Benigno Alarcón

Recientemente, el gobierno sorprendió con la detención de una alcaldesa en el Zulia por tráfico de drogas, así como de otros funcionarios regionales y dos generales que comandaban las ZODI de Anzoátegui y Trujillo, respectivamente. A esto se agrega la muerte del Koki en una operación policial realizada el pasado fin de semana. En paralelo, si bien algunas instancias internacionales tratan de propiciar el regreso a la mesa de diálogo, el gobierno continúa con la negociación, pero no precisamente en México, sino internamente y con quien conviene, del reparto de la torta del Tribunal Supremo de Justicia

En estos primeros días de 2022, el mundo ha estado sometido a una fuerte tensión. A nivel internacional, la amenaza de Rusia de invadir a Ucrania ha puesto a correr a los gobiernos de Europa, de Estados Unidos y a organizaciones  como la Unión Europea, la OTAN y la ONU. No obstante, las repercusiones de esta crisis que podría llevar a una guerra, también se sienten en América Latina, especialmente en países como Colombia y Venezuela por la injerencia rusa en lo político y militar.

Si nos centramos en Venezuela, estas semanas han estado marcadas por sucesos que parecieran no estar conectados, pero que, en realidad, podrían formar parte del proyecto del gobierno de mantener y fortalecer su autoritarismo. Por una parte, está la Operación Mano de Hierro donde sorprendieron las detenciones de la alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, Keyrineth Fernández, vinculada con Diosdado Cabello, por supuesto tráfico de drogas. Lo mismo ocurrió con el alcalde del municipio Independencia, en Anzoátegui, Carlos Vidal, y el exalcalde de Cantaura, igualmente en Anzoátegui, Daniel Haro, por presunto contrabando de gasolina. Por estas operaciones están detenidas 17 personas más.

Paralelamente a esto, se anuncia la detención de dos generales del ejército venezolano: Lenin Herrera, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Trujillo; y Marcos Tulio Álvarez, comandante de la ZODI Anzoátegui. Aquí hay un hilo vinculante: ambos oficiales son muy cercanos al ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López.

Inicialmente se sabe que Herrera tenía un fuerte conflicto con el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, desde antes que éste asumiera la gobernación. Llama la atención que el gobernador Márquez prohibió a sus funcionarios asistir a la toma de posesión del nuevo comandante de la REDI Trujillo, general Donato Tenore Damiani, “por problemas éticos y políticos”. Damiani, después de 1992, fue conocido como uno de los centauros de la revolución. Por su parte, el general Álvarez estuvo buen tiempo en el Palacio de Miraflores.  Luego pasó a la zona oriental como comandante de la ZODI.

Considerando la evidencia de que son muchos quienes se mantienen cercanos a la cúpula del régimen, pese a conocerse su vinculación directa con actividades como el contrabando de combustible, estas detenciones, más que como una operación anticorrupción, lucen como un ajuste de cuentas entre élites gubernamentales, como las que representan Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Otros interpretan que las órdenes de detención vienen directamente de la presidencia, como un intento de mayor control político por parte del gobierno que estaría considerando que, tras derrotar a la oposición, es el momento de poner orden para consolidar el proyecto autoritario. Las detenciones y destituciones pudieran ser un mensaje dirigido a quienes han venido gozando de libertad para hacer negocios y han querido aprovechar la anarquía para ganar mayor autonomía.

La realidad es que las persecuciones del oficialismo contra su propia gente no es algo inédito ni nuevo y, como suele pasar con las revoluciones, éstas se devoran a sus propios hijos. Para muestra basta recordar que un porcentaje muy alto de los presos políticos son militares, algunos de ellos figuras emblemáticas comprometidas con la revolución desde sus orígenes, como son los casos de los generales y exministros Raúl Isaías Baduel y Miguel Rodríguez Torres, pero también poderosas figuras civiles como Rafael Ramírez, sin contar las decenas de funcionarios que nunca conoceremos por los medios y que pagan cárcel o han tenido que huir del país. 

