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Ponencia de Magally Huggins: cambios sociopolíticos en el rol de la mujer venezolana

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Proyecto Integridad Electoral Venezuela

Foro Desafíos para el acceso de las mujeres al poder.
El sistema electoral venezolano desde la perspectiva de género

 Ponencia:

Cambios sociopolíticos en el rol de la mujer venezolana

Magally Huggins Castañeda[1]

Introducción

En la historia del movimiento de mujeres en Venezuela en relación con su participación electoral, podemos identificar tres momentos fundamentales, lo cual no significa que no haya otros. Sin embargo, pensando en la situación actual y en las luchas venideras, he seleccionado estos tres momentos por su significación en la democratización de la democracia venezolana:

  1. Las luchas de las mujeres de la Generación del 28 por lograr los derechos civiles y políticos en igualdad de condiciones con el hombre.
  2. Las luchas por alcanzar la cuota de género en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política.
  3. La eliminación de la cuota de género por el Consejo Nacional Electoral.

Estos tres momentos serán presentados de manera resumida y en las conclusiones presentaremos algunas reflexiones  sobre el camino que debemos aun transitar a fin de obtener la paridad y alternabilidad electoral, con miras a lograr una representación igualitaria en los cuerpos de toma de decisión política del Estado venezolano.

  1. – las mujeres de la Generación del 28

A fin de entender la participación de las mujeres en los procesos electorales, creemos necesario hacer referencia al significado que tuvieron para nuestro país, las luchas desplegadas por las mujeres de la Generación del 28 –porque hubo mujeres luchadoras en esa generación invisibilizadas por la historia-, a fin de lograr en 1946 la plenitud de sus derechos políticos en igualdad con los hombres. Y es así, porque muchas personas creen que esos derechos fueron una dádiva de los integrantes de la Junta cívico-militar que gobernó a Venezuela entre 1945 y 1948: la llamada Revolución de Octubre. Pero no, estos derechos fueron un logro de la lucha organizada y sostenida de las venezolanas desde 1935, aun antes de la muerte del dictador de entonces Juan Vicente Gómez.

Para ello utilizaremos a lo largo del texto dos categorías de análisis que nos servirán, también, para entender las luchas de las mujeres hasta hoy en relación con lo electoral: Democratización de la democracia y politización de la vida privada.

  1. a.- Democratización de la democracia

Ser reconocidas como actoras sociales y políticas ha sido una razón fundamental de las luchas de las mujeres y, a la vez, ha significado la profundización de la democracia moderna. Dice Celia Amorós que: «…sin sujetos autónomos, responsables, reflexivos y críticos, el proyecto democrático carecería de sentido (…) Y el feminismo, desde este punto de vista, no es sino la radicalización del proyecto democrático en el sentido de que se constituye en un parámetro inobviable de su coherencia y, en esa misma medida, de su legitimidad» (1997: 25).

Según Bobbio, el desarrollo de la democracia moderna se ha producido a través de dos procesos democratizadores por excelencia: «la gradual ampliación del derecho de voto (…) y la multiplicación de los órganos representativos» (1976/1988: 500). En este trabajo nos interesa fundamentalmente el primero de los procesos mencionados, aun cuando entendemos que ambos son inseparables en la práctica.

A diferencia de Bobbio, asumimos que la ampliación del voto no fue un proceso progresivo dirigido por las elites democráticas de la época a partir de su convencimiento de la necesidad del mismo, sino que, por el contrario, fue el logro de arduas luchas. Si bien, era también necesario lograr un sistema electoral justo, antes había que ganar el derecho a ser sujeto político que pudiera acceder a dicho sistema. En este sentido, las luchas de las mujeres por su incorporación al sufragio, tanto a votar como a ser electas, amplió la cobertura  democrática en términos de la participación social en los diferentes países de Europa, Norte y Sur América.

Dieter Nohlen considera que la “democratización del sufragio” hasta llegar al sufragio universal, igual, directo y secreto «equivale al proceso de democratización fundamental» (1984/1995: 21). Sin embargo, tanto las fuerzas progresistas y transformadoras como las conservadoras, sostenían su negativa a este derecho para las mujeres, por su pensamiento patriarcal y por una concepción utilitarista: ¿cómo votarían las mujeres? ¿De qué lado inclinarían la balanza? Sólo cuando estuvieron seguros de que ellas los apoyarían, las izquierdas o fuerzas progresistas acompañaron abiertamente a las mujeres en su lucha por el derecho al sufragio.

  1. b.- Politización de la vida privada/doméstica

Al sacar del espacio privado la discusión sobre la sujeción de la mujer –como titula Stuart Mill su artículo sobre el tema- ésta pasó a ser objeto de debate en la sociedad civil y, lo que inicialmente era una queja, se transformó en una exigencia de justicia social y derechos civiles y políticos. Confrontar la base patriarcal de la división sexual de la vida social y política puso en evidencia lo justo del reclamo, lo hizo público y, así, lo politizó. Según Pablo Fernández Christlieb la politización consiste,…en que aquello que es privado, se haga público, en comunicar lo incomunicable, en hacer que las experiencias que se vivencian como personales o privadas puedan ocupar un lugar en la esfera pública con objeto de ser debatidas (…) Se trata de hacer expresable, transmisible, interpretable, lo in-expresado, in-transmitido, in-interpretado; inteligible lo ininteligible.  Mientras que la ideologización tiende a reducir el ámbito de la experiencia social, la politización tiende a pluralizarlo (1987: 92).

