Benigno Alarcón Deza

Aun cuando se ha planteado que la nueva ronda de negociaciones entre gobierno y oposición que se inicia este viernes en México sea de tiempo limitado, son pocas las expectativas de que ocurra algún acuerdo. Mientras tanto, sigue avanzando el proceso electoral para noviembre, donde por una parte aún no está clara la estrategia definitiva opositora, y por otra, se han mostrado fisuras dentro de la dirigencia y militancia del PSUV producto de sus primarias

Negociación sin expectativas

¿Qué se puede esperar del proceso de negociación que se inicia hoy en México entre el gobierno y la oposición venezolana? Esa es la pregunta que la mayoría se hace ante una nueva ronda de conversaciones dirigida a resolver la crisis política, económica y social que se ha acentuado desde la llegada de Maduro al poder hasta la fecha.

Los actores nacionales y externos involucrados en este proceso saben que no habrá soluciones sencillas ni de corto plazo. Ya no existe la expectativa, ni internamente ni por parte de la comunidad internacional, de que ocurra un acuerdo que lleve a una transición hacia la democracia.

Hay quienes piensan que Miraflores aprovecha este escenario para montar un espectáculo, donde se le hace creer al mundo que en el país hay democracia, hay diálogo y más apertura que la que muestra la oposición, a la que el gobierno acusa de obstaculizar la participación de otros sectores, como los empresarios o las “otras oposiciones”, como Maduro las llama, cuando la realidad es que Maduro también se ha opuesto a que otros actores, como Diosdado o el sector militar tengan un silla en la mesa de diálogo.

Hasta ahora se conoce que la delegación oficialista estaría integrada nuevamente por el presidente de la AN-2020, Jorge Rodríguez, como representante plenipotenciario de Maduro; el hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro, y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez. Por la oposición encabeza la delegación Gerardo Blyde, abogado constitucionalista, quien cuenta con el apoyo del G4+ y Juan Guaidó; Aquiles Moreno, como delegado de Henry Ramos por Acción Democrática; Claudia Nikken por la sociedad civil; Tomás Guanipa, como representante de Primero Justicia; y Stalin González, con el aval de Henrique Capriles.

Aunque para algunos analistas el régimen hoy está más interesado que nunca en este proceso de negociación, no hay que olvidar que jamás se ha negado a dialogar, siempre con objetivos muy distintos al de facilitar una transición democrática, que es y ha sido el propósito final de la oposición y sus aliados, y con costos políticos muy elevados para el sector democrático tras cada intento fallido.

Para el gobierno, desde el 2002, el diálogo ha sido un mecanismo táctico de contención del conflicto en momentos de relativa debilidad, mediante el cual ha logrado ganar tiempo, superar momentos difíciles y restar impulso al timing de las ofensivas de sus opositores.

De cara a este proceso,  Maduro necesita lograr el reconocimiento de su legitimidad y de sus instituciones, comenzando por su Asamblea Nacional, cuyo presidente encabeza las negociaciones. Lo ha planteado como pre-condición para sentarse, junto al levantamiento de las sanciones a fin de aliviar sus finanzas.

A todo evento, si bien es cierto que las sanciones se constituyen en la presión más importante sobre el gobierno y el único punto de apalancamiento para los actores democráticos en este momento, esta negociación continúa siendo un proceso asimétrico, en el que la oposición es el actor con menos poder y el que más necesita de un acuerdo. Asimismo, la experiencia en procesos previos, como el más reciente que tuvo lugar entre Oslo y Barbados, cuando las amenazas para la estabilidad del régimen eran mucho mayores a las actuales, pareciera indicar que nada que arriesgue el control del poder por la élite gubernamental tendría el potencial para constituirse en un acuerdo posible, al menos por ahora, y mientras su estabilidad no se vea comprometida por otros factores fuera de la mesa de negociación. Es por ello que hay pocas expectativas en torno a lo que pueda suceder en México en los próximos días, e incluso, los analistas más optimistas tienen opiniones ambiguas y no se atreven a apostar por el éxito de este nuevo intento.

