Benigno Alarcón Deza

El nombramiento de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado martes, como producto de un consenso inédito en la Asamblea Nacional, que se hizo a toda costa y violando buena parte de las normas establecidas en la Constitución vigente y en la Ley Orgánica del Poder Electoral, y en el que ni debate hubo sobre la lista de los 67 postulados a rectores en la plenaria, mientras los 15 favorecidos ya estaban “de saco y corbata”, sentados en el hemiciclo del Palacio Legislativo para su juramentación, encendió la polémica entre quienes apoyan y quienes no este nombramiento. Algunos lo ven, incluso, como un triunfo sobre el gobierno, producto de la negociación emprendida por Capriles y “la mesita”, o sea, los partidos minoritarios que negociaban con el gobierno, en paralelo a la mediación facilitada por los noruegos, su participación en las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre en lo que se conoció como la Mesa Nacional de Diálogo.

La realidad es que el nuevo Consejo Nacional Electoral no es equilibrado ni imparcial, como algunos maliciosamente han afirmado, aunque sí representa un modesto avance en su constitución, si se le compara con las directivas previamente elegidas. No es equilibrado porque la gran mayoría de sus miembros provienen de los partidos que apoyan a Maduro o han ocupado cargos en el gobierno. Si se saca la cuenta desde los rectores principales, tres de los cinco, comenzando por su nuevo presidente, Pedro Calzadilla, quien viene de ser ministro de Cultura con Chávez (2011-2013) y ministro de Educación de Maduro (2013-2014), son figuras provenientes de las filas del chavismo. Si, por el contrario, sacamos la cuenta desde la totalidad de los rectores tanto principales como suplentes, la proporción es 2 a 1, o sea, 10 rectores provenientes del oficialismo vs. 5 apoyados por Capriles y los partidos de “la mesita”. Esta proporción 2 a 1 es la que privó en la constitución de los órganos subordinados, o sea, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral, y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, en las que hay dos rectores vinculados al oficialismo y uno apoyado por otras fuerzas, quedando dos de los cinco suplentes no oficialistas sin cargo.

Menos puede hablarse de un Consejo Nacional Electoral imparcial, como demanda el artículo 26 de la Constitución vigente y el 9 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, que señalan que éste estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos, lo cual, evidentemente, no es el caso.

El avance más importante que los defensores del nuevo CNE posicionan como un triunfo es el nombramiento de los rectores a través de la Asamblea, lo que solo ha ocurrido en tres de los ocho directorios nombrados desde que el chavismo llegó al poder (2006, 2009, y ahora en el 2021), siempre, y no por casualidad, bajo parlamentos en los que el gobierno controla más de los dos tercios necesarios para su designación.

Cuando el artículo 296 de la Constitución vigente y el 8 de la Ley Orgánica del Poder Electoral establecen que los rectores sean nombrados con el voto favorable de dos terceras parte de la Asamblea Nacional, lo que se busca, precisamente, es que la designación sea producto de la negociación entre las fuerzas representadas en el Parlamento. Pero cuando para tales designaciones una fuerza política, en este caso el oficialismo, cuenta con todos los votos que necesita para hacer el nombramiento que le resulte más conveniente, lo que negocia el régimen no es la composición ni el control del organismo electoral, que puede imponer unilateralmente, sino otras contraprestaciones a cambio de la concesión de uno o algunos rectores para la oposición.

Lo primero que entonces debe quedar claro es que con la nueva designación de rectores, el gobierno no ha renunciado al control del Consejo Nacional Electoral, ni de ninguno de sus órganos subalternos, e incluso, consciente de los peligros que implica un rector principal menos, se cuidó de mantener la ventaja en los órganos subalternos y el orden de sucesión de los suplentes, en caso de que se produzca la salida de uno de los rectores.

¿Para qué el gobierno negocia la composición del CNE?

Pero, si el gobierno no necesitaba negociar la designación de rectores del CNE, dado que controla mucho más de los dos tercios que necesita para ello, ¿cuál es la contraprestación a cambio de estos dos rectores principales y sus tres suplentes?

En designaciones anteriores, incluidas las impuestas por el Tribunal Supremo de Justicia, cada vez que el oficialismo no ha contado con la condiciones para hacerlo a través de la Asamblea Nacional, la presencia de rectores independientes o identificados con la oposición ha buscado generar algún nivel de legitimación de los procesos que facilite el reconocimiento de los resultados electorales tanto a nivel nacional como internacional. A este objetivo, que sigue siendo hoy en día esencial, se suman otros dos propósitos en la actualidad, las sanciones y la división de la oposición.