La lucha de las mujeres por el sufragio alrededor del mundo fue fundamental en el proceso de democratización de la democracia  moderna y, Venezuela no se quedó al margen de tan importante transformación. Las mujeres venezolanas como actoras políticas nacen a la vida pública en la lucha por la democracia durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y continúan activas, en las protestas contra los gobiernos de López Contreras y Medina Angarita. La democracia se constituye en el leitmotiv de cada una de las acciones que ellas desarrollan para alcanzar sus derechos civiles y políticos, lo cual implica una relectura de la ciudadanía como derecho que incluye a las mujeres al igual que los hombres. Así, la lucha por la democracia es un componente fundamental que marca las identidades de las sufragistas venezolanas y de otros países de América Latina, que estaban viviendo regímenes dictatoriales o recién salían de ellos.

En nuestro país las luchas por la democracia se patentizaron en las protestas estudiantiles de 1914, 1918 y 1921. Pero realmente es la protesta de los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela del año 1928, la que se convirtió en el gran estímulo y escuela de desarrollo de una identidad ciudadana que dio sentido a la lucha por la democracia. Y es este el sujeto político en el caso de las mujeres, que se comienza a construir en el seno de esa generación.

Después de la muerte del General Gómez y durante los gobiernos del General Eleazar López Contreras y el General Isaías Medina Angarita, profundizar  la democracia era prioritario para las fuerzas políticas que luchaban por el desarrollo del país; y, de manera progresiva durante todo el período 1935-1945, las mujeres incorporaron en este proceso su reivindicación de igualdad de derechos civiles y políticos para mujeres y hombres, como la única forma de alcanzar una democracia plena. El camino, entonces, era democratizar el sufragio a fin de poder votar y acceder a los puestos de elección popular para, ser sus representantes y defender sus demandas.

La democratización del régimen político era, además,  la forma en que las mujeres   -que ya trabajaban en la administración pública, bancos y comercios- pudieran entrar a los cuerpos de decisión política, los cuales se veían como la última barrera a enfrentar en la lucha por la igualdad. En las comunicaciones que las mujeres enviaron al Congreso de la República en 1943 y 1944[2] exigiendo se les reconociera el derecho al sufragio, afirmaban que el solo hecho de no poder ser electas las  inhibía de prestar sus servicios al país en cargos importantes.

Al igual que sus compañeras sufragistas de otros países su discurso era básicamente liberal: luchaban por la igualdad de derechos a partir de su legalización a nivel constitucional, es decir exigían participar en la democracia moderna. Para ellas no era suficiente y, en nuestro país estaba muy claro, que se escribieran leyes especiales sobre el derecho al sufragio, puesto que, éstas eran fácilmente derogadas al cambiar el gobierno. Era la Constitución la que debía incluir la garantía de todos los derechos, particularmente civiles y políticos por igual para mujeres y hombres. Esto se corresponde con el otro elemento considerado necesario en la democracia moderna que es la institucionalización de la democracia ya que, basada en las normas jurídicas se construiría una sociedad en donde todos y todas podrían participar en las decisiones políticas.

La exigencia de que se les reconociera como ciudadanas en lo civil, establece un vínculo evidente entre democratización y politización. Mientras carecieran de personalidad jurídica sus esposos, padres o representantes legales mantenían sobre ellas, sus actos y sus propiedades, un poder absoluto. Por esta razón ambas luchas se mantenían unidas en todos los países. Este reconocimiento –parcialmente alcanzado en 1942- era el paso requerido para poder ejercer los demás derechos.

Otro elemento resaltante en las prácticas discursivas democratizadoras de las mujeres de la generación del 28 en Venezuela, es que ellas demostraron una clara capacidad de crear organizaciones en la sociedad civil a nivel nacional y establecer alianzas entre ellas, a fin de alcanzar sus objetivos del género. Esto es muy importante porque, la democracia moderna, en la práctica, se sustenta en esta capacidad de llegar a acuerdos para sostener posiciones comunes y tomar decisiones a favor de los sujetos colectivos.  Esto no excluye las relaciones conflictivas entre grupos, pero es resaltante cómo la unidad de las mujeres independientemente de sus visiones ideológicas, ha sido  una bandera común durante todo el Siglo XX.

Organizarse contra la represión que sufrían básicamente los hombres y, también algunas mujeres, las llevó a la internacionalización de sus demandas utilizando los canales de instituciones formales como la Sociedad de Naciones o canales de solidaridad entre las mujeres. Este camino luego sería transitado con la CIM[3] y otras instancias internacionales. Realizaron múltiples acciones exitosas siendo las más resaltantes las siguientes:

