Elsa Cardozo

En los días de su primera visita al exterior como presidente –a Argentina, siguiendo la tradición chilena– el recién instalado mandatario de Chile, Gabriel Boric, respondió con una pregunta a su entrevistador, un periodista del diario La Nación: ¿Por qué los medios solamente me preguntan por Venezuela, Cuba y Nicaragua, y no me preguntan por las violaciones de derechos humanos, por ejemplo en nuestro país, en Chile, o los asesinatos de dirigentes sociales en Colombia?

No es el caso olvidar la distancia que ha marcado, al menos desde 2018 y reiteradamente durante la campaña electoral, frente a los tres regímenes por los que con recurrencia se le ha preguntado. Su respuesta interrogativa da para muchas vueltas. Si solo se hubiera referido a Chile se podría entender que recién instalado como presidente siente la responsabilidad de hablar de lo que se propone resolver en su país, darlo a conocer; pero tal vez puede ser una manera de acercarse a posiciones como las del gobierno anfitrión, tan inclinado a abstenerse en estos temas. Pero es que se refirió también a Colombia, como ejemplo de violaciones a derechos desde regímenes de signo opuesto. Luego hizo un explícito llamado, al lado del presidente Alberto Fernández, a atender todos los casos de violaciones de derechos humanos, desde la derecha y desde la izquierda, todos por igual. En eso ha insistido desde su llegada a la Presidencia, en el discurso y en las declaraciones en materia de política exterior. Pero lo que puede entenderse como reafirmación de compromiso con esta causa –acompañado por la designación como canciller de Antonia Urrejola, quien fue hasta el año pasado miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos– también corre el riesgo de diluirse en una región en la que se han hecho no solo difícil sino inconveniente y paralizante.

No por casualidad Boric se ha referido, también con insistencia, a la necesidad de dar respuestas regionales a problemas comunes, citando expresa y reiteradamente el de la presión de la migración de venezolanos y la idea de establecer cuotas por países. Propone trabajar con acuerdos y foros no signados por las afinidades ideológicas, es decir, con la participación de todos por igual para que Latinoamérica recupere su voz en el mundo.

En todo esto, hay al menos tres reflexiones que hacer ante el mensaje de “todos por igual” y lo que significa para el asomado interés en trabajar porque la región recupere voz y relevancia estratégica internacional, pero también para la protección de los derechos en la propia Latinoamérica.

La primera observación es que en el ámbito latinoamericano es inocultable que en los peores lugares de la escala de violaciones de derechos humanos se encuentran, muy lejos del resto, los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Eso no niega que todas las violaciones donde quiera que ocurran deben ser atendidas, tan pronto y tan bien como sea posible, para prevenir su escalamiento. También es cierto que es una lucha que debe emprenderse desde la sociedad, pero en ella también tienen especial responsabilidad los gobiernos democráticos. Unos y otros deben insistir en valorar el trabajo de las instituciones a las que se ha acordado ese mandato supranacional, pero también en el desarrollo de su apoyo al fortalecimiento y armonización de los acuerdos e instituciones en esa materia. Sobre todo y desde el inicio, no debe olvidarse que la pérdida de derechos humanos está directamente asociada a la pérdida de democracia, en un peligroso círculo vicioso.

En efecto, en segundo lugar, lo de “todos por igual” es un lema atractivo pero poco realista en una región donde en la mitad de los países la democracia evidencia serios deterioros, en tanto que las más extendidas y graves violaciones derechos humanos han estado ocurriendo bajo regímenes que en nombre de la justicia social han centralizado poder, bloqueado la alternancia y, en suma, convertido al imperio de la ley en la ley de quien impera. Con esas experiencias a cuestas, lo de “todos por igual” debería referirse a todos los derechos. Es importante hacerlo explícito, alertar sobre la subestimación de los derechos civiles y políticos en tiempos en los que su régimen de protección internacional es desafiado y desconocido por los autoritarismos.

En suma, y como tercer comentario, la preocupación por la irrelevancia estratégica de Latinoamérica es plenamente justificada. Pero también en ese ámbito hay que recordar que los períodos de mayor y mejor incidencia internacional de la región han sido aquellos en los que los gobiernos democráticos, o un significativo grupo de ellos, supieron trabajar por ella y en ella a partir de principios, posiciones e iniciativas inspiradas en la valoración del derecho internacional, el Estado de derecho y los derechos humanos. Son los casos de lo que desde finales de la década de los setenta asumió el Grupo Contadora, que sumó voluntades más allá de la paz en Centroamérica y dio origen al Grupo de Río, también es oportuno recordar los compromisos democráticos de la Comunidad Andina y el Mercosur así como la construcción de acuerdos hemisféricos para aprobar la Carta Democrática Interamericana.

A la vez, como lo destaca el reciente informe Riesgo Político en América Latina, esos empeños han requerido un esfuerzo especial porque “la falta de visión política como región es un problema de larga data y revela, por un lado, una incapacidad de superar las desavenencias políticas al momento de generar un diálogo de largo plazo y, por otra, la tendencia global de centrar la atención en los asuntos internos relegando cada vez más a un segundo plano los asuntos internacionales”. Hoy esa falta de visión puede ser más costosa que nunca bajo el impacto de los efectos negativos de la interdependencia global, signada por la confrontación entre potencias, la guerra en Europa y la militarización de la seguridad internacional, los avances de la resaca autoritaria que erosiona a las democracias desde adentro, los efectos y consecuencias de la pandemia, las migraciones forzadas, el cambio climático, la desinformación, los delitos cibernéticos y las economías ilícitas.

La proyección y recuperación de Latinoamérica en el mundo es de relevancia, pero fundamentalmente ¡para sí misma!, requiere del compromiso de los gobiernos y líderes democráticos, de cualquier orientación política, alrededor del imperio de la ley, del derecho internacional y, particularmente, de los derechos humanos, todos por igual.