Carta del Director

10 mitos y realidades sobre la negociación con un gobierno autoritario

Foto: Archivo
Editorial

Benigno Alarcón


Cuando estamos a mitad del primer trimestre del año, el gobierno continua a la ofensiva, avanzando en su tríada estratégica (represión, diálogo y elecciones) a la que hemos hecho referencia durante las últimas semanas, mientras del lado de la oposición continúa sin haber humo blanco en relación a las decisiones que en lo estratégico urge tomar y anunciar.

Durante los últimos días, en línea con la estrategia implementada, el gobierno avanza en tres frentes.

El primero es el electoral, en el que la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo como resultado de las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de 2020 que fueron desconocidas por la oposición nacional y la mayoría de los países de la comunidad internacional democrática, se mueve rápidamente hacia la instalación del nuevo Consejo Nacional Electoral que regirá las elecciones regionales, municipales y presidenciales que se celebren entre este año y el 2024, así como cualquier otro evento electoral, como un referéndum, que pusiese en peligro su permanencia en el poder. Es así como, en las sesiones del martes 9 y del jueves 11 de febrero, la Asamblea Nacional juramentó a todos los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, y para el próximo 21 de abril se espera que esta comisión de postulaciones presente ante la plenaria del Parlamento los nombres de los candidatos a rectores preseleccionados.

En paralelo, el régimen emprende una importante ofensiva contra los gobiernos que han aplicado sanciones a Venezuela, en especial contra los Estados Unidos, en la que se pretende responsabilizarlos de la crisis humanitaria y la migración masiva. Esta campaña, en la que se combinan los esfuerzos de lobbiests internacionales, gobiernos y funcionarios que simpatizan o son aliados al régimen, e intereses de actores nacionales, tiene una doble utilidad: la de transferir la responsabilidad y los costos políticos de la crisis social y económica generada por las políticas gubernamentales a terceros, para lograr, como ganancia adicional, la reducción de la presión que se deriva de tales sanciones. La expresión más tangible sobre esta ofensiva contra las sanciones la tenemos en las declaraciones de la relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, al finalizar su visita al país, en las que se destaca que las “las sanciones unilaterales de EEUU y la UE han exacerbado las calamidades reportadas” a lo cual el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, Juan González, respondió, asegurando que la administración Biden no tiene planeado levantar sanciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, pese al exhorto de la relatora de la ONU a removerlas.

Mientras tanto, el régimen avanza en los diálogos selectivos con algunos sectores, como el empresarial, que, al igual que hizo con una diversidad de partidos políticos minoritarios de cara a la pasada elección parlamentaria, pretende cooptar y dividir valiéndose del control sobre tres importantes fuentes de poder: el control del gobierno (independientemente de su legitimidad, gracias al control institucional y del aparato represivo), el control de las reglas de juego, que es rol principal de la Asamblea Nacional, y el control de los recursos del Estado.

En consonancia con la estrategia implementada, se espera que continúe alimentándose la narrativa contra las sanciones y quienes las implementan o defienden, así como el “marcaje” y las descalificaciones contra todos quienes se conviertan en voceros incomodos para el gobierno y sus interlocutores. Asimismo, cabe esperar que Maduro utilice su tiempo en la Asamblea de Naciones Unidas para posicionar esta narrativa, que se reforzaría con la inclusión de otros “voceros independientes”, la fabricación de “informes técnicos” y “estudios de opinión pública”, sin mayor fundamento científico, con los que se pretende continuar la campaña contra las sanciones, poner a la defensiva al gobierno de Biden y a las democracias europeas, así como defender aquellas negociaciones con determinados sectores que resultan convenientes para el gobierno.

Como sucede con el pez, que no se entera que está en el agua hasta que se la sacan, para quienes participan en estos diálogos es importante no ignorar quien controla el agua, o sea el poder, así como las diferencias entre dialogar y negociar. En este sentido, tratemos de desmitificar algunas falsas concepciones sobre la negociación.

¿Qué es negociar?

Cuando hablamos de negociar nos referimos a la interacción entre actores (individuos u organizaciones) cuya finalidad es explorar la posibilidad de un acuerdo que les permita, a través de la cooperación y la coordinación de sus acciones, lograr algo que es superior o mejor que lo que ya tienen o pueden conseguir por otros medios.

¿Es lo mismo dialogar, negociar o mediar?