  • Acción Femenina fue la organización cabeza del movimiento y llegó a tener vinculación directa con 149 poblaciones y aproximadamente 300 personas repartidas en todas ellas. Para enero de 1947 tenían contactos organizados en aproximadamente el 96,6% de las 600 poblaciones de la Venezuela de entonces, con 40 seccionales organizadas y más de mil quinientas mujeres vinculadas a ellas.
  • Alrededor de «200 transmisiones ordinarias fueron efectuadas desde agosto de 1945 en que comenzó sus labores la Comisión de Radio y Propaganda hasta noviembre de 1946» (C.C.F. Nº 18, enero 1947: 14). La prensa de Caracas y algunos comercios con sus avisos sustentaron sus publicaciones, la más importante de ellas El Correo Cívico Femenino. Esta, en su último número alcanzó los 81.000 ejemplares en total distribuidos por todo el país. (Ibíd.: 14) y, La Cartilla Cívica la cual fue fundamental en la capacitación de las mujeres a nivel nacional, sobre los pasos necesarios en el sistema electoral para poder votar, desde la inscripción en el Censo Electoral hasta el voto y registro final del votante. «… primero esta cartilla fue editada en cantidad de 10.000 ejemplares en diciembre de 1945 y después en número de un cuarto de millón en el mes de julio de 1946» (Ibíd.: 15). La distribución fue hecha por las mujeres de todo el país y se convirtió también en otro medio de contacto y comunicación entre ellas.

Las mujeres del 28, para obtener sus derechos políticos debieron confrontar un machismo que rayaba en la misoginia de algunos de los dirigentes de los movimientos políticos de entonces: el más resaltante el de Betancourt en los años treinta. Sin embargo, desde el punto de vista táctico entendió que la democratización del sufragio –incluyendo a las mujeres- rendiría tributos políticos y la apoyó, no así la politización de lo privado.

Como dijimos antes, politización es hacer público lo privado. Este fue un componente importante en la lucha de las mujeres por sus derechos civiles y políticos, que alcanzó su expresión más completa cuando identificaron la necesidad de ser consideradas sujetos con personalidad jurídica propia, a fin de poder administrar sus bienes y tener autonomía en sus decisiones en lo político, social y económico. Esto significó, claramente, que las mujeres habían entendido que el poder de los hombres sobre ellas en la vida privada las desposeía de cualquier otra posibilidad de derechos.

Si la politización consiste, además, en un proceso de re-significación de los símbolos hasta entonces considerado válidos o de creación de nuevos símbolos, lo primero fue lo que hicieron nuestra mujeres del 28 al salir a la calle portando sus habilidades domésticas, como es el caso del cuidado de los presos políticos, o incursionando en acciones que, hasta entonces, eran vistas como apropiadas sólo para los hombres, como la protesta en la calle, la cual llevaron hasta el púlpito de las iglesias. Es decir, quebrantaron las barreras que establecía el patriarcado mediante la ideología dominante de género.

Pero, a la vez que salieron a la calle con sus prácticas privadas, las cuales son socialmente aceptadas, también en este proceso generan la creación de nuevos símbolos cuando exigen ser reconocidas como sujetos políticos, ciudadanas en igualdad de derechos que los hombres. Aquí politización y democratización entrecruzadas sientan las bases de un nuevo simbolismo que ha sido sumamente difícil de instaurar, el de la mujer política, es decir, la mujer con pleno derecho a estar y ejercer la función política. El viejo significado patriarcal de la presencia femenina en la vida pública, la prostituta, ha demostrado estar tan arraigado en la cultura y en la ideología hegemónica de género que, aun en nuestros días, permanece vigente. Basta con decir que una es una mujer pública para evocar los tradicionales significados.

En Venezuela, también el maternalismo –la madre como identidad básica y única permitida a las mujeres- fue clave en limitar el desarrollo de la politización de la vida privada y su conversión en mayor igualdad en la vida pública y la vida privada de las mujeres. Lo que Fernández Christlieb llama ideologización, proceso que «tiende a reducir el ámbito de la experiencia social, (mientras que) la politización tiende a pluralizarlo» (1987:92), es la otra cara de la politización, lo cual queda claramente evidenciado en el discurso maternal que dominó y, aun domina, en muchas mujeres activistas políticas y sociales.

El discurso maternalista, convertido en el núcleo valorativo e identitario dominante en la vida de las mujeres, presiona así contra la politización de los significados alternativos, como el de ciudadana. El caso de las madrinas es un claro ejemplo de salir a la calle con las habilidades de lo privado, como hicieron en 1928 y, continuaron haciendo cada vez que la represión política lo exigía, a fin de garantizar la sobrevivencia de los estudiantes y, luego de los dirigentes y militantes de AD y de la izquierda, que cayeron presos en la lucha por la democracia.

Durante este período histórico un elemento favorecedor de la politización de lo privado fue la salida de las mujeres a la vida laboral extra-doméstica, aun cuando sus trabajos fueran inicialmente una extensión de las prácticas del hogar, pues significaron un tránsito de lo social a lo político (telegrafistas, maestras, beneficencia pública, obreras, etc.). También las mujeres encontraron en profesiones como el periodismo una tribuna para cuestionar el papel que les había asignado la sociedad; desde la literatura y demás expresiones artísticas, cuestionaron el simbólico viril, patriótico y guerrero, como el camino exclusivo para el ejercicio de la política. Ante este proceso, los elementos ideologizadores levantaron la bandera de la mujer portadora de una buena moral, mejor que los hombres y menos belicosa, lo cual sería su aporte a la política. También el argumento de la ciudadana madre de los futuros ciudadanos, que debía acceder al derecho al sufragio no para ser elegida sino para socializar a los ciudadanos democráticos que el país soñado requería.