En relación a las sanciones, es evidente que el régimen intenta vender la nueva composición del CNE como un avance en la búsqueda de una solución negociada, como una medida de construcción de confianza que debe ser recíproca, mediante la moderación o eliminación de algunas de las sanciones impuestas al gobierno por la comunidad internacional. A las iniciativas encaminadas a ablandar la postura de la comunidad internacional, y en especial la de Estados Unidos, se suma una intensa campaña, de la que hemos hablado en anteriores editoriales, que incluye tanto a la cancillería venezolana como a aliados internacionales del régimen, además de algunos actores internos que se unen a la misma por sus propias motivaciones, que el régimen maniobra para exacerbar a través del racionamiento del gasoil o la supuesta falta de recursos para pagar las vacunas contra el COVID 19 e iniciar un proceso de vacunación masivo, que se explica desde la narrativa oficialista como consecuencias de las sanciones contra el país.

Considerando que lo que se haga con las sanciones es una decisión que depende enteramente de los actores externos, centremos lo que queda de este artículo en los actores internos.

En este sentido, es pertinente aclarar que la negociación de los rectores del CNE no incluyó a la oposición sino a una parte de ella, como es el caso de Henrique Capriles, quien venía negociando con el gobierno desde un poco antes de la última elección parlamentaria para incluir a su partido, La Fuerza del Cambio, en el tarjetón electoral si el gobierno aceptaba algunas condiciones como la postergación del proceso y la inclusión de la Unión Europea como observador electoral, a lo cual el gobierno se negó. El otro actor en esta negociación fueron los partidos de lo que se conoce como “la mesita”, orquestados, principalmente, por Timoteo Zambrano. 

Entre los partidos y actores que apuestan a la negociación con el gobierno hay una multiplicidad de motivaciones. Por una parte, están los que han sido cooptados, o sea, aquellos que no tienen interés en desplazar al gobierno, o lo consideran arriesgado o imposible, y lo que les interesa es participar en el gobierno a cambio de espacios de poder, acceso a recursos u oportunidades de enriquecimiento. Por la otra, están aquellos que no han sido cooptados, pero que aspiran a sustituir a la oposición mayoritaria a través de una elección.

Todo indica que la estrategia del gobierno no es la de preparar su salida, sino la de alcanzar un nuevo equilibrio que le permita estabilizarse en el poder, tras un período de cinco años, y en especial, el comprendido entre enero de 2019 y abril de 2020, que constituyeron un desafío importante a su continuidad. Para construir ese nuevo equilibrio, el régimen plantea su legitimación en el poder a través del uso controlado de la vía electoral, mediante un proceso para el que necesita fabricar una oposición a la medida,  o sea, una que, aun siendo el oficialismo minoría, no pueda derrotarlo.

El régimen necesita un Consejo Nacional Electoral bajo su control, capaz de  manejar el proceso haciendo equilibrio sobre la muy delgada línea que separa la legitimidad del proceso, de su control para eliminar cualquier incertidumbre o riesgo sobre sus resultados.  Para ello, es posible que el régimen, a través de sus representantes en el CNE, esté dispuesto a otorgar tantas condiciones como sea posible, lo que incluye la negociación de algunos rectores, pero sin poner en riesgo el resultado electoral deseado. Pero para reducir los riesgos, es necesario que lo que se otorgue en condiciones electorales, para eliminar los cuestionamientos de la comunidad internacional y de otros actores al proceso, se reste de la competitividad electoral de la oposición.

La estrategia para restar competitividad electoral a la oposición implica, como en las parlamentarias del pasado 6 de diciembre, generar abstención y fraccionamiento del lado opositor. La abstención se genera mediante la inhabilitación de algunos partidos y candidatos mayoritarios, con capacidad para mover votantes, alimentando las dudas sobre la utilidad del proceso para producir un cambio, para lo cual la manipulación de la información en las redes sociales es una herramienta esencial que potencia la acción de los mismos partidos, líderes y electores que llaman a no votar.

Pero la parte más importante de la estrategia del régimen está en el fraccionamiento del voto opositor, mediante un proceso de clientelismo político competitivo-electoral, que busca bajar las barreras para la participación, atrayendo al mayor número de participantes posibles a los fines de dificultar la coordinación y cooperación para alcanzar postulaciones unitarias, y lograr el efecto de dispersión del voto que le permitió al oficialismo quedarse con la casi totalidad de la Asamblea Nacional en la pasada elección.