No. Dialogar se refiere a la comunicación en la que dos o más personas realizan un intercambio de información u opiniones, alternándose el papel de emisor y receptor.​ En una negociación hay comunicación, se dialoga, pero el diálogo, a diferencia de la negociación, no tiene como objetivo la exploración de un posible acuerdo. Mientras que cuando hablamos de mediación nos referimos a una metodología de negociación asistida en la que interviene un tercero para ayudar a las partes a alcanzar un acuerdo. Tanto en la negociación directa como en la asistida (mediación) la resolución de un conflicto depende de la voluntad de las partes.

¿Es posible una transición negociada entre el oficialismo liderado por Maduro y la oposición liderada hoy por Guaidó?

No, mientras las condiciones del juego no cambien. Si mediante la negociación (directa o asistida) las partes buscan alcanzar un acuerdo que les permita, a través de la cooperación y la coordinación de sus acciones, lograr algo que es superior o mejor para ambos que lo que ya tienen o pueden conseguir por otros medios, lo que tienen hoy o lo que pueden hacer sin la cooperación del otro (lo que en negociación se conoce como las alternativas de las partes) hace la diferencia entre poder o no alcanzar un acuerdo. La relación entre el régimen liderado por Maduro y la oposición ha sido totalmente asimétrica a favor del régimen que controla el poder, razón por la cual para el régimen el statu quo resulta más favorable que cualquier cambio político derivado de un acuerdo, que implicaría, a fin de cuentas, un cambio en el equilibrio de poder desfavorable para el régimen.

¿Es posible un acuerdo negociado entre el régimen y otros actores o sectores de la oposición?

Sí, pero dentro de ciertos límites. Y fuera de esos límites está todo lo que abone a una posible transición política. Cuando hablamos de sectores o actores de oposición nos referimos a los que se oponen a quienes hoy ocupan el poder y buscan un cambio de gobierno. A partir del momento en que el oficialismo ha dejado de ser mayoría, el régimen ha recurrido a la inhabilitación de candidatos y partidos y a una estrategia de fragmentación de la oposición y, en consecuencia, de dispersión del voto opositor, que dió al oficialismo más del 90% de los parlamentarios, y que hoy, ante el atractivo aún mayor de las elecciones regionales y municipales, se vuelve a perfilar como la estrategia electoral a ser implementada por el régimen. En este sentido, la negociación entre gobierno y algunos actores o partidos de oposición se implementa como estrategia de división, en la que los acuerdos incluirán el facilitar las condiciones de participación para ampliar el número de candidatos que compiten contra la unidad oficialista en cada circunscripción, e incluso se podría llegar a sacrificar algunos espacios subnacionales, pero nunca nada que implique poner en riesgo el control del poder a nivel nacional.

¿Es posible un acuerdo negociado entre el régimen y otros sectores de la sociedad civil?

Sí, pero también dentro de ciertos límites. Y fuera de esos límites está lo político. Es predecible que el régimen tenga disposición a negociar acuerdos, por ejemplo, con el sector empresarial, que permitan paliar los efectos de la caída de los ingresos del Estado, deshacerse de algunas empresas improductivas o costosas que están en sus manos, transferir la prestación de servicios públicos, o generar fuentes de renta para actores esenciales de los que depende la sustentabilidad del régimen, entre otros que impliquen un balance costo/beneficio favorable a la gobernabilidad del sistema. A todo evento, la viabilidad y sustentabilidad de tales acuerdos queda en manos del gobierno que puede usarlos como mecanismos clientelares para garantizarse la sumisión de los sectores más dependiente de tales acuerdos.

¿Los acuerdos tempranos en áreas ajenas a la política ayudan a construir confianza y a alcanzar acuerdos en lo político?

No necesariamente. Como deciamos, una transición negociada no es posible mientras las condiciones del juego no cambien y no sea el gobierno quien necesite de tal negociación. Algunos alegan la construcción de confianza como una ventaja de estos acuerdos tempranos, y ciertamente ello puede lograrse a través de la implementación de negociaciones progresivas. Pero la construcción de confianza no es irreversible, y se revierte cuando los intereses de las partes comienzan a diferir y pasamos de la cooperación conveniente a la negociación de aquellos asuntos que coliden con el interés principal del régimen, que es el de mantener el poder político, con el inconveniente adicional de que al haber sido negociados aquellos temas en los que el régimen tiene interés, los más dificiles, como el político-electoral, quedan en una situación mucho más dificil para ser negociados al no haber otros asuntos que permitan compensar por su importancia para la élite gubernamental.

¿Cómo se garantiza el cumplimiento de los posibles acuerdos que como resultado del diálogo se alcancen tanto en lo político como en otras áreas?