En resumen podemos decir que, las mujeres de la generación del 28 abrieron las puertas de la calle a las mujeres como sujeto político y a la democracia, la cual hasta hoy, es una razón fundamental de las acciones de las mujeres. Esto no es casual: sin democracia no hay igualdad de derechos, sin democracia no hay igualdad de género y las diferentes al hombre siguen siendo menos que. Ellas construyeron el primer movimiento feminista en Venezuela, independientemente del mayor o menor uso  público que hicieran del término. Su movimiento por los derechos civiles y políticos, fue claramente un movimiento feminista exitoso que las llevó a ser coparticipes del poder político en la Asamblea Nacional Constituyente de 1946 y en 1948, en el primer Congreso de la República de Venezuela por elección popular.

Sin embargo, el éxito en la politización fue menor; la ideologización se impuso y las grandes luchadoras por sus derechos políticos, en buena medida cerraron sus organizaciones para dedicarse al hogar que habían «abandonado» para ser ciudadanas. Esto generó una desmovilización tal que en las elecciones de 1948 las mujeres electas fueron sólo 4: 2 senadoras y 2 diputadas, de las 12 principales y 8 suplentes que fueron electas para la Asamblea Nacional Constituyente de 1946.

  1. – La lucha por la cuota electoral

Tres generaciones después, las mujeres de los partidos políticos en alianza con las mujeres de la sociedad civil organizadas por los intereses de género lograron crear espacios dentro de la institucionalidad del Estado, lo cual aun con gran debilidad institucional, es uno de sus logros más importantes. Desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez con la creación de la primera Comisión Femenina Asesora de la Presidencia de la República- COFEAPRE (1974), sustituida por el Ministerio sin cartera para la Participación de la Mujer en el Desarrollo durante el Gobierno de Rafael Caldera (1979); la segunda COFEAPRE y luego el Ministerio de la Familia con la Dirección de Promoción de la Mujer en 1987, hasta la creación en 1992 del Consejo Nacional de la Mujer el cual, con la Ley de Igualdad de Oportunidades de 1999 se transformó en el Instituto Nacional de la Mujer (Guevara, 2000). También fue muy importante para las mujeres que han luchado por lograr incluir sus derechos en los instrumentos jurídicos del país la creación en 1989 de la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer en el Congreso Nacional de la República y en 1990 el Área de Atención a los Derechos de la Mujer en la Fiscalía General de la Nación. Todas instancias importantes en la democratización de la democracia.

Por otro lado, desde 1985, las mujeres organizadas desde el feminismo y las militantes políticas lograron construir un modelo de alianzas que alcanzó importantes éxitos y que se conoció como la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres – CONG♀[4]– la cual se crea el 22 de marzo de 1985 bajo el impulso de la Cumbre Mundial en Nairobi con la cual concluía el Decenio de la Mujer decretado por las Naciones Unidas. La CONG♀ se convierte en el principal impulsor de las leyes y de la creación de las diferentes y sucesivas instancias gubernamentales para las mujeres, siendo mientras existió´, la representación unitaria de las mujeres venezolanas.

Las mujeres organizadas en este camino democratizador, lograron importantes reformas legales como el caso de la Ley del Trabajo en 1986, sin embargo después de su aprobación, no crearon un movimiento que garantizara su cumplimiento, sino que en su mayoría volvieron a sus actividades anteriores, al igual que hicieron en 1946, y no se realizó un seguimiento a su cumplimiento de parte del Estado ni de la empresa privada. Algunas volvieron al hogar, otras a la academia, otras a los partidos políticos o al trabajo comunitario, pero dejaron de lado la presión para que lo alcanzado se hiciera práctica.

También se logró la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, como consecuencia de la aprobación en Venezuela  de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do Pará. Está nueva ley venezolana fue aprobada en 1998 y entró en  vigencia en enero de 1999. Es de hacer notar que, las acciones para alcanzar esta ley se desarrollaron con menos movilización pública que las anteriores, pero con una mayor participación de las mujeres políticas militantes de partido, en especial las que ejercían cargos de representación en el Congreso Nacional. De gran actividad fue la Comisión Bicameral para los Derechos de la Mujer y de las organizadas de la sociedad civil que tenían experiencia y años de trabajo en la temática de la violencia contra la mujer y, particularmente, contra la violencia intrafamiliar.

Volviendo al tema de la democratización de la democracia y el tema electoral, fue en este contexto que las mujeres ganaron en 1997 la cuota de género en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, la cual luego les fue arrebatada en el año 2000. Esta lucha por la cuota de género puede considerarse como la continuación de las pioneras sufragistas venezolanas y del mundo, la cual se gestó en las organizaciones y participaron mujeres que desde el espacio de las bases partidistas, apoyaron la iniciativa que se introdujo al Congreso de la República de Venezuela. En palabras de Carolina Coddetta, el proceso se inició, también diez años antes:

Para aumentar la presencia de la mujer en la estructura de poder político, en 1987-88 se formó el Movimiento Mujeres Dirigentes Unidas, con el objetivo de lograr mayores cuotas femeninas en las planchas electorales de los partidos (Coddetta, 2001:105).

Dentro de la misma experiencia de construcción de alianzas, las mujeres políticas junto con las feministas y  las demás organizaciones de la sociedad civil con visión de género, y las mujeres de la Dirección para la Promoción de la Mujer del Ministerio de la Familia, se lanzaron a buscar en sus partidos un mayor reconocimiento por su práctica política y por el elevado número de militantes mujeres (más del 50%) de todos los partidos. Elaboraron un programa mínimo y realizaron acciones de calle y talleres de discusión a través del país.

