Alex Fergusson

En su intento desesperado por mantenerse en el poder, huyendo hacia adelante, el gobierno nacional está cerrando el cerco que terminará ahogando lo que queda de la sociedad civil en Venezuela.

En primer lugar, está el ataque sistemático contra la libertad de expresión, a través de la criminalización de la protesta, que se paga con agresión física, cárcel o muerte, pero también con la eliminación de todos los medios de prensa escritos, de radio y televisión disidentes. Así, de los más de cien diarios que existían hace veinte años, solo quedan unos diez, y todos ellos plegados a las políticas de difusión del gobierno por la vía de la autocensura; lo mismo ocurre con las estaciones de radio y televisión.

No obstante, debo decir que las protestas por los salarios de hambre, la baja calidad de los servicios de salud, educativos, agua, gas, electricidad, el medio ambiente y demás servicios públicos, no han cesado y ya se contabilizan unas 58.000 de ellas en los últimos meses, en todo el país, especialmente las que provienen de los jubilados y pensionados, de los empleados del sistema de salud, de los educadores, los universitarios, los ambientalistas y los transportistas.

Luego tenemos la propuesta de Ley de Cooperación Internacional que la Asamblea Nacional (AN) aspira a aprobar pronto. Esta Ley pretende limitar y controlar el financiamiento internacional a prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil como las ONG, las fundaciones, asociaciones civiles sin fines de lucro y hasta a las mismas universidades nacionales y a todas las otras organizaciones autónomas.

En su Artículo 2 se establece que esta Ley se aplica a todas las actuaciones y actividades que se realicen en el marco de la cooperación internacional o que se relacionen con esta y que impliquen, entre otros, la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, capitales y recursos públicos o privados, materiales, humanos, económicos, financieros, desde el exterior hacia el país.

Tras más de 15 años pendiendo como una espada de Damocles sobre las cabezas de estas organizaciones, el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que tiene el mismo texto que el de 2005,  parece ser, ahora sí, una amenaza de control  más real que nunca para la sociedad civil venezolana.

De este modo, el gobierno desempolva el tema en medio de una arremetida que ha incluido allanamientos y detenciones de activistas sociales, así como la orden de vigilar las operaciones financieras realizadas por las organizaciones civiles; precisamente, cuando el país aún trata de digerir la decisión de ordenarles a todas las agrupaciones caritativas, humanitarias y de asistencia en derechos humanos, que entreguen, entre otras, información sobre sus financistas y beneficiarios a la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.

Por medio de este proyecto de ley, el gobierno no solo pretende controlar la cooperación extranjera en el país, sino que también le serviría de herramienta para inmiscuirse en la administración de los recursos, a través de la creación de un Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional como órgano desconcentrado, es decir, autónomo.

Quizás no resulte coincidencia que en 2015 Rusia haya aprobado una normativa similar, que permite al gobierno declarar «indeseables» a las ONG extranjeras, a fin de prohibir su funcionamiento en el país ruso; ni que existan otras parecidas en Nicaragua y otros seis países con gobiernos populistas de izquierda. 

De acuerdo con el proyecto, las organizaciones estarían obligadas a inscribirse en un registro especial denominado Sistema Integrado de Registro de Organizaciones No Gubernamentales. Solo las inscritas, o las que el gobierno acepte, serían reconocidas como legales y, en consecuencia, podrían recibir los aportes desde el extranjero en los términos que autorice el Ejecutivo nacional. Pero también, el gobierno se abroga el derecho de auditar sin previo aviso, manejar por cuenta propia los aportes financieros que reciban y hasta la prohibición, suspensión, restricción o eliminación definitiva de una organización, de acuerdo a sus propios criterios.

Finalmente, y por ahora, como si todo esto fuera poco, el antiguo edificio de CANTV, ha sido acondicionado para un proyecto secreto solo manejado por funcionarios del gobierno chino, a través de miembros del Departamento de Defensa y Seguridad, utilizando los sistemas informáticos de su gobierno.

Su propósito es “hackear” las plataformas privadas de registro de ciudadanos, especialmente de los partidos de oposición, organizaciones de derechos humanos, portales periodísticos, webs incómodas y redes sociales, así como bloquear por completo la capacidad de comunicación de toda organización civil o personas que se opongan al gobierno. También se dedicaría al espionaje fuera de nuestras fronteras a organizaciones civiles y  militares que se perciban como enemigos reales o potenciales, como es el caso de Colombia. El marco legal de esta acción sería una Ley de Ciberespacio.

En cualquier caso, estas acciones gubernamentales conforman una red de hostigamiento, persecución y liquidación, para neutralizar la labor de la sociedad civil organizada y, sobre todo, impedir que siga ejerciendo su trabajo de denuncia de la miseria y la pobreza, la defensa de los derechos humanos y del ambiente, y sobre la situación sociopolítica y económica en la que el gobierno y sus aliados han sumido al país. Con ellas, creo que estamos ante el fin, ahora sí, de lo que queda de libertad y de la sociedad civil organizada en Venezuela.