No hay garantía. En este caso, el cumplimiento de los acuerdos depende de las partes, y en especial de quién detenta el poder. La diferencia esencial entre un régimen democrático y uno autoritario está en la distribución del poder. En una democracia el poder se distribuye entre varias instancias autónomas, que incluye un entramado institucional y los canales para el ejercicio de la soberanía ciudadana. En el caso de un régimen autoritario el poder no se distribuye en un entramado de instituciones autónomas y menos aún se permite depender de la voluntad de sus pueblos. Sino fuese así no tendrían la necesidad de ser autoritarios. En tal sentido, mientras un régimen autoritario ocupa el poder no hay garantía de cumplimento de los acuerdos políticos ni de ninguna naturaleza, ya que todo depende de la voluntad y conveniencia de quien gobierna. Para que haya garantías es necesario redistribuir el poder entre un entramado institucional que sea autónomo y que pueda, por lo tanto, garantizar la vigencia de acuerdos, leyes o reglas, y ello implica, en esencia, un cambio de régimen.

¿Qué cabe esperar de los actuales procesos de diálogo emprendidos por la Asamblea Nacional y algunos sectores?

Primero, lo que no cabe esperar son cambios en lo político, incluyendo un Consejo Nacional Electoral equilibrado, así como tampoco elecciones libres y democráticas. Lo que sí cabe esperar son algunos acuerdos parciales o sectoriales que sí interesan al régimen, como son los relacionados con la atracción de inversiones hacia algunas actividades que generen recursos al Estado, y que se harán tras un velo de confidencialidad provisto por la ley anti-bloqueo y las demás que a estos fines se promulguen gracias al control de la Asamblea Nacional. Asimismo, cabe esperar acuerdos que permitan la generación de recursos en los que participan actores esenciales para el sostenimiento del régimen, la entrega de concesiones en servicios o actividades que el Estado no puede proveer, la reactivación de algunas empresas previamente expropiadas que hoy se encuentran improductivas, así como en todo lo que pueda contribuir a generar una sensación de normalización. Asimismo, en las actividades no empresariales, como las desarolladas por algunas ONGs, sería posible cierto margen de flexibilización para el desarrollo de sus actividades, siempre que éstas se mantengan al margen de lo político y, en algunos casos, como el de las organizadas para la asistencia social o humanitaria, bajo la condición de que se apeguen a criterios impuestos desde el régimen, que obedecerán siempre a razones político-clientelares. En esta dinámica habrá negociaciones sectoriales, pero también muchas negociaciones individuales, con las consecuentes dinámicas de corrupción y cooptación, lo que generará grandes asimetrías que serán evidentes entre actores de un mismo sector, pero sobre todo en los contrastes de la calle entre quienes sobreviven y quienes se enriquecen. De estos procesos no cabe esperar ningún cambio de modelo ni un milagro económico, y ni tan siquiera algún nivel significativo de crecimiento, por lo que la mayoría de la población seguirá emprobreciéndose.

¿De qué depende el éxito de una negociación política?

El éxito de una negociación política, entendido como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita el retorno a la democracia, depende de las alternativas que tenga el régimen. Mientras el régimen esté en capacidad de mantener el poder y la oposición no tenga la capacidad de disputarselo, no habrá razones para que el régimen negocie una transición política ni nada que ponga en riesgo su continuidad en el poder. Por lo tanto el éxito de una negociación política depende de lo que está sucediendo fuera de la mesa de negociación, o sea de las condiciones que han obligado a la élite gubernamental a sentarse en la mesa ante la expectativa de perder el poder sin tener la oportunidad de negociar sus condiciones para facilitar el proceso.

¿Cómo prepararse para una negociación política que nos lleve a la democracia?

Prepararse para una negociación política exitosa implica que las alternativas que el régimen tenga fuera de la mesa de negociación no sean más atractivas que las que se deriven de un potencial acuerdo. Implica un cambio en las expectativas que el régimen tiene sobre su capacidad para sostenerse en el poder que lo obligan a considerar la conveniencia de cooperar. Para ello es necesario que se produzca un cambio en el equilibrio de poder entre el gobierno y la oposición para pasar de una situación de asimetría que es favorable al gobierno a una que sea favorable a la oposición, o al menos de mayor equlibrio entre las partes. Ello implica, necesariamente, una reducción en el poder que detenta la élite gubernamental, un aumento del poder de la oposición, o ambas cosas en simúltaneo. Tales cambios en el balance de poder se han dado de maneras diversas, pero casi siempre han implicado un debilitamiento de la cohesión interna del régimen y la movilización de las fuerzas democráticas como consecuencia de un cambio de expectativas, en el que los liderazgos opositores tienen una responsabilidad principal.

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