Tulio Ramírez

Mucho polvo levantó, hace unos pocos meses, el anuncio sobre la derogación de la actual Ley de Universidades y la presentación ante la Asamblea Nacional de un proyecto para su discusión y posterior aprobación, por parte de la mayoría de diputados afectos al gobierno del socialismo del siglo XXI.

El anuncio vino acompañado de un cronograma de “discusión” que se llevaría a cabo en las regiones por los recientemente constituidos CEGUS o Consejos Estadales de Gestión Universitaria, conformados por representantes de las universidades e instituciones de educación superior, gobierno regional y representantes de la sociedad civil, léase Consejos Comunales.

El cronograma dado a conocer por el Consejo Nacional de Universidades imponía a los CEGUS el mandato de discutir y contribuir con sus aportes sobre los posibles contenidos que la nueva ley debía contemplar. Este tipo de encuentro “participativo y protagónico” se repetiría en cada una de estas instancias que se establecerían a lo largo del país. No deja de ser curioso que la organización territorial de estos CEGUS coincida con el área territorial que cubren las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral o ZODI.

El cronograma de discusión culminaría en una fecha perentoria, de tal manera que para el mes de julio debía estar la Asamblea Nacional conociendo los aportes y ensamblando un proyecto de ley para su discusión en la Cámara.

Esta iniciativa y anuncio, generó, con mucha razón,  desconcierto entre los universitarios autonomistas. La experiencia ha enseñado que el gobierno socialista no es precisamente fiel a la llamada democracia participativa, a menos, claro está, que la participación sea para convalidar lo que de antemano ha planteado como la política oficial en torno a lo que se está discutiendo. Esto explicaría el cronograma sobrevenido y “apurado” para guardar las apariencias de una consulta masiva en el país.

Mientras tanto en la Asamblea Nacional, los diputados oficialistas siguen negando que exista un proyecto precocido listo para ser aprobado por la comisión designada para los efectos. Han manifestado que están esperando “los valiosos aportes de la sociedad civil a través de los CEGUS”. Sin embargo, entre bastidores se ha colado que efectivamente, y en paralelo a estas reuniones regionales, se está trabajando en un proyecto que, según algunos voceros de la bancada oficialista, “está muy adelantado”. Si están tan adelantados quiere decir que esa consulta al final sobrará, y sus aportes, no serán tomados en cuenta. Se repetirá la misma historia de la Consulta por la Calidad Educativa, realizada en 2012 por el Ministerio de Educación.

Al momento de escribir estas notas, pareciera que el tema ha perdido empuje. No conocemos si los CEGUS finalmente hicieron las reuniones previstas, el Consejo Nacional de Universidades no ha hecho algún anuncio al respecto y la Asamblea Nacional pareciera que se está ocupando de temas diferentes al tema universitario. Pero cuidado, no se debe confiar en que esta aparente calma, supondría que la universidad dejó de ser un tema de interés para un gobierno que, desde que llegó al poder, se ha planteado echar mano a las universidades que no ha podido doblegar.

Algunos universitarios piensan que no es remota la posibilidad de que tarde o temprano los claustros sean sorprendidos con un proyecto de ley “surgido de las amplias e inclusivas consultas a través de los CEGUS”. En ese escenario, la mayoría parlamentaria oficialista activaría sus votos para la aprobación de un proyecto que cumplió “la exigencia constitucional de la consulta a los interesados”.

En este escenario, la posibilidad de injerencia por parte de los diputados de oposición será mínima, a menos que la reacción de las universidades y los universitarios sea contundente.

Ante esta estrategia de arrinconamiento con la intención de propinar el jaque mate, las casas de estudio no deben mantenerse pasivas. Se debe establecer una línea de acción coherente por parte de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), los gremios profesorales y estudiantiles. Esta pausa debe servir para la organización y discusión sobre los temas que una nueva ley debe contener.

Es cierto que ha habido iniciativas de discusión interna en algunos grupos de universitarios y hasta pronunciamientos públicos de algunas universidades a través de sus consejos universitarios, pero todavía se perciben como acciones dispersas o poco coordinadas.  Llegado el momento, estas acciones y pronunciamientos no tendrán el mismo impacto que podría tener un planteamiento nacional respaldado por todos los consejos universitarios y autoridades de las instituciones más afectadas por los lineamientos del proyecto que dará a conocer la Asamblea Nacional.

Es oportuna la ocasión, a propósito del llamado a elecciones en muchas universidades autónomas  para renovar a las autoridades rectorales y decanales, así como los cargos de representación de los cuerpos colegiados, para que se incorpore en la agenda electoral el tema de la nueva ley de educación universitaria.

 La comunidad no debe eludir este debate ya que está en juego no solo la autonomía sino la universidad como espacio de libertad para el desarrollo de un pensamiento crítico, no sujeto a cortapisas doctrinarias o proyecto político homogeneizante del pensamiento.