Benigno Alarcón

Nuestra Mesa de Análisis Coyuntural tuvo la oportunidad de conocer en una presentación privada el más reciente estudio de Consultores 21, una respetada firma de estudios de opinión pública. Aunque  nuestro Centro no ha realizado estudios de campo este año, compartimos algunas de sus conclusiones porque creemos en la seriedad de esta firma y porque las mismas lucen como una evolución compatible con nuestros propios estudios. Según este estudio la gente no está muy convencida de que “Venezuela se arregló”.  La consulta que se realizó durante el primer trimestre de este año, de manera presencial, arrojó que dos tercios de los entrevistados siguen pensando que la situación del país y su situación personal es mala. A su juicio el país está estancado y por eso consideran que es importante que se retomen las negociaciones en México tomando como principales puntos de discusión la economía, los servicios públicos, las sanciones y elecciones libres

Aun cuando la plataforma comunicacional del gobierno ha sido bastante insistente en tratar de convencer a propios y extraños de que el país cambió y que todo se está arreglando, la realidad es implacable. Tal y como señalan los economistas, en 2021 se produjo un crecimiento de la economía pero sólo para llevar a lo que el director de Ecoanálitica, Asdrúbal Oliversos, define como una estabilización en el foso. Y eso es evidente para casi un 90% de la población que, según los estudios realizados por organizaciones como Encovi, se mantiene en situación de pobreza.

Según el campo de Consultores 21, correspondiente al cierre del primer trimestre de este año, 63% de la población considera que la situación del país es mala y 57% dice que su situación personal también lo es. Solo hay una respuesta algo más optimista, como suele suceder,  cuando se pregunta sobre el futuro, y aún así las proporciones son conservadoras: la mitad (45%) cree que será mejor y la otra mitad (54%) que será peor. Ese dejo de optimismo ascendió cuando comenzó a ceder la pandemia: la gente empezó a salir de sus casas y a realizar alguna actividad económica que le permitiera mejorar su situación personal.

Sin embargo, la precariedad se mantiene en un país donde muchas empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido a los fuertes controles de precios y fiscalizaciones permanentes. Otras fueron expropiadas y mal administradas por el gobierno. Todo ello hizo crecer significativamente el desempleo. A lo que hay que agregar la pulverización del salario, de los beneficios sociales, y de las pensiones y jubilaciones, como efecto de la hiperinflación, así como la destrucción del sector salud y educativo.

Y aunque más de la mitad de la población asegura trabajar por su cuenta, en realidad hay mucho subempleo y empleo precario, más que emprendimientos. Dos tercios de los venezolanos (66%) piensan que el país está estancado, que no progresa.

La economía como principal problema

Según el citado estudio de opinión pública, la mayoría de las personas consultadas en diferentes ciudades y pueblos del país advierten que actualmente el principal problema sigue siendo la economía. Antes, entre 2015 y 2018, la mayor preocupación estaba enfocada en la escasez, pero ahora el primer lugar se lo lleva la inflación. Los anaqueles de los comercios están llenos de productos, principalmente importados, pero la gente no tiene capacidad de compra. El segundo problema de preocupación es la política y le siguen, en orden de importancia, el desempleo, la inseguridad, la corrupción y, por supuesto, la crisis de los servicios públicos.

Es así como una situación que se ha querido presentar como de mejoría desde la narrativa del gobierno, no es sostenible sin avances reales en el corto o mediano plazo, y pudiera explotarle en la cara a un oficialismo que ha pretendido hacer de el “Venezuela se arregló” el lema de campaña de cara al 2024, como lo demuestra la frecuencia cada vez mayor de micro-protestas a lo largo y ancho de todo el país. Es cierto que la maquinaria comunicacional oficialista ha dado sus frutos generando esa sensación de bienestar en muchos venezolanos que hoy en día pueden comer un poco mejor, comprar algo que les gusta, celebrar un cumpleaños o tomar unas cervezas el fin de semana. Sin embargo, es imperativo que se logren avances concretos en el corto plazo para evitar que se profundice la crisis social.