Aunque entonces no lograron que se aprobara una ley de cuotas de representación dejaron claro que buscaban posiciones salidoras y no ser simple relleno en las listas de los partidos (Friedman, 2000: 216).  En la Gaceta Oficial del 30 de diciembre de 1997 aparecía la nueva Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política la cual en su Sección Tercera De las Postulaciones de Candidatos a Organismos Deliberantes, en su  Art. 144 taxativamente dice:

Los partidos políticos y los grupos de electores, deberán conformar la postulación de sus candidatos por listas a los cuerpos deliberantes nacionales, estadales, municipales y parroquiales, de manera que se incluya un porcentaje de mujeres que representen como mínimo el treinta por ciento (30%) del total de sus candidatos postulados. No se oficializará ninguna lista a partidos políticos o grupos de electores que no cumplan con estas especificaciones. Esta disposición no es aplicable en aquellos casos de elecciones uninominales. (Cursivas nuestras)

Ante esta respuesta, ellas elaboraron un manifiesto que fue firmado  por las mujeres de todos los partidos a excepción de las del MEP y el PCV debido a «…la presión de los dirigentes de ambos partidos los cuales insistían en que su ya mermada representación en el Congreso Nacional podría disminuirse si colocaban mujeres en las primeras posiciones de sus listas» (Friedman, ob. cit: 216). Partidos como Acción Democrática- AD y el Movimiento al Socialismo – MAS, establecieron cuotas internas para los diferentes organismos de dirección partidaria.

La cuota establecida en el Art. 144 permitió que en las elecciones de 1988 aumentara sensiblemente la presencia de las mujeres en el Congreso Nacional. Se eligieron 3 senadoras (6,5%) y 19 diputadas (9,5%) el número más grande hasta entonces. Otro resultado podría ser que su efecto se irradió aún a las postuladas uninominalmente ya que, en 1993 las candidatas uninominales (13,1%) obtuvieron juntas sólo el 6,6% de los votos y en 1988 «a pesar de que la proporción de mujeres candidatas se mantiene igual[5] (14,3%), el porcentaje de votos que alcanzan entre ellas prácticamente se duplica (13,3%)» (C. Coddetta. 116-117). Además «el 63% de las mujeres electas fueron aquellas cuyos  nombres  aparecían en  las listas»[6] y no uninominales. Es decir, se constató que, o bien se imponía la decisión de los dirigentes del partido al colocar a las mujeres en posiciones salidoras en sus listas cerradas, o simplemente ellas no entraban en cargos del Congreso de la República de Venezuela de manera uninominal. Los y las venezolanas votaban por el partido independientemente de quien estuviera en las listas: la fidelidad al partido y el conocimiento de los postulados, se imponía.

Nuevamente, la movilización de las mujeres organizadas encabezadas esta vez por las militantes de partidos políticos, logra objetivos importantes democratizadores de sus derechos, en este caso políticos. Pero, no podemos decir lo mismo de la politización de lo privado. Las mujeres permanecemos en el espacio público, pero seguimos siendo las responsables de la vida privada en todas sus facetas, manteniéndose el hombre fuera del mismo. Por el contrario la mayor participación de las mujeres en lo público ha sobrecargado su vida con una múltiple jornada afuera y en la casa. Sin embargo, el discurso feminista y su expresión el enfoque de género, cada día permea más la vida cotidiana de las mujeres que seguimos siendo las actoras de la revolución cultural del siglo XX; la que ha socavado las bases del patriarcado y que, silenciosamente en unos momentos y con voz en alto en otros, sigue recorriendo la historia de la humanidad desde que apareció pocos años antes de la Revolución Francesa de 1789: la revolución de las mujeres.

  1. – La eliminación de la cuota de género por el Consejo Nacional Electoral.

El último episodio al que me referiré en este trabajo[7], se produce poco tiempo después de que muchas mujeres participaran en la elaboración de propuestas para la Reforma de la Constitución de la República de Venezuela presentadas a la Asamblea Constituyente de 1999. Algunas de las mujeres y hombres participantes en este proceso, coinciden en afirmar que se logró incorporar en la nueva constitución casi el cien por ciento de sus propuestas. Sin embargo, comenzaron a prenderse las luces de alerta, a los pocos años de su promulgación.

Al igual que con el resto del país la polarización política ha llegado a las organizaciones de mujeres, tanto a las de carácter militante partidista como a las de la sociedad civil que se identifican como organizaciones de mujeres u ONG’S. Una evidencia de ello es la marcada presencia femenina en las acciones y movilizaciones políticas de los dos polos en disputa: las mujeres se incorporan al llamado del oficialismo y de la oposición. Surgen organizaciones de mujeres dentro de los partidos oficialistas como el caso de las Manuelitas Sáenz (Partido Patria para Todos) y dentro del sector de oposición como las mujeres que se agrupan en el Frente de Mujeres de la entonces Coordinadora Democrática y que continúan actuando autónomamente. Además, muchas organizaciones de la sociedad civil, deciden agruparse en el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres ante la disminución de los espacios de libertades y derechos, y la necesidad de mantener a los organismos internacionales informados al respecto de manera autónoma. Esta instancia colectiva de la cual forman parte más de cuarenta organizaciones, es la responsable de la elaboración del Informe Sombra o informe alternativo al gubernamental que se presenta a la Organización de Naciones Unidas.

