir, el analista político Ángel Álvarez ya apuntala la necesidad de extraer un aprendizaje de esta experiencia por “quienes pretendan conducir la oposición en el futuro”. Así lo señaló en Twitter.

Álvarez cuestiona que Guaidó haya enfatizado en la idea de que el cambio en Venezuela lo generaría un externo, Estados Unidos, así como “prometer resultados mágicos a corto plazo” y jugar en solitario pese a que su posición de liderazgo en realidad proviene de una coalición opositora.

Las críticas sobre Guaidó, incluso, han llovido desde la jerarquía católica que hasta ahora sólo le hacía críticas públicas al chavismo. “Tenemos una dirigencia de redes sociales y fotografías bonitas”, cuestionó recientemente monseñor Mario Moronta, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) y obispo de la ciudad de San Cristóbal, en la frontera con Colombia.

Guaidó es justamente muy activo en las redes sociales, un recurso que ha usado dada la censura que pesa sobre él en todo el sistema de radio y televisión del país. Y allí en las redes, que son susceptibles de campañas de desinformación y Fake News por parte del chavismo, se jugará su futuro, ya que el peso de la “consulta popular” estará en el campo digital.