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Servicios públicos: otro rostro de la inequidad social

Tomada de Healy Times

Trino Márquez

El colapso generalizado de los servicios públicos en todo el territorio nacional –que diferentes investigaciones demuestran con meridiana claridad- constituye, junto a la alta y persistente inflación, el factor que más degrada la calidad de vida de los venezolanos, acentúa los desequilibrios sociales y delata la ineptitud del régimen político que se instala en 1999.  El chavismo y su secuela, el madurismo, representan un evidente retroceso con relación a los logros alcanzados durante los cuarenta años de vida democrática.

A partir del derrocamiento de la dictadura impuesta por Marcos Pérez Jiménez, el 23 de enero de 1958, el liderazgo político nacional se propone asentar la naciente democracia en dos plataformas básicas: la política, con la elección de las autoridades públicas a través del voto universal y secreto, y el respeto a la voluntad popular, lo cual permitiría la alternancia en el poder, si así lo decidía la mayoría de los ciudadanos; y la inclusión social, mediante políticas universales en educación, salud, seguridad social y servicios públicos como la electricidad, el acceso al agua potable, la telefonía, la construcción de vías de comunicación. En su conjunto, los avances en esas esferas permitirían elevar la calidad de vida global de la población. Sobre estos criterios –también habría que incluir el resguardo a la propiedad privada y a las libertades civiles- los demócratas venezolanos se propusieron construir un modelo alternativo al totalitarismo comunista que estaba implantando Fidel Castro y sus camaradas en Cuba, bajo las banderas de la igualdad y la fraternidad.

El Pacto de Puntofijo, los acuerdos obrero patronales firmados entre Fedecámaras y la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) en 1958 y, finalmente, la Constitución de 1961, le dieron forma al Estado Democrático y Social de Derecho, proyecto que sintetiza las aspiraciones de la élite política, sindical y gremial que conduce el tránsito de la dictadura a la democracia. Dentro de los parámetros establecidos en los documentos señalados, a partir de 1958 se eleva la inversión en un amplio conjunto de rubros que inauguran nuevas áreas, o fortalecen y expanden los logros alcanzados durante las décadas anteriores. Se inicia una etapa de mejoramiento generalizado de las condiciones de vida de los venezolanos, expresada pocos años después en el surgimiento de una amplia clase media, y en la reducción significativa de la pobreza relativa y la pobreza crítica.

La mayoría de la población, hasta 1999, llegó a disfrutar de servicios de calidad. En Caracas, el Metro y el Metrobús fueron  medios de transporte que unieron a los ciudadanos de Este a Oeste y de Norte a Sur, reduciendo los contrastes sociales. En el Metro podía verse desde el alto ejecutivo hasta el modesto trabajador de una empresa pública o privada. Para contar con electricidad, no había que vivir en un lujoso edificio cuyos propietarios estuviesen en capacidad de gastar miles de dólares en la compra de una planta eléctrica. Para surtirse de agua a diario y de forma permanente, no había que contratar una empresa que perforara el suelo para llegar a pozos profundos. Para conectarse a internet y disponer de ese servicio con regularidad, no había que buscar una compañía privada y pagarle a precios internacionales, en un país con un ingreso promedio mensual miserable. La Cantv, aunque estaba en manos particulares, proveía la conexión a cifras módicas. Las universidades autónomas nacionales, a pesar de que se quejaban de los presupuestos anuales por deficitarios,  funcionaban con holgura, satisfacían las demandas básicas de los docentes, estudiantes y empleados, y servían como mecanismo de ascenso social.

Los estudios más recientes que conozco –destaco los del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP) y los de Consultores 21- muestran un país desvencijado, en el cual la gente resiente que su calidad de vida se ha envilecido porque ninguno de los servicios requeridos en su vida cotidiana funciona de forma eficaz. Aunque existen algunas diferencias regionales según el servicio que se considere, siendo las zonas más castigadas el estado Zulia y la Región Oriental, en general la nación se encuentra arruinada. Más de 70% de la población, en promedio, se queja  de la baja calidad de la educación que reciben los niños y jóvenes, el deterioro de los centros de salud públicos, la electricidad, el agua, la recolección de basura, el transporte colectivo, las vías de comunicación y la conectividad a internet, indispensable para atenuar los efectos letales del coronavirus en el sistema escolar. Venezuela se ha empobrecido de forma uniforme e integral. Este fenómeno ocurre, aunque existan los grupos minoritarios con acceso a dólares de forma regular y suficiente, que pueden acceder a esos servicios sin mayores dificultades.

El viejo proyecto democrático –universal, inclusivo e igualitario- se fue a pique con el gobierno de Nicolás Maduro. Del Estado Social de Derecho –diseñado en la Constitución de 1961 y reafirmado en la Carta de 1999- no queda sino una caricatura, que se ve en las irrisorias ayudas económicas que ocasionalmente otorga el gobierno y en las cajas CLAP, que de vez en cuando reciben algunos sectores. 

Entre los grandes desafíos de la reconstrucción nacional se encuentra volver a convertir los servicios públicos en un mecanismo para propiciar  la equidad social.

             @trinomarquezc

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