Benigno Alarcón Deza

La reunión de una delegación de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con Nicolás Maduro, que incluyó temas como los presos políticos de nacionalidad norteamericana, las sanciones, la Mesa de México y la reactivación de las relaciones petroleras, entre otros; ha abierto expectativas y controversias.  Se trata de un episodio que surge en el contexto de la invasión a Ucrania por parte de Rusia, país este que ha sido objeto de fuertes sanciones por parte del mundo occidental y que ha generado cambios en la dinámica económica y petrolera mundial. Y aunque se crea que el alza del precio del crudo representa buenas noticias para Maduro, lo cierto es que las transacciones financieras a través de Rusia para vender petróleo se ven truncadas. Mientras ocurre todo esto, el gobierno no se duerme sino que por el contrario ajusta su estrategia electoral de cara al 2024, y tratará de ir a un proceso similar al de Nicaragua, solo que menos descarado. Para ello avanza desde ya en la limpieza del campo de batalla hacia una elección hegemónica

Recientemente -el pasado 6 de marzo- los venezolanos amanecimos con la noticia de que una delegación de alto nivel del gobierno norteamericano llegó a Venezuela para entrevistarse con Nicolás Maduro y otros representantes del gobierno nacional. Para la mayoría resultó evidente que el tema principal era negociar la posibilidad de que, ante el conflicto en Europa, Venezuela se convirtiera nuevamente en suplidor de petróleo a Estados Unidos. Y ciertamente ese fue uno de los temas fundamentales de las conversaciones, pero no fue el único.

También resaltó el hecho de la posible liberación de los 10 presos políticos de nacionalidad norteamericana, o por lo menos, algunos de ellos. Para ese momento, estaban los seis de Citgo; dos de la operación Gedeón, que están a punto de recibir sentencia; Mathew Heath y Jorge Fernández, quien fue acusado de terrorismo por haber introducido un dron a territorio venezolano. Se pensó que Maduro liberaría a una mayoría, pero su gesto de buena voluntad solo alcanzó a dos de ellos: Gonzalo Cárdenas, de Citgo y Jorge Fernández. Se habla de otras posibles liberaciones en el corto plazo, pero ello dependerá de la evolución de los acuerdos sobre las sanciones.

Por otra parte, existe la tesis de que el gobierno de Biden estaría considerando la necesidad de revisar su política hacia Venezuela tomando en cuenta que dado el bloqueo al que se está sometiendo al país por su situación interna, y ahora a Rusia, unos de sus principales aliados,  por sus acciones belicistas, lo que podría darse es un proceso de “cubanización”, o de mayor apego de Venezuela a Rusia, como sucedió con Cuba y la Unión Soviética. El gobierno de los Estados Unidos debe estar interesado en evitar que eso suceda y para ello es necesario que se abran canales de comunicación, como el de México, entre otros, para aumentar las posibilidades de acuerdos en lo político, y también en lo energético.

En contraste, hoy en día la relación del gobierno con los europeos no es mucho mejor que la que tiene con los Estados Unidos, a diferencia de lo que se observaba hasta el año pasado. El distanciamiento puede deberse en gran medida a lo sucedido con el informe final de la Misión de Observación Electoral y el irrespeto del gobierno por las promesas y acuerdos alcanzados.

El hecho es que hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral no ha convocado reunión de la directiva para revisar el informe de la Misión de Observación Electoral presentado en febrero por videoconferencia. Por otra parte, llama la atención que el Centro Carter –que también participó como observador en los comicios de noviembre- no ha hecho público su informe, como era el plan original.

La otra negociación

Pero quizá más allá del posible efecto económico que pudiera tener el regreso al mercado norteamericano como proveedor de hidrocarburos, está el hecho de que la delegación del gobierno de Biden insistió en que esto solo sería posible si, y solo si, Maduro regresa a la mesa de negociación en México y había avances hacia un proceso de democratización, lo cual luce poco realista. Mientras, en el debate político norteamericano, tanto republicanos como demócratas critican la decisión unilateral de la Casa Blanca, alejándose aún más la materialización de un entendimiento en lo energético, prescindiendo de lo político, pese al lobby emprendido por el gobierno venezolano, y otros muchos actores internos, que incluye a algunos políticos “opositores”, empresarios, sociedad civil y “analistas”, que se asocian clientelarmente con el gobierno, o tienen motivaciones individuales, para impulsar este tema, además de algunas empresas petroleras extranjeras, por razones obvias.

Vale la pena mencionar que la próxima reunión de la mesa de negociación estaba pautada para la última semana del presente mes, desde mucho antes de la controversial visita norteamericana. Pero lo cierto es que, de ocurrir, tendrá lugar en este nuevo contexto.

En todo caso, internamente han surgido muchas interrogantes sobre cómo se materializará esa negociación. Se ha hablado de que probablemente el gobierno insistirá en que el diálogo ya no sea en México, como el año pasado, así como en una modificación de la agenda y los actores que se incluirían en las conversaciones, en las que se pretende incorporar a voceros surgidos de las elecciones de 2020 y 2021. También se observa que el gobierno se inclinaría más a la negociación directa con Washington, mientras mantiene el diálogo con otros sectores, fuera del mecanismo coordinado por los noruegos. Posibilidades estas que se alejan de eventuales acuerdos para una transición negociada, y que nada tienen que ver con el proceso iniciado por el equipo liderado por Gerardo Blyde con apoyo de la comunidad internacional democrática y la facilitación noruega.

