Tomada de Audible

Yakeling Benarroche 20.07.26

Para iniciar esta disertación, me quiero referir en primer término a la ética pública, como la ciencia que trata de la moralidad de los actos humanos en cuanto realizados por funcionarios públicos. Podemos definirla en términos sencillos como el conjunto de principios, valores y normas morales que guían la conducta de los servidores públicos, con el objetivo de priorizar el bien común y el interés general por encima de cualquier beneficio particular o privado.  Es así, que  la idea de servicio al público es el fundamento constitucional de la administración del Estado, y debe conectarse con una gerencia pública que preste servicios de calidad y que promueva el ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En atención a lo anterior, cuando nos referimos al bien común y al interés general que debe priorizar la acción de los servidores públicos, hacemos directa alusión a que quienes integran el gobierno, sea nacional, regional o municipal, entienden la importancia de su misión y el valor público de la misma, donde el fin primordial y último es la satisfacción de las necesidades ciudadanas, la equidad, la confianza institucional y la mejora en la calidad de vida de las personas. En este sentido, las distintas instancias de gobierno desarrollan su agenda, planes y proyectos a través de las denominadas políticas públicas, entendidas como el conjunto de acciones, decisiones y omisiones que un gobierno diseña e implementa para resolver un problema público específico. Por lo que la acción, el éxito o el fracaso de un gobierno tienen su fundamento en los planes de acción gubernamental.

Con base en la relación de los conceptos anteriormente definidos, podemos afirmar que una política pública no solo debe ser técnicamente viable, sino éticamente justa. Siguiendo a Adela Cortina, la ética pública asegura que los programas de gobierno respeten los «mínimos de justicia» (derechos humanos) y que los recursos se asignen de forma transparente, sin favorecer a grupos de interés o amigos del poder. A menudo se argumenta que las grandes crisis de nuestro tiempo son de naturaleza estrictamente técnica, económica o moral. Los gobiernos reiteran que la falta de infraestructura, la inflación o el desempleo se solucionan simplemente con «mejores gerentes», con tecnócratas capaces de ajustar números desde sus oficinas, con cambios o rotaciones de cargos, que solo lavan caras pero no resuelven problemas. Reducir las carencias y el deterioro de una sociedad a fallas técnicas es ignorar la raíz de las decisiones humanas. Por lo que ¡SÍ, el problema SÍ es político!

Cuando una carretera o un puente no se construyen, los hospitales carecen de infraestructuras adecuadas y de insumos, la inflación devora los salarios y la pobreza crece junto a todos los males que implica, la tendencia es a buscar culpables en la ineficiencia técnica o administrativa, en la gestión, pero no se considera, por mera conveniencia, que los recursos no se distribuyen solos, que el presupuesto no es una asignación a dedo, sino que es el producto de un ejercicio de planificación, sustentado por leyes y procesos. Cada cifra asignada o recortada a cualquier requerimiento o necesidad de la sociedad, pareciera responder a una correlación de fuerzas, a una negociación de pasillo y a una visión particular del contexto, y no al estudio, seguimiento y búsqueda de soluciones a los problemas reales del ciudadano. De allí que desvincular las decisiones y acciones de un gobierno a la generación de políticas públicas pertinentes, es un intento deliberado por desmovilizar a la ciudadanía, haciéndole creer que los problemas comunes sólo pueden ser resueltos por expertos y no por la concertación de los distintos actores de la sociedad que convergen y hacen política. Los gobiernos, la sociedad civil, las ONG, los gremios, etc., todos son elementos vitales en este proceso de construcción de una sociedad más justa e igualitaria, y un país estable y con proyecciones de crecimiento y desarrollo.

Los regímenes deficientes y las élites corruptas se han empeñado en convencer a la población de que «la política es innecesaria» y que lo mejor es mantenerse al margen, buscando generar desapego y abstencionismo con miras a neutralizar los contrapesos  que requiere el espacio político. Reconocer que el problema sí es político es el primer paso hacia la solución. Si las causas de nuestras crisis fuesen climáticas, biológicas o técnicas, estaríamos sujetos a fuerzas que escapan de nuestro control. Pero al ser de carácter político, significa que son construcciones humanas. Es decir que el ejercicio de Política en la gestión de gobierno está dirigido a lograr consensos que permitan negociar entre diferentes sectores sociales, económicos y partidos para aprobar leyes y presupuestos requeridos; generar legitimidad para asegurar que las decisiones tengan el respaldo ciudadano y legal necesario para ser respetadas y obedecidas sin recurrir a la fuerza; priorizar la asignación de recursos para definir qué problemas sociales son urgentes y hacia dónde se deben dirigir los fondos públicos limitados; y  permitir mantener la estabilidad, al actuar como una válvula de escape para resolver los conflictos sociales de manera pacífica e institucional.

En conclusión, cuando el Estado no reconoce una situación como prioritaria o carece de un marco legal para resolverla, genera una crisis por ausencia de política. Esta omisión se manifiesta al ignorar las demandas sociales de la agenda pública, no desarrollar normativas ante las nuevas realidades o decidir deliberadamente no intervenir, trasladando la responsabilidad de las soluciones a la propia ciudadanía.