Alex Fergusson

La diáspora de alrededor de seis millones de venezolanos, ha sido noticia de primera plana en el mundo y con muy buenas razones. Sin embargo, salvo casos puntuales noticiosos, el fenómeno había sido tratado como el de un colectivo homogéneo, sin distinciones de raza o género.

Recientemente tuve el gusto de participar en un foro promovido por el Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre, coordinado por la Embajadora Carmen Martínez de Grijalva. Allí, la doctora Haydee Martínez de Osorio, consultora para diversas organizaciones internacionales en Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos de la Niñez y las Mujeres, como el PNUD, la OIT, la UNICEF y ONUMUJERES en Venezuela, presentó el tema “Mujer venezolana y migración forzada  2000-2022”.

Además de la calidad de la presentación y su contenido, llamó mi atención el importante  efecto de visualización de la condición de las mujeres y las niñas migrantes que, hasta el momento, no había sido puesta de relieve con tanta claridad.

Comenzó recordando las palabras de Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, según las cuales y …“de acuerdo con el principio internacional de la responsabilidad compartida, toda la comunidad internacional debe responsabilizarse de la segunda crisis de movilidad humana más grande del mundo. Las organizaciones de la sociedad civil, los defensores y las defensoras de los derechos humanos y las organizaciones internacionales proporcionan ayuda indispensable a las personas venezolanas en las situaciones más precarias, pero los Estados deben garantizar que se protejan los derechos humanos a estas personas, especialmente las más vulnerables a la violencia y a la discriminación como las mujeres y las niñas”.

También nos recordó que el concepto de Migración Forzada se refiere, de acuerdo a la Organización Internacional de Migración (OIM), a la “acción realizada por cualquier persona que emigra para escapar de la persecución, el conflicto, la represión, los desastres naturales y provocados por el hombre, la degradación ecológica u otras situaciones que ponen en peligro su existencia, su libertad o su forma de vida”.

Por su parte, las cifras presentadas son reveladoras de una condición de la diáspora que no ha sido muy visibilizada. Por ejemplo, solo a la sub-región andina han migrado unos 4 millones de venezolanos del total de 6 millones que señalan las estadísticas. De ese conjunto, más de la mitad (el 56,4 %, es decir, 2.256.000) son niñas (464.000) y mujeres (1.792.000), mientras que el 43,6 (1.736.000) restante son varones (412.000 niños y 1.324.000 hombres). Además, el 66 % de esas mujeres migrantes son jóvenes entre 18 y 34 años de edad. El tercio restante tiene entre 35 y 54 años, y solo el 5% son mayores de 55 años.

Así que, no solo estamos perdiendo una buena parte de la generación del futuro, sino también el cúmulo de habilidades, competencias y capacidades que son propias, únicas e invaluables en la mujer.

En otro aspecto, también se mostró que las principales necesidades de las mujeres migrantes fueron y siguen siendo: obtener ingresos/empleo; lograr apoyo jurídico y asistencia en trámites documentales, y finalmente, ayuda médica. Por otra parte se identificaron las mayores dificultades que se presentan durante el viaje migratorio, como: la falta de recursos; la carencia de comida y agua; la falta de medios de transporte y la falta de información suficiente y adecuada. Finalmente, se pusieron en evidencia los factores de riesgo a los cuales se enfrentan, especialmente la violencia y la discriminación. Respecto al primer factor, se señala la violencia física (35%); la violencia verbal (25%); la violencia psicológica (11%) y la violencia sexual (10%). Con referencia al segundo factor de riesgo, un 40% de las mujeres dijo haber sufrido de discriminación, la mayoría de las veces por motivo de su nacionalidad.

Como podemos ver, todo lo dicho destaca la necesidad de trabajar para disminuir los factores de riesgo y las dificultades que aumenten las vulnerabilidades de niñas y mujeres migrantes o refugiadas, y se proteja el ejercicio de sus derechos humanos, basados en los instrumentos internacionales existentes, entre ellos, el Pacto Mundial de Población.

Así que es imperioso, profundizar en el proceso de conocer e identificar las afectaciones y vulneraciones a las que son sometidas las personas en movilidad, los obstáculos legales y administrativos que enfrentan para ejercer sus derechos humanos, así como las medidas y acciones, o la falta de ellas, para proteger, brindar ayuda humanitaria y asegurar el acceso a servicios básicos.  Además, el monitoreo u observación de las situaciones descritas, son fundamentales para realizar acciones de apoyo legal, basadas en la evidencia, para restituir los derechos violados o reparar los daños y evitar la repetición de los hechos, pues los derechos de las mujeres y niñas migrantes son una realidad invisible que es urgente documentar. Por eso es necesario continuar abogando y promoviendo la formulación de políticas migratorias que garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes y sus familias, pero con especial atención el de mujeres y niñas, pues ellas conforman, no solo el grupo mayoritario de los migrantes, sino el más vulnerable.