Los enfrentamientos en Tejerías

En un ámbito distinto, y aparentemente sin relación con la Operación Mano de Hierro, se concreta la persecución y abatimiento de Carlos Luis Revete, alias “el Koki”, luego de un operativo policial que duró tres días en la zona de Las Tejerías, estado Aragua, donde bandas delictivas además de controlar establecimientos industriales y comerciales, también han tomado el sector llamado Minas de Níquel, como espacio geográfico desde donde se controla la distribución de drogas.

Según comentan en los predios policiales, el regreso de este peligroso delincuente desde Colombia a Venezuela fue vislumbrado por la inteligencia nacional a comienzos de enero de este año. Aprovechando el relajamiento en los controles durante las fiestas decembrinas de 2021, el Koki habría llegado al país con algunos de su banda, y avanzado en retomar el control en la Cota 905, en Caracas.

Lo que parecería haber ocurrido en este caso es que el gobierno  trató de enmendar la crisis que generó al haber empoderado y armado a bandas criminales para hacer control social y político que, con la reducción de recursos provenientes del Estado, terminaron independizándose y asumiendo el control directo de sus territorios, que el gobierno trato de manejar mediante acuerdos de palabra que implicaban la entrega de esos espacios hasta que la situación se complicó y se le empezó a ir de las manos, como sucedió también con Wilexis en Petare, estado Miranda, solo por nombrar otro de los casos más conocidos.

La negociación, entre la mesa de México y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela

Mientras todo esto ocurre, la situación política sigue siendo compleja. Sobre la posibilidad de un retorno a la mesa de negociación en México, se observa un contraste entre la actitud de debilidad por parte de los representantes de la oposición, casi rogando para volver a las reuniones, y un gobierno que se muestra fortalecido y menos dependiente de los acuerdos, lo que era predecible tomando en cuenta los resultados de las elecciones regionales y municipales de noviembre de 2021.

De hecho, el gobierno no muestra mayor interés en restablecer estas conversaciones. Por el contrario, sigue colocando obstáculos al proceso, como lo es la excusa de la extradición de Alex Saab o la exigencia de que se agreguen nuevos actores a la mesa. En esa línea de acción, esta semana la dirigencia del partido Alianza Progresista dio unas declaraciones sobre la necesidad de que éstas y otras organizaciones políticas sean incorporadas a la Mesa, todo esto coincidiendo con declaraciones recientes de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional 2020.

Y si bien es cierto que el gobierno no tiene prisa en volver a la negociación en México, no hay que ignorar que sigue negociando, pero en otras instancias y con determinados actores según su conveniencia. Esto incluye la posibilidad de otorgar a representantes de “las oposiciones” algunos cargos a magistrados dentro del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Este tema adquiere más relevancia en un momento como éste, cuando el gobierno tiene que tratar de suspender el proceso que se lleva adelante en la Corte Penal Internacional (CPI), pero también puede verse como un mecanismo clientelar de los que suele utilizar el oficialismo para controlar y apaciguar a la oposición.

En este sentido, la semana pasada fue designado el Comité de Postulaciones que preside el almirante Alessandriello. El resto de los legisladores son Gladys Requena, Rosa León, Génesis Garvett, Julio García Zerpa, Arnaldo Sánchez, Francisco Torrealba, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano, Luis Parra y Óscar Rondero. Por el lado de la sociedad civil están Carlos Ogly, Mercedes Gutiérrez, José Rafael Puente y Jesús González Pirela. Este último es el único vinculado con “las oposiciones”, específicamente con lo que se conoce como “la mesita”. La posibilidad de reparto de cargos es menor porque se reduce de 32 magistrados a 20. La posibilidad de otorgarle algunos cargos a la oposición será más limitada.