Para la estrategia electoral del oficialismo, los partidos y candidatos cooptados y los que no habiendo sido cooptados, se separan del resto de la oposición para tratar de convertirse en la nueva oposición por la vía electoral, se constituyen en piezas clave para la fabricación de una oposición a la medida, o sea, una con la que se puede negociar el nombramiento de un rector a cambio de defender y participar en el proceso electoral, pero que no representa una amenaza real, bien porque una parte de ella ha sido cooptada, o porque la que no, no cuenta con la capacidad para derrotarlo electoralmente, pero contribuye a legitimar el proceso electoral y a dividir y debilitar a la misma oposición. La entrada de los nuevos rectores al CNE, algunos de los cuales conocemos, respetamos y les deseamos éxito en sus gestiones por devolver la integridad al proceso electoral, no implica, per se, un cambio de condiciones electorales. La estrategia del gobierno, como hemos dicho muchas veces, sigue siendo la de dividir para ganar.

En lo personal, no creo que todos los partidos y actores que han participado en este proceso lo hagan de mala fe, mirando únicamente por sus intereses, atendiendo a sus ambiciones o estimulados por egos que les hacen pensar que si ellos están en la jugada, tendrán éxito. Creo que algunos de estos actores pueden estar allí convencidos de que hacen lo correcto, de que la negociación electoral es el único camino posible, que el nombramiento del nuevo CNE es una señal de que se avanza, un triunfo temprano, una primera derrota al gobierno. Lamentablemente, los errores de cálculo del liderazgo no son solo costosos para ellos, sino para todo el país. Es un lujo que un líder responsable no puede permitirse una y otra vez.

La realidad es que el nombramiento del CNE no es un triunfo de la sociedad civil ni de unos pocos líderes  sobre el gobierno, sino que, como en el ajedrez, es la concesión de una pieza, cuyo riesgo está medido, y que podría convertirse en el jaque mate del gobierno a la unidad opositora, si con ello el régimen logra que lo electoral funcione para que las fuerzas democráticas terminen más divididas y debilitadas que nunca. El gobierno sabe bien que la división entre líderes de oposición generaría, irremediablemente, la fragmentación de los partidos de oposición y sus seguidores, así como la abstención electoral y el alejamiento de la lucha por la democracia de una buena parte de los opositores, que se sumarían a los que ya hoy no creen en ningún liderazgo.

El triunfo de la oposición solo sería posible si al nombramiento de estos rectores sigue la implementación de cambios que se tradujeran en un proceso que gozase de integridad electoral, lo que devolvería la confianza al voto y lograría el consenso en torno a una estrategia unitaria que permitiera derrotar al régimen e imponerle los resultados de la decisión soberana de la mayoría del país.

¿Es posible una transición electoral?

Para muchos opositores, es difícil creer en transiciones electorales, pero la realidad, como lo demuestra un gran número de casos en el mundo, es que los procesos electorales pueden servir para estabilizar gobiernos autoritarios, como es la pretensión del régimen liderado por Maduro, o para democratizar.

Los procesos de democratización por elecciones se dan, en ocasiones, porque son los mismos actores moderados del gobierno quienes tienen el control y quieren emprender una reforma para abrirse a un proceso de democratización por razones que van desde la expectativa de no poder mantener el control por mucho más tiempo, y las consecuencias de perderlo abruptamente sin poder negociar su amnistía, hasta las confrontaciones  internas que colocan a una parte de los actores gubernamentales del mismo lado de la oposición, no es el caso hoy en Venezuela; y en otros, porque el régimen comete un error de cálculo y se equivoca al creer que tiene la capacidad para ganar una elección o para controlar sus resultados, o estima que las elecciones le servirán para mantener a la oposición dividida, cooptando a una parte de ella mediante mecanismos de clientelismo político competitivo-electoral, como es su intención hoy en día.

Que una elección funcione para democratizar, más que de las condiciones electorales, depende de las fortalezas de la oposición. Depende de que exista un balance de poder que es favorable al sector democrático y una estrategia que hace imposible para el régimen usar la represión para lidiar con las consecuencias de perder una elección y desconocer sus resultados. Ello implica, como condición sine qua non, una oposición fuerte y unida.

Veintidós años han pasado desde la llegada de Chávez al poder. Veintidós años lleva la oposición fuera del poder intentando, infructuosamente, desplazar al chavismo una y otra vez, sin lograrlo a pesar de ser mayoría. Veintidós años que hemos visto a buena parte de los mismos actores perdiendo tiempo y energías en disputarse el liderazgo de la oposición entre ellos mismos, en vez de disputarle al régimen el liderazgo del país. Es tiempo ya de que los actores que pretenden liderar a la gran mayoría democrática y al país se enserien, se unan en un solo frente en torno a la causa democrática, y hagan a un lado los egos y la estupidez, demostrando que tienen la madera para convertirse en estadistas capaces de vencer los obstáculos que se  interpone en nuestro destino para retomar el camino de convertirnos en la gran nación que podríamos ser.