Es importante destacar que para el común de la gente la economía no es la del petróleo, las importaciones y exportaciones, o los bonos de la deuda, sino la familiar. Se trata de si consigue dinero para adquirir los alimentos. En estos momentos, el ingreso familiar –según diferentes empresas consultoras- se ubica en 69 dólares promedio mensual, lo que puede llegar a 120 dólares si se suma el ingreso de otros miembros de la familia o las transferencias desde el exterior. Ese monto es un poco más alto para la clase media, o puede ser más bajo en las zonas más desfavorecidas,  así como   también se encuentran diferencias en las regiones. Es así como se observa que, para la gran mayoría de los hogares (69%), el ingreso es por mucho insuficiente para cubrir las necesidades básicas y la capacidad de ahorro prácticamente es inexistente. Se calcula que se requieren al menos unos 400 dólares promedio mensuales para poder satisfacer los requerimientos básicos del hogar.

El otro tema que forma parte de la cotidianidad de los venezolanos es el de la moneda. Hasta el mes de abril de este año, más de la mitad de los consultados prefería hacer sus transacciones o compras con divisas (dólares o pesos, fundamentalmente). Sin embargo, la reciente aplicación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que penaliza los pagos en divisas, ha hecho que muchas personas estén utilizando más el bolívar como moneda de pago. Pero a la hora de calcular sus costos o pagos, la gente sigue pensando en divisas.

Por estas razones, la tendencia predominante es responsabilizar al gobierno de la mala situación económica; mientras que quienes apoyan al oficialismo compran la narrativa de que la culpa es más bien de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y otros países, o el sabotaje y la guerra económica. El hecho es que para la gran mayoría no se puede hablar de recuperación económica mientras haya 3 de cada 4 personas pasando hambre y está claro que cerca de la mitad de la población no puede hacer tres comidas al día. Eso a pesar que casi un tercio de la población asegura que recibe mensualmente la caja CLAP mensual. La región más favorecida al respecto es la capital, (Caracas, Miranda, Vargas) mientras que, en contraste, en Lara, Yaracuy y Falcón, el alcance es de un cuarto de lo que reciben los estados capitalinos.

Razones para protestar

Adicional a la crisis económica, el venezolano enfrenta en su día a día el caos de los servicios públicos que abarca prácticamente todas las áreas: agua potable, electricidad, gas, telefonía y conexión a internet, así como la gasolina.

Si bien los apagones han afectado más severamente a los estados del interior del país, en los últimos meses la capital ha sentido también el impacto. Al punto que se habla de más de 80% de afectación mientras que en estados como Zulia y la región andina llega a 100%. Y esto es altamente preocupante porque en la medida que haya alguna mayor actividad económica, se va a requerir más energía que el Estado no podrá suministrar, lo que generaría una crisis eléctrica mayor de la existente.

En el caso del agua potable, solo un pequeñísimo porcentaje de la población (16%) cuenta con un suministro regular del líquido por tuberías, pero la gran mayoría (84%) está sometida a severos racionamientos.

En cuanto al suministro del gas, si bien el servicio sigue siendo irregular, la gente asegura que ha habido alguna mejoría. Esta supuesta mejoría, se limita a cierta regularidad en la entrega de bombonas a la comunidad, que tiene que hacer cola para abastecerse y luego cargar dichas bombonas hasta su domicilio.

Es importante destacar que la gran mayoría de la población (62%) asigna la responsabilidad del caos en los servicios públicos a Nicolás Maduro; mientras que 37%, mayoritariamente quienes siguen apoyando al gobierno, se la achaca a las sanciones.

Tanto la crisis económica como el caos en los servicios hacen que haya una tendencia mayoritaria de la gente (65%) que piensa que hay razones para protestar. Básicamente el freno para protestar es el miedo a la represión. La mayoría considera que si salen a la calle a exigir sus derechos y reivindicaciones, el gobierno va a reprimir con más fuerza; otros creen que habrá represión pero no tan fuerte.

¿De vuelta a México?

Ante un panorama tan complejo, la gran mayoría apuesta por un regreso a la mesa de negociaciones en México que fue suspendida en noviembre por el gobierno bajo la excusa de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab. Y en ese regreso se considera que la agenda integral debería incluir la crisis económica; las sanciones; la crisis de salud y hospitalaria y unas elecciones presidenciales transparentes y justas.