Volviendo a la Mesa de México, lo más probable es que el gobierno solo esté dispuesto a retomar las negociaciones con la oposición si y solo si Estados Unidos paga la entrada, que no es otra cosa que “dado que ha habido algunos avances, vamos a retirar algunas sanciones para demostrar nuestra buena voluntad”. De no ser este el caso, el gobierno no cedería pues no tendría ninguna ganancia. Asimismo, es predecible que el gobierno insistirá en la reconfiguración de la mesa de negociación para que “las oposiciones” sean incluidas, considerando los resultados de la última elección, y en consecuencia que haya también una reconfiguración de la agenda de temas.

Hay que observar que el gobierno ha sido muy exitoso en aplicar la estrategia que mencionamos en nuestros eventos de Prospectivas del I y II semestre de 2021, y Prospectivas I semestre 2022, según la cual su mejor opción sería sumar voces diferentes a las oficialistas en una campaña contra las sanciones. Es así como ahora hay gobernadores, alcaldes, chavismo disidente y sociedad civil rechazando las sanciones, lo que no solo compromete la postura de Estados Unidos sino también debilita a la oposición, porque las sanciones son el único elemento que tiene para ejercer presión en la mesa de negociación en el presente momento.

El cerco electoral

Mientras tanto, los dilemas electorales siguen presentes. Hay que estar claros de que en Venezuela las condiciones electorales siempre van a ser inversamente proporcionales a la competitividad del gobierno. Es decir, de la misma manera que el gobierno hizo lo que dio la gana con el Referendo Revocatorio, está dispuesto a hacer lo propio con las condiciones electorales para las presidenciales de 2024. Si las cosas siguen como van, no habrá mejores condiciones porque el gobierno se sabe en desventaja y no está dispuesto a correr riesgos.

Y en ese sentido ya se está preparando para dichos comicios. En estos momentos el gobierno está presionando fuertemente para que el informe final de la Misión de Observación Electoral que participó en las elecciones de noviembre 2021 no sea presentado públicamente, lo que ha generado un desacuerdo entre el gobierno y la Observación Internacional Europea, que demanda la autorización para presentar el informe en Venezuela, según lo que estaba programado. Pareciera entonces, que la Unión Europea ya ha sido vetada por el Consejo Nacional Electoral y esto ya nos anuncia que la observación para 2024 no está contemplada, ello habla del tipo de elecciones que cabe esperar.

En conclusión

Buena parte de la atención política de las últimas semanas se ha concentrado en las decisiones que el régimen ha ido tomando en su propia esfera, con detenciones a figuras civiles, específicamente alcaldes recién electos, y a militares, como ha ocurrido con dos generales en Trujillo y Anzoátegui. Son acciones que buscarían evitar cualquier fisura que pudiera presentarse, para así hacer más riguroso su control político, habiendo derrotado a la oposición, estaría considerando que es el momento de poner orden a lo interno para consolidar el proyecto autoritario.

Control que pasa también por rescatar territorios que han sido entregados a colectivos armados, incluidos factores delictivos que, ante la falta de incentivos económicos procedentes del gobierno, han dejado de hacer control social y político y se le han volteado, lo que en parte explicaría los enfrentamientos con bandas de mucho poder, entre ellas las de El Koki, quien cayó esta semana en Tejerías; así como el conflicto que se desarrolla con altibajos en Apure.

Mientras ello ocurre, la Mesa de México sigue a la espera, lo que demuestra la poca presión que el régimen tiene para activar estas negociaciones, aunque se prepara para ello mediante sus gestiones para que sus interlocutores no sean solo los del G4, sino otros factores como los que pertenecen a “la mesita”.

El tema electoral, luego de la jugada del CNE para desactivar el revocatorio, agrega más interrogantes de cara a las Presidenciales de 2024, donde las posibilidades de lograr integridad electoral son cada vez más remotas, como lo demuestra el hecho de que el gobierno intenta evitar que la Unión Europea presente su informe final sobre los comicios de noviembre pasado, programado para este mes de febrero.

Se trata de una situación cada vez más compleja, que amerita de parte de la dirigencia política y de los sectores civiles una revisión de las estrategias ante la creciente autocratización del sistema venezolano, que toma cada vez mayor impulso.