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Reseteo del diálogo

Tomada de El Universal

Benigno Alarcón

Para marzo se esperaba la reanudación de las negociaciones en la Mesa de México, pero cuando ya avanza abril, pese a que algunos involucrados afirman que se retomarán en mayo, la trascendencia de la iniciativa noruega pareciera desvanecerse, como habíamos previsto en nuestros escenarios para el 2022, especialmente por la estrategia de dividir a la oposición, lo que incluye la sustitución de ese proceso por negociaciones directas y separadas con distintos sectores políticos, económicos, sociales, e incluso internacionales, que se han venido realizando en las últimas semanas, lo que incluye el intento de abrir un canal directo con el gobierno norteamericano. Ello ocurre mientras la oposición vive su más difícil momento en medio de confrontaciones por el liderazgo, crisis internas en los partidos, proliferación de partidos y actores “opositores” emergentes, e indefiniciones estratégicas para reconstruir una plataforma unitaria y ofrecer al país una línea de acción frente a los escenarios actuales y futuros, incluida la elección presidencial pautada para algún momento durante el 2024

El gobierno sigue desarrollando su estrategia de “divide et impera”. Y esta línea está operando en los diferentes campos: político, económico, social, e incluso internacional. Lo hace a través de mesas de negociación que ya no son las de México, sino las que viene llevando a cabo desde hace varias semanas en Venezuela. Se hacen por separado y no con representantes de sectores en conjunto, con lo cual tiene un mayor control sobre las agendas temáticas, lo que le permite decidir que da, que niega y que ignora, a diferencia del modelo de negociación integral que caracteriza al proceso facilitado por Noruega.

Los actores que interactúan con el gobierno pudieran acudir a estas citas bajo la percepción de estar ganando poder y trascendencia. De hecho, de ninguna manera debe considerarse condenable que cada sector busque reunirse con el gobierno para resolver asuntos de interés sectorial. Pero no es este el esquema que permitirá avanzar hacia un proceso de transición política, y es el gobierno quien termina ganando, no tanto por hacerse más fuerte, sino porque con ello ha venido debilitando, aún más, el proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega y a sus contrapartes, que han sido, históricamente, sus principales adversarios y los únicos que han representado alguna amenaza real para la élite gubernamental, a través de lo que han denominado como el “reseteo del diálogo”.

El gobierno efectivamente está bloqueando el escenario de México, donde estuvo presente el año pasado buscando la eliminación o revisión de las sanciones, en lo que no logró avanzar por el condicionamiento de los acuerdos a los avances en lo político. Ahora, su estratagia se centra en lograr la revisión de sanciones con la ayuda de otros actores internos y externos, incluyendo empresarios, ONGs y empresas petroleras, para generar una situación que haga más dificil para los Estados Unidos mantenerlas. El problema es que si bien las sanciones han perdido eficacia y eficiencia, no hay mecanismos alternativos en este momento que puedan generar presión al gobierno para negociar.

La situación es compleja para Estados Unidos, que probo enviar delegados a Miraflores para una reunión que pareciera haber salido mal. De hecho, si hubo algunas promesas de revisión de sanciones durante ese encuentro, las mismas fueron desautorizadas a los pocos días. No solo hubo sectores políticos en la nación norteamericana que se opusieron a la posibilidad de este proceso, sino que los voceros gubernamentales de Estados Unidos señalaron que solo podía realizarse una revisión de sanciones si se alcanzaban acuerdos en el marco de la mesa de negociación en México.

Una de las razones que ha esgrimido el gobierno para no sentarse en México ha sido el caso de Alex Saab. Una excusa que ahora renace con la petición desde la Asamblea Nacional para que se respete su ”estatus diplomático”, a sabiendas de que se trata de un proceso que adelanta la justicia norteamericana, que funciona en forma independiente, y por tanto, sus procesos no pueden ser objeto de negociaciones políticas.