En la actualidad las mujeres seguimos luchando por evitar el daño que el doble discurso jurídico y político está causando a los derechos ciudadanos. Quizás el caso más emblemático sea que, mientras las mujeres que participaron en las propuestas para la Asamblea Constituyente coinciden en afirmar que se obtuvieron casi todos los derechos solicitados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 21 de marzo del mismo año (2000) el Consejo Nacional Electoral ordenaba a las Juntas Regionales y Municipales Electorales la no aplicación del artículo 144 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, referido en el punto anterior, el cual respondía al Art. 4 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer – CEDAW.

Por un lado, las mujeres habían exigido igualdad en el ejercicio de deberes y derechos políticos. Para lograr esto se requiere establecer políticas de equidad que eviten la discriminación que significa tratar a diferentes como iguales, y que mundialmente son llamadas políticas de igualdad de oportunidades. Esta  política está establecida en el art. 21 de la Constitución de 1999 con el objeto de disminuir las brechas existentes que por razones históricas de inequidad han impedido a determinados grupos sociales –entre ellos las mujeres o 50% de la población- acceder al pleno ejercicio de sus derechos. Pero, paralelamente se elimina la posibilidad de obligar a los partidos políticos –incluyendo los oficialistas- a cumplir esa medida de igualdad de oportunidades en el ejercicio y disfrute de los derechos políticos. Este hecho es uno de los primeros que marca y evidencia el retroceso de la democracia durante la Revolución Bolivariana.

La Dra. Sonia Sgambatti Presidenta de la Federación Venezolana de Abogadas- FEVA, introdujo la querella ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este último consideró que la decisión de la no aplicación del artículo 144 era acertada ya que, la situación había cambiado desde que se aprobó la Constitución de 1999, es decir se había alcanzado la igualdad política. Ante esta decisión el Instituto Nacional de la Mujer y la Defensoría de los Derechos de la Mujer, junto a las activistas de las organizaciones de la sociedad civil identificadas con la búsqueda de los derechos estratégicos de género, propusieron una nueva cuota. Esta vez 50-50%. Si los argumentos jurídicos contra el 30% eran válidos y ya teníamos igualdad de derechos según el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, entonces debía crearse una nueva jurisprudencia para justificar la aprobación de la nueva ley de paridad y alternabilidad electoral, ya que se había establecido la igualdad en la Revolución. Una ironía inalcanzable.

Este retroceso en la democracia eliminando la cuota electoral para hacer que las mujeres pudieran acceder con las garantías debidas a las postulaciones electorales, pasó con muy poca repercusión. Podríamos preguntarnos, ya que entonces las mujeres –salvo una pequeña vanguardia- no protestaron esta decisión cuando se hizo del conocimiento público, ¿quién habría de hacerlo? ¿Es que la acción legal introducida por la Dra. Sonia Sgambatti era lo único que podían hacer las mujeres políticas y de las ONG’S? ¿Y las del gobierno?, después que fueron informadas por las mujeres del movimiento organizado, además de reuniones con los directivos del CNE sin llegar a nada, ¿tampoco pudieron sentar posición pública al respecto? O, ¿la fidelidad al proceso no permite una disidencia y hay que acatar todo lo que haga en el gobierno, aun cuando afecte los intereses de las mujeres? Lo que fue evidente es que la coyuntura política, las megaelecciones, exigía que los dirigentes «importantes» estuvieran seguros de ingresar a los cargos de elección popular y, disminuir la competencia era fundamental. Así, la revolución que se autocalifica de feminista no dudó en sacar a las mujeres y dejarlas a un lado. Cosa que ellas aceptaron.

En el año 2003, las mujeres del gobierno convocaron a las mujeres del movimiento amplio a discutir un nuevo proyecto de ley, el cual incluía una amplia gama de problemas propios del género, entre ellos, la discriminación en el ámbito político. La propuesta de ley fue aprobada por la Asamblea Nacional en primera discusión el 6 de marzo del 2003,  Ley Orgánica de los Derechos de las Mujeres para la Equidad e Igualdad de Género, y en su exposición de motivos establecía el objeto de legislar con perspectiva de género. Hasta hoy, no sabemos qué pasó con esta ley, pero sospechamos que se quedará en primera discusión o deberá ser modificada para su discusión. Recordemos que primero está la Revolución.

