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Política ambiental o ecocidios en Venezuela

Tomada de 0800Noticias

Alex Fergusson

La reciente noticia de la suntuosa fiesta de cumpleaños realizada en la cima del Tepuy Kusari, en el Parque Nacional Canaima, en el Amazonas venezolano, declarado Patrimonio Mundial Natural por UNESCO, y la planificación de otras en el futuro cercano, ha provocado un escándalo en los medios y redes sociales, acompañado de justificadas y furiosas críticas.

Se trata, en primer lugar, más allá de lo emocional o simbólico y ecológicamente hablando, del impacto que ese evento pudiera haber tenido y que está por establecerse, sobre la flora y fauna endémica (unas 300 especies únicas en el mundo que solo habitan los tepuyes); pero también se trata de un nuevo elemento en la larga lista de acciones contra el ambiente y que ha puesto en evidencia la debilidad del gobierno en la aplicación de las políticas ambientales plasmadas en la Constitución y en las abundantes leyes, reglamentos y normas de uso de áreas protegidas y para la conservación de la diversidad biológica en todo el país.

En esa larga lista de acciones que están afectando a los más importantes parques nacionales y áreas protegidas, se encuentran las siguientes.

La actividad minera al sur del Orinoco.  Debido a la gran extensión que ocupa (unos 11 mil km2  solo en el caso del denominado Arco Minero), pero que se extiende a una buena parte de los estados Bolívar y Amazonas, las consecuencias ambientales que ya ha tenido la actividad minera, son numerosas y entre ellas destacan, solo en el aspecto ambiental y sin incluir el componente sociocultural y económico: a) la fragmentación y degradación de los ecosistemas, especialmente los boscosos, con la consecuente pérdida de hábitat, reducción de la biodiversidad y hasta la extinción de especies tanto de flora como de fauna, algunas de las cuales ya se encuentran amenazadas como el caimán del Orinoco, la tortuga Arrau, el manatí, la tonina rosada y algunos felinos; b) la modificación del terreno y la pérdida de suelo, donde resultará difícil la recuperación posterior de los ecosistemas; c) la generación de una enorme cantidad de sedimentos que tendrán a su vez compuestos contaminantes como en el caso del mercurio y el cianuro, que se convertirán en un pasivo ambiental en los ríos, lo cual puede extenderse al Océano Atlántico y al Mar Caribe; d) la creación de criaderos y condiciones idóneas para la reproducción de mosquitos trasmisores de paludismo y malaria que ya son endémicas en la zona; e) la contaminación atmosférica por compuestos orgánicos volátiles y partículas en suspensión, producto de las voladuras y remoción de terreno, cuyos efectos sobre la salud humana, de plantas y animales, y sobre la actividad agrícola y pecuaria son bien conocidos; f) El daño a los ecosistemas acuáticos de la región, debido a la tala de bosques, sedimentación en los cursos de agua y alteración de los cauces y del régimen fluvial, afectará irremediablemente su biodiversidad y los recursos pesqueros.

La intervención del P.N. Los Roques. La oferta turística que presentó el gobierno a empresarios nacionales y extranjeros con la posibilidad de invertir mediante la construcción y operación de “Alojamientos Turísticos de Alto Nivel» en el hermoso y único archipiélago coralino del Parque Nacional Los Roques, ubicado en el Mar Caribe, es otra de las acciones contra el ambiente. De nuevo, aquí se viola el estatuto legal vigente, incluido el Plan de Ordenamiento (PORU). Las consecuencias ya están a la vista. No hay agua, tampoco luz y mucho menos hay un tratamiento adecuado a las aguas servidas y de los desechos sólidos. Por otra parte, la construcción de muelles, la ampliación del aeropuerto y las propias construcciones hoteleras y de viviendas, con sus aguas servidas y sus sedimentos, la quema de basura y su mala disposición, y la actividad humana por encima de la capacidad de carga del sistema, amenazan la integridad de los arrecifes de coral y las “praderas subacuáticas” que constituyen una de las últimas reservas de El Caribe. Además, ponen en peligro la existencia misma de los cayos e islas que lo forman, por la pérdida de la arena de sus costas.

Finalmente, no es despreciable el impacto sobre la calidad de vida de los pobladores nativos y sobre la productividad pesquera en la zona, como ya ha sido denunciado.

 La intervención en el Refugio de Fauna de Cuare y el P.N. Morrocoy. El Refugio de Fauna Silvestre Cuare, es un humedal bajo protección, ubicado en las costas del estado Falcón, en los límites del P.N. Morrocoy, pero integrado a él en términos de uso turístico. Exhibe una belleza tan exuberante como su rica biodiversidad. Cerca de 300 especies de aves, reptiles y mamíferos —algunos de ellos en peligro de extinción— conviven con comunidades de pescadores, agricultores y decenas de desarrollos turísticos en un territorio de 11.825 hectáreas, donde también hay dos albuferas y un golfete que reciben y sirven de asiento a una de las más importantes poblaciones de flamencos y garzas Corocoras rojas de El Caribe. Su red de caños y lagunas drena el agua de lluvia y de mareas hacia el mar y cinco cayos de arena blanca. Ahora, este refugio de fauna está siendo intervenido con la construcción de un canal de navegación de 1,5 km de extensión y 1,5 metros de profundidad que lo atraviesa completamente, y da acceso al mar a una parcela privada. Esta obra, realizada con autorización oficial por la empresa LakeBlue, del grupo Hesperia, con la promesa de convertir el área en “la nueva Punta Cana”, está afectando la hidrodinámica de la zona y poniendo en peligro la biodiversidad del área protegida.

Como elemento adicional no puedo dejar de citar los recurrentes derrames petroleros que han estado afectando seriamente los cayos y corales, y al propio Refugio de Cuare, que conforman el principal atractivo del P.N. Morrocoy y su biodiversidad

Dicho todo esto, la pregunta que surge es:

¿Tenemos realmente una política de conservación ambiental o más bien de promoción de ecocidios?

Esta pregunta tiene ahora implicaciones legales de alto nivel en vista de que la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido agregar una quinta categoría de delitos a las que ya ocupan su atención: el ECOCIDIO. A los efectos de su incorporación al actual Estatuto de Roma, se define como “ECOCIDIO”, “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”.

Como se ve, los eventos ambientales descritos antes, cumplen con esa definición y, en consecuencia, someten al gobierno al riesgo de una nueva demanda ante la CPI, en algunas de cuyas categorías el gobierno nacional tiene ya expedientes abiertos, pero en este caso como consecuencia de sus políticas ambientales o de su negligencia en aplicarlas.

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