Lo cierto es que la negociación en México, cuyo reestablecimiento estaba previsto en marzo, se desactivó. Hay quienes consideran que la posibilidad de que vuelvan las negociaciones entre Estados Unidos y Maduro está también cerrada, aunque el interés de la nación norteamericana por liberar a ciudadanos detenidos por el régimen deja una puerta abierta. Cuando fueron liberadas dos personas luego de la reunión en Miraflores, se pensó que poco a poco vendrían otras excarcelaciones. Aún no han ocurrido, pero la posibilidad de que en las próximas semanas pueda haber alguna otra no se ha descartado, bajo los oficios del enviado del gobierno de Biden, Roger Carter, quien sigue adelantando gestiones en ese sentido.

La situación de la oposición

Toda esta situación del “reseteo del diálogo” ocurre en el contexto de uno de los peores momentos para la oposición, con crisis internas en las diferentes organizaciones políticas -atizadas por cierto desde el propio gobierno-, incluyendo procesos de revisión de liderazgos y de estructuras internas, cuyos resultados aún están por verse.

Por otra parte, desde el punto de vista de la unidad entre partidos, también hay desacuerdos, tanto para encarar las negociaciones en México, como para definir las estrategias a seguir en torno a las presidenciales previstas para 2024, toda vez que han quedado desactivadas también las posibilidades de insistir en el revocatorio y/o el adelanto de las elecciones presidenciales. Hay un debate dentro del G4, así como entre otros partidos de oposición, sobre el formato y el momento para la realización de unas primarias que permitirían definir el liderazgo de cara a la próxima elección presidencial. Hay quienes abogan por hacerlas este mismo año, para a partir de allí comenzar la reorganización de la plataforma unitaria, y alcanzar acuerdos sobre la estrategia a implementarse.

Esta falta de claridad y de unidad en las filas opositoras se ha profundizado, por otra parte, el distanciamiento de los ciudadanos con la dirigencia, lo que aprovecha el régimen en su estrategia de acceder a acuerdos puntuales sectoriales, sin poner de ninguna manera en peligro su estabilidad y así afianzar el statu quo.

El CPI y la reforma judicial

En su estrategia por bajarle volumen a la presión sobre las violaciones de los derechos humanos y a la falta de independencia judicial, Maduro ha permitido que la Corte Penal Internacional (CPI) abra una oficina en Caracas, producto de una reunión que sostuvo con el fiscal Karim Khan. Y por otra parte, ha tratado de dar el mensaje de que habrá un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) independiente, lo que nunca ha tenido credibilidad, y menos tras la pugna entre aliados de Diosdado Cabelloy Nicolas Maduro, que ha trascendido a los medios de comunicación social.

Esta pugna entre las filas del Chavismo, así como la opacidad del proceso, evidencian que este órgano seguirá dominado, como se esperaba, por el oficialismo. Las posibilidades de alguna representación no oficialista son escasas, más allá de lo decorativo, o al menos de poca relevancia como para que pueda considéresele una institución equilibrada o autónoma.

Conclusiones y recomendaciones

Todo indica que el régimen continuará en su estrategia de dividir para afianzarse en el poder y continuará el curso de desarrollar negociaciones directas con diversos sectores, para terminar de sepultar la Mesa de México.

Un ruta que se hace compleja por las propias realidades que viven tanto la unidad de la oposición como las organizaciones en particular que conforman la plataforma unitaria. Un cuadro este que aprovecha y estimula el propio gobierno, y que obliga a la dirigencia a apurar el paso para definir estrategias que sacudan el letargo y el distanciamiento con la ciudadanía que, si bien se ve presionada por sobrevivir a la crisis, tiene claro que la sostenibilidad y el bienestar a futuro depende de un cambio político, como lo reflejan las encuestas.

Esta definición estratégica cobra carácter de urgencia, lo que significa un desafío para las organizaciones políticas y civiles, pues se corre el riesgo de que los apoyos internacionales, que aún se conservan en la comunidad internacional, se debiliten ante la falta de expectativas positivas sobre las probabilidades de recuperar la democracia en Venezuela.

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