Veamos ahora lo que sucedió en las elecciones regionales del 2004. De acuerdo con el CNE se eligieron 23 gobernadores y dos Alcaldes Metropolitanos. De estos 24, el 91,7 fueron hombres, sólo dos mujeres (8,3%). Se eligieron también 339 alcaldes, de los cuales sólo 32 (9,4%) fueron mujeres, y eso que dicen que éste es el espacio público en donde las mujeres tienen mayor probabilidad y posibilidad de desarrollarse en la política, y por ello, de ser electas. Como se puede observar, nada cambió entre el año 2000 y el año 2005. Lo que cambió fue el equipo rectoral del CNE y las prioridades políticas del momento. Para ese año no está la crisis que había en el año 2000 con la división del Polo Patriótico y las megaelecciones y Hugo Chávez había ganado el referéndum presidencial. Esto facilita que el CNE resuelva,

«PRIMERO: Exigir a las organizaciones con fines políticos, a los grupos de electores y electoras y a las asociaciones de ciudadanas y ciudadanos a conformar las postulaciones de sus candidatas y candidatos a los cuerpos deliberantes nacionales, municipales y parroquiales de forma alternativa y paritaria» (Itálicas nuestras)

De acuerdo al CNE en las elecciones de Diputados y Diputadas del 2005 para la Asamblea Nacional, se eligieron 166 diputados y diputadas todos de partidos y grupos de electores oficialistas, de los cuales sólo 29 fueron mujeres, es decir, 17,47%. Debemos recordar que los partidos y grupos de electores de la oposición en su casi totalidad se retiraron de estas elecciones, lo cual hizo que algunas candidatas oficialistas pudieran ganar los cargos a pesar de no estar en posiciones salidoras; simplemente no tenían oposición, no había competencia sino dentro de ellos mismos. Esto nos dice, que si aun así entraron tan pocas es porque estaban en posiciones bastante poco salidoras.

De los 556 candidatos retirados, sólo 116 -20,86%- eran mujeres. También muy lejos del 30% de la cuota electoral de la LOSPP o de la exigencia de paridad y alternabilidad de la resolución citada. Parece que nuevamente la revolución que se autocalifica de feminista, no nos cumplió. Y tanto es así que en el diario Ultimas Noticias del domingo 18 de septiembre de 2005 se puede leer un artículo titulado «Exclusión: legislación sobre postulaciones paritarias se convirtió en un saludo a la bandera. El sector político es el menos permeable para las mujeres», firmado por la periodista Jenny Durán. Magdalena Valdivieso, Presidenta del CEM-UCV y militante oficialista afirmaba entonces: «Si bien es cierto que el Gobierno reconoce la importancia de las mujeres, aún no se les reconoce el derecho de estar en los espacios de poder igualitariamente representada». Nada más sucedió y el poder político sigue siendo la última barrera, mejor dicho, la más profunda ideológicamente hablando.

La Comisión de Observadores de la Unión Europea en su análisis de los procesos electorales del año 2005 en Venezuela, concluyó: «Para las elecciones a la Asamblea Nacional, las mujeres fueron el 16% del total de los candidatos. En los distintos Estados este porcentaje osciló entre un 2% (26) y un 38% (27)…La aplicación restrictiva e inadecuada del artículo 144 de la LOSPP a través de la resolución 050401-179 del CNE se debe interpretar más bien como un factor que impidió un incremento mayor de la participación femenina»[8].

Esta experiencia de retroceso del proceso de democratización en Venezuela nos evidencia que, comprender la realidad política de las mujeres es difícil para muchas que por encima de todo son militantes políticas partidistas; peor aún, para aquellas políticas que colocan por encima de todo la fidelidad absoluta al líder. Su práctica «feminista» aunque muchas digan lo contrario, está centrada en garantizar la fidelidad irreflexiva de las mujeres a los líderes y mandatos de la revolución, dejando a un lado los intereses y derechos de las mujeres; eso significa que son todo menos feminista.  En España las llaman mujeres jarrón; algunas latinoamericanas preferimos llamarlas mujeres con bigotes. Por no aceptar esta posición algunas resaltantes luchadoras políticas renunciaron a su militancia en los partidos democráticos y siguieron actuando en la sociedad civil.

Para cerrar este último episodio que presentamos, podemos concluir que en lo que va del Siglo XXI en términos institucionales y electorales, las mujeres venezolanas hemos vivido un retroceso enorme, es decir una des-democratización por las prácticas de las mujeres del oficialismo y, por la inercia y poca fuerza del movimiento autónomo de mujeres. Pero, más grave aún, desde la perspectiva de la politización de lo privado el retroceso ha sido peor que lo visto en décadas anteriores. La utilización de un discurso que subsume todos los intereses de las mujeres –y los hombres- a los deseos del líder máximo; el culto a la personalidad y la militarización de la institucionalidad del país; la compra-venta de fidelidades,  la primacía de la opinión de los dirigentes por encima de los derechos de la ciudadanía, son prácticas políticas que niegan la condición de sujetos de derechos a mujeres y hombres; eliminan las libertades y garantías constitucionales y crean un imaginario político cargado de violencia y autoritarismo. Todo esto en muy poco ayuda a que las mujeres puedan continuar avanzando en la vía de ser cada vez más ciudadanas autónomas.