Sin embargo, en los últimos meses el gobierno, pese a la disposición de la oposición y las presiones y peticiones de la comunidad internacional, ha eludido regresar a México e insiste, como era predecible,  en “resetear” el diálogo con una oposición distinta, surgida de los resultados electorales de noviembre y, además, asegura que ya se están efectuando conversaciones con diferentes sectores de la sociedad civil, gremios empresariales y sindicales para buscar soluciones a los problemas del país. En otras palabras, el gobierno continúa con su estrategia de dividir para vencer, intentando dispersar a sus contrapartes, no solo en los procesos electorales sino también en los de negociación.

Como refleja éste y la mayoría de los estudios, para la gran mayoría (59%) es evidente que, para que haya un cambio real en la situación económica y social, Maduro tiene que salir del gobierno. Por otra parte, alrededor de la mitad de la población se ha pronunciado en este y otros estudios de opinión pública a favor de mantener las sanciones para presionar al gobierno y lograr un cambio.

Pocos cambios en lo político

En materia política, no se observan grandes cambios con respecto a los resultados de finales de 2021. Llama la atención que cuando se habla de oposición, la mayoría sigue pensando en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) o en el G-4 (los cuatro partidos mayoritarios de oposición); al parecer ese concepto de unidad sigue presente en la mente de la población. Y cuando se indaga en la preferencia partidista de los chavistas, estos favorecen al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Y aun cuando la mayoría no ve utilidad en el gobierno interino, la balanza entre los opositores que apoyan a algún liderazgo sigue inclinándose mayoritariamente a favor de Juan Guaidó. En el caso del chavismo, los líderes con mayor aceptación como potenciales candidatos presidenciales serían Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.

En cuanto a las elecciones presidenciales, que deberían efectuarse a finales de 2024, más de la mitad de los encuestados dijo que no votaría, lo cual es preocupante aunque aún queda mucho camino por recorrer para llegar a ese momento. Quizá lo más importante ahora es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice el registro de la diáspora dado que se trata de un número muy importante de ciudadanos venezolanos a quienes no se les estaría permitiendo ejercer su derecho al voto. Considerando la cifra de expatriados y que el mayor porcentaje de la diáspora votaría en contra del gobierno, consideramos poco factible que se emprenda algún esfuerzo serio de parte del gobierno, su Cancillería y el Consejo Nacional Electoral para facilitar el derecho al voto en el exterior sin un importante nivel de presion tanto internacional como interna.

En conclusión

En lo económico, a pesar de los esfuerzos de la plataforma comunicacional oficialista por demostrar que “Venezuela se arregló”, la realidad es que los niveles de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de la Universidad Católica Andrés Bello, siguen sobrepasando el 90% de la población. Con un predominio de empleo precario, se observa que el ingreso mensual promedio de una familia es de 69 dólares, que con aporte de otro miembro de la familia o remesas recibidas, puede alcanzar los 120 dólares, monto que no permite cubrir las necesidades del hogar.

En cuanto a los servicios públicos, la población se siente cada vez más agobiada principalmente por los apagones cada vez más frecuentes y de mayor duración, especialmente en las regiones andina y zuliana, y la carencia de agua por tuberías; además de fallas en la recolección de basura y en el servicio de gas doméstico.

Y aunque la gente siente que tiene motivos para protestar, en su mayoría se abstiene de hacerlo por temor a la represión. En ese sentido, la tendencia es exigir el regreso a la mesa de negociones iniciada en México en noviembre del año pasado para dar soluciones a la crisis económica, a los servicios,, analizar el tema de las sanciones, y canalizar unas elecciones presidenciales transparentes y justas.

Por el momento, parece claro que el gobierno no tiene incentivos para volver a la agenda originalmente pautada en México, mientras busca otras vías para gestionar y presionar por la eliminación de sanciones, incluyendo la incorporacion de otros actores internos a su narrativa, aunque este sigue siendo el único factor de apalancamiento que tiene la oposición y la comunidad internacional democrática para obligarlo a negociar.