El dilema de las regionales

Hay quienes consideran que, a más tardar, el 15 de octubre los equipos negociadores deberían plantear una definición del escenario nacional. Pero, la realidad es que resulta muy poco probable que en esta oportunidad salga humo blanco. En todo caso, aunque el venidero proceso electoral no es el propósito de las negociaciones de México, el resultado de los primeros intercambios, que comienzan el día de hoy, podrían afectar el proceso electoral convocado para el 21 de noviembre, donde se elegirán los gobernadores y alcaldes para el período 2021-2025.

A pesar de que este lunes 9 de agosto comenzó la etapa de postulaciones –la cual cierra oficialmente el 29 de agosto- aún la oposición mayoritaria liderada por el G4+ no ha decidido si participará. Según datos aportados por la encuesta realizada por la empresa Delphos para el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEPyG) de la UCAB, Juan Guaidó sigue siendo el actor con mayor peso en la decisión de los electores opositores sobre votar o no.

Vale la pena señalar que el pasado martes, Ramón José Medina y José Luis Cartaya, presidente y secretario general de la MUD, respectivamente, hicieron un llamado a la oposición a participar en las elecciones regionales y municipales con la tarjeta de la Unidad, planteando que los candidatos a representarla sean electos bien por primarias, por consensos o a través de encuestas.

Sin embargo, ya las primarias estarían descartadas porque el tiempo que queda para postular es muy corto. Probablemente los candidatos se elegirían por consensos negociados con el apoyo de algunas encuestas. En todo caso, hay muchos cabos sueltos en la oposición para una decisión firme en torno al método de escogencia de candidatos.

Un escenario intermedio implicaría una participación selectiva. Es decir, la oposición podría lanzar candidatos en –hipotéticamente- 50 municipios y 4 estados,  y ganar en todos o en la mayoría. Esto significaría trazar una estrategia realista y concentrar los esfuerzos donde hay posibilidades reales de alcanzar consensos y tener éxito. Eso podría llevar a una correlación significativa de fuerzas si el esfuerzo se concentra en los estados y municipios de mayor peso. Es decir, si la dirección opositora se reconstituye y se enfoca en zonas con posibilidades de triunfo sin crear expectativas exageradas, se crea un ambiente favorable para la conquista de algunos espacios importantes.

Primarias oficialistas fallidas

Aunque al parecer no hubo monitoreo por parte de la oposición de las primarias realizadas por el PSUV el pasado domingo 9 de agosto, lo que ha trascendido por unos datos aportados por Nicmer Evans es que de una supuesta militancia conformada por más de 8 millones de ciudadanos, votó menos de 1 millón; es decir, 13%, a pesar de los mecanismos de coerción aplicados por el gobierno.

Uno de los aspectos que más destacó de estas primarias oficialistas fue la cantidad de eventos de violencia que se dieron en todo el país, tratándose de la militancia del partido de gobierno. Solo el domingo, algunos grupos de seguimiento contabilizaron 41 episodios, lo cual está vinculado no solo con la fragmentación por el liderazgo oficialista, sino también con un importante debilitamiento del control del PSUV y su lógica clientelar. Por otra parte, se observó un evidente rechazo hacia los gobernadores de origen militar, lo que llevaría hacia una decantación de liderazgos en la organización.

Pese a los resultados de las primarias del pasado domingo, y a la supuesta participación de 3.5 millones de personas en el proceso, según las cifras oficiales, aún no se definen las candidaturas del PSUV porque, según lo afirmado por el mismo Freddy Bernal, el partido tiene la última palabra.

Esta dinámica violenta y de desconocimiento de la voluntad de quienes participaron en estas primarias podría proyectarse de cara a los comicios de noviembre, lo que perjudicaría la percepción de los electores sobre lo que está por venir. Asimismo, la cantidad de irregularidades que se presentaron en el proceso, el uso y abuso de los recursos del Estado para promover las candidaturas particulares, entregas de dólares y cajas CLAP como incentivos para votar por una u otra opción, deja mal parado al Consejo Nacional Electoral, como organizador de este proceso, desde donde se ha tratado de impulsar una nueva imagen y la garantía de una mejoría en las condiciones electorales.