Aunque la delegación norteamericana habría enfatizado en que la negociación es una condición sine qua non para aliviar las sanciones, Miraflores mandó un mensaje claro de que no tiene prisa en volver a la mesa, y si lo hace es para negociar solo lo que le interesa. Por otro lado, Maduro y Diosdado Cabello juegan al policía bueno y malo, respectivamente, usando la negociación como mecanismo de presión las elecciones presidenciales, que amenazan incluso con suspender si no se suspenden las sanciones. Y sobre estas últimas, buscan otros respaldos en determinados sectores de la oposición: gobernadores y alcaldes recién electos, políticos de “oposición”, empresarios, “analistas” y otros actores que abogan por su levantamiento.

Elecciones hegemónicas

Todo apunta a que la oposición definitivamente renunció al Referendo Revocatorio y también al adelanto de elecciones presidenciales. Es decir, se aceptó que éstas se realizarán  en 2024 y no queda más remedio que prepararse para esa fecha. Es decir, el gobierno ganó y obligó a la oposición a cooperar en un juego que sigue siendo totalmente asimétrico.

El gobierno tiene casi tres años para seguir afinando sus estrategias de cara a las elecciones presidenciales de 2024, pues sabe que la mayoría de la población es opositora. De lograrse que la oposición tenga una candidatura unitaria, el gobierno sería derrotado en las urnas electorales.

Es por ello que el gobierno continúa avanzando en su estrategia de división y fraccionamiento de la oposición por diferentes mecanismos. Lo clientelar resalta en las gestiones de gobierno y alcaldes; también en lo de ampliar la representación en la mesa, y eso está generando conflicto entre “las oposiciones”. En ese sentido, es previsible que en 2024 se den unas elecciones muy parecidas a las de Nicaragua, pero con la diferencia de que el gobierno no construirá las condiciones para ello abruptamente, a pocos meses de la elección, como lo hizo Ortega, sino que lo viene haciendo desde 2019 de manera progresiva.

En esta lógica de preparación a largo plazo se explica la intervención de Avanzada Progresista (AP), donde el Consejo Nacional Electoral desconoció las elecciones de autoridades realizadas el pasado 5 de marzo, en las cuales el exgobernador de Lara, Henri Falcón, fue ratificado como presidente; así como mantener las intervenciones de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, y las inhabilitaciones a posibles candidatos como Henrique Capriles.

Dentro de esa misma línea, el gobierno también ha aprovechado e incentivado el “todos contra Guaidó”. Y diera la impresión de que todos los partidos, a excepción de algunos minoritarios, se pusieron de acuerdo.

En conclusión…

El acercamiento directo entre la Casa Blanca y Miraflores, y el hecho de que posiblemente Venezuela mejore su industria petrolera y los EE.UU. supla con crudo venezolano el ruso, aunque no implica un cambio de política, ha generado controversias tanto dentro del país como en la propia nación norteamericana. Para muchos es positivo porque se reactiva el mercado natural petrolero y se evita la cubanización en el sentido de que por arrinconar demasiado a Venezuela ésta termine casada con Rusia, como lo hizo Cuba con la Unión Soviética (URSS) en su época. Para otros es imperdonable que los norteamericanos cambien su posición ahora para intenten negociar con un presidente que no reconocen, lo que le está generando costos a Biden, incluso internamente.  

Si bien seis meses alejados de la mesa de negociación hacen evidente que los incentivos para negociar no eran suficientes, el tema del conflicto Rusia-Ucrania, en caso de extenderse, podría llevar a revisar la posición del gobierno venezolano. Para el régimen sigue siendo relevante el tema de las sanciones, pero Estados Unidos antepone la necesidad de avances democráticos, lo que sigue haciendo muy difícil un acuerdo negociado.

En contraste, las relaciones con Europa y el régimen de Maduro están cada vez más distantes, producto de los desacuerdos antes y después de las elecciones regionales y municipales.

En lo interno, el revocatorio y el posible adelanto de elecciones quedaron fuera de la agenda, como lo propició el gobierno, de manera que todo indica que las estrategias políticas se ubican con el hito de las presidenciales de 2024. Ante ello, Maduro insiste en su estrategia de dividir y obstruir temprano el paso a eventuales candidatos, incluso a aquellos que de alguna forma aparecían como cercanos al régimen, como acaba de ocurrir con Henry Falcón.

En ese contexto nacional e internacional, se abren dudas sobre las negociaciones en la Mesa de México, donde el interés del gobierno es diluir su efectividad, bien incorporando nuevos interlocutores, cambiando la agenda e incluso abriendo supuestos espacios de diálogo paralelos.

Nuevamente, el país -aunque pareciera estar desconectado de la política- está atento a que las estrategias opositoras se definan y logren superar el letargo de los últimos meses. El clamor de cambio existe, pero solo será posible si el liderazgo logra ponerse de acuerdo para capitalizar el descontento que existe entre los venezolanos.