  1. – ¿qué nos enseña lo hasta aquí narrado?
  • Si como dicen es cierto que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, queremos evitar que esto continúe ocurriendo en el caso de las mujeres, tanto de la sociedad civil como de los partidos políticos. Ojalá que no sólo llegue el mensaje a quienes creemos en la democracia de manera abierta, sino que, pueda alcanzar a quienes están del lado del Socialismo del Siglo XXI. En este sentido, la historia pasada y reciente aquí revisada nos enseña que ha habido logros importantes en la lucha por la igualdad de derechos políticos de las mujeres, en particular su derecho a votar y ser elegida en igualdad con los hombres. Mucho costó, pero los logros deben defenderse permanentemente, no se pueden dejar arrebatar y, hoy a casi seis generaciones de las mujeres del 28, es un compromiso nuestro rescatar la democracia y democratizarla, vista ésta desde el feminismo, con inclusión y visión de género.
  • Los tres episodios referidos nos evidencian que la organización es fundamental, no sólo en espacios de mujeres sino también, nuestra participación en otros espacios como los partidos políticos; y dentro de ellos, seguir levantando la bandera de la mujer como sujeto de derechos y actora política en igualdad con el hombre. Defender este principio es el punto de partida. Podemos fracasar pero si no partimos desde allí no habrá éxito.
  • La participación en la acción pública, en la protesta, con nuestras banderas, logra el primer paso, hacernos visibles. Pero, no podemos se compañeras o cooperadoras sino activistas, y líderes de movimientos o partidos, con las mismas garantías que los dirigentes masculinos. Y, en este sentido, nuestros mensajes deben ser claros, queremos una democracia con perspectiva de género, representativa y capaz de incorporar a todos los sectores y actores/as políticos en igualdad de condiciones.
  • Un elemento que resalta en esta revisión es la necesidad de la permanencia, la continuidad de las acciones y planteamientos, que llevamos a la vida pública. La unidad ha sido una bandera histórica que ha garantizado el éxito en muchas oportunidades y debe continuar así. No sólo en la organización política sino entre mujeres de diferentes grupos, prácticas y organizaciones, con visiones políticas e ideológicas diferentes.
  • Sólo desde una clara conciencia de género podremos incidir en desmontar el avance que ha logrado nuevamente, el discurso patriótico y guerrero que exige, aunque no explícitamente, la condición viril –masculina- para el ejercicio de la política. Un retroceso impactante el nuestro discurso político que ha retornado cargado de violencia, represión, autoritarismo, militarismo y discriminación.
  • Por último, quiero destacar lo importante de los espacios institucionales para lograr el cumplimiento de las garantías de los derechos, especialmente para las mujeres que son las más perjudicadas en todas las exclusiones o violaciones de los mismos. La política y sus instituciones –los partidos políticos- son fundamentales para lograr estos objetivos; para lograr tener voz y voto en la transformación democrática del país. Llegar a estos espacios y a las instituciones del Estado y dentro de ellos, ser capaces de no negarnos como mujeres, humanas, manteniendo una alianza democrática con las mujeres de todos los sectores sociales y organizaciones de la sociedad civil.

BIBLIOGRAFÍA

  • Amorós, Celia (1997). Tiempo de feminismo. Sobre feminismo, proyecto ilustrado y postmodernidad. Madrid: Eds. Cátedra. Universitat de Valencia/Instituto de la Mujer.
  • Bobbio, Norberto (1976/1988). “Democracia”. En, Bobbio, N. y Nicola Matteucci. Diccionario de política. México: Siglo XXI, pp. 493-507.
  • Coddetta, Carolina (2001). Mujer y participación política en Venezuela. Caracas: Comala.com.
  • Correo Cívico Femenino. Nº 18, enero 1947.
  • Fernández Christlieb, Pablo (1987). “Consideraciones teórico-metodológicas sobre la Psicología Política”. En Montero, Maritza. (Coordinadora) Psicología política latinoamericana. Caracas: Panapo, pp. 75-104.
  • Friedman, Elisabeth (2000). Unfinished Transitions. Women and the Genered Development of Democracy in Venezuela 1936-1996. Pennsilvania: The Pennsilvania State University Press.
  • Guevara, Lisbeth (2000) Antecedentes históricos de la Institucionalidad del tema Mujer. (Borrador de trabajo sin publicar).
  • Huggins C. Magally (2013) Las mujeres y su lucha por los derechos políticos en Venezuela (primera mitad del siglo xx). Tesis Doctoral. Centro de Estudios del Desarrollo-CENDES. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
  • Mill, John Stuart (1869/1973). La sujeción de la mujer. En Alice Rossi, (Editora). John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill. Ensayos sobre la igualdad sexual. Barcelona: Península, 153-288.
  • Nohlen, Dieter (1984/1995). Elecciones y sistemas electorales. Caracas: Nueva Sociedad.
  • Sgambatti, Sonia (2005) Comunicado articulo 144 ley del sufragio. Enviado por correo electrónico.
  • Unión Europea (2006) Misión de Información Electoral Venezuela 2005. Informe Final.


[1]
Docente-Investigadora del Cendes- UCV. Psicóloga Social, Magister en Criminología y Dra. en Estudios del Desarrollo. Coordinadora del Módulo de Derechos Políticos del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres.

[2] Esta última con el apoyo de más de 11.000 firmas de mujeres recogidas en todo el país.

[3] Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA.

[4] El símbolo ♀ proviene de la mitología griega y significa “el espejo de Venus” y se convirtió en el símbolo que identifica a la mujer.

[5] Parecería evidente que al no ser obligatorio no se logra aumentar la presencia de mujeres, como se demuestra en el caso de las candidatas uninominales. (N. A.)

[6] Friedman, ob. cit, 252

[7] Para mayores detalle sobre esta «desaplicación» del Art. 144 de la LOSPP ver: Huggins C. Magally (2005) Venezuela: Veinte años de ciudadanía en femenino. En Venezuela Visión Plural. Tomo I. Cendes y BID. Caracas, 416-445.

[8] Unión Europea, 2006, 40

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