El Tribunal Subordinado

Daniel Fermín Álvarez – 4 de marzo de 2016

En Venezuela no hay separación de poderes. Es un hecho que enorgullece al oficialismo. Distintos voceros, entre ellos la ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la desechaban como una traba innecesaria, producto de un modelo burgués agotado. ¿La Constitución? Bien, gracias.

El Tribunal Supremo no administra Justicia. Está subordinado al Ejecutivo. Se convierte en su más celoso guardián, en su benefactor. Luego de la derrota aplastante del 6 de diciembre, el oficialismo ha buscado refugio en las instituciones del Estado que le son incondicionales: el TSJ y, como planteábamos la semana pasada, la Fuerza Armada. A falta de pueblo…

El conflicto de poderes era previsible, lo que no quita gravedad a lo que está sucediendo con un TSJ que, violando la Constitución, pretende limitar las competencias de la Asamblea Nacional. Para ello se ha utilizado, como verdugo, a la Sala Constitucional. Se trata de siete abogados que pretenden decirle al país que su criterio, altamente politizado, es más valioso que el de casi ocho millones de venezolanos que se manifestaron de manera inequívoca por un cambio en paz hace apenas tres meses.

La Sala Constitucional ha querido erigirse como intérprete y traductora de la Carta Magna. Nuestra Constitución no está escrita en arameo ni en latín, al contrario, es muy clara. No necesita interpretaciones ni traducciones guiadas por las conveniencias de quienes están hoy en el poder y pretenden aferrarse desesperadamente a él. Mientras Venezuela se cae a pedazos, los siete abogados de la Sala Constitucional del TSJ dan la espalda al país… Comentaremos más al final de nuestro Editorial.

Nos complace mucho presentar, en esta Edición, la reactivación de nuestra sección del Proyecto de Promoción de la Planificación Participativa del Desarrollo Local, impulsado por la Universidad Católica Andrés Bello, junto a la Fundación Konrad Adenauer y la Comunidad Europea. Con esta sección, que se alimentará continuamente de contenido de calidad, damos mayor visibilidad al que ha sido uno de los proyectos bandera de nuestro Centro de Estudios Políticos.

En la Carta del Director, Benigno Alarcón analiza, a la luz de los siete criterios que expuso en su Carta anterior, la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de apostar, simultáneamente, por la enmienda, el referéndum revocatorio, la renuncia y la Asamblea Constituyente como mecanismos para el cambio político, y critica la falta de unicidad en el criterio como un factor que puede obstaculizar el cambio que urgentemente necesita el país.

En la sección Opinión y Análisis, el profesor Alarcón presenta su columna El Faro. En esta oportunidad, escribe “Checklist para el cambio político”, un escrito muy completo que describe las condiciones que pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso de una transición a la democracia.

Juan Manuel Trak regresa con su Enfoque Político. En “La política, estúpido”, Trak advierte que, si bien la crisis económica es el principal problema que aqueja a los venezolanos, el problema de fondo, el que hizo posible que llegáramos al colapso económico, es fundamentalmente político.

En Debate Ciudadano, Carlos Romero escribe “El encuentro del ciudadano con los temas urbanos”. El Plan de la Patria y el modelo comunal, plantea el autor, son obstáculos para la promoción de la ciudadanía por parte de las instituciones locales.

El Espacio Plural trae hoy tres buenos artículos. En primer lugar, el profesor Ernesto Ponsot Balaguer nos trae “¿Revocatorio, enmienda, constituyente o nada?”, en el que se pasea por las alternativas de cambio político y toma partido por el referéndum. José Bucete escribe “A donde hemos llegado”, que plantea la responsabilidad ciudadana en la crisis y el papel de la ciudadanía en su superación. Finalmente, José Villalobos Guerra realiza una exposición integral en “La Justicia Transicional: Desafíos institucionales y políticos para su implementación en Venezuela”, problematizando este tema que, sin duda, será de singular importancia para nuestro futuro inmediato.

El país se cae a pedazos. La crisis económica todo lo carcome. La voluntad popular es desconocida por una casta política que se siente irremediablemente incómoda con las reglas de la democracia. Es la prepotencia del poder y una vocación autocrática irreparable. La violencia se hace sentir en las calles y a las afueras del parlamento, por turbas dirigidas desde el oficialismo que parecen más hijos de Monagas que de Bolívar.

El TSJ, junto a la FANB, se quiere constituir como último muro de contención al cambio que desean los venezolanos. Lo que corresponde, en realidad, es que jueces y militares cumplan con el papel que la Constitución y las leyes les asignan y que, en lugar de llevarle la contraria al clamor popular, se pongan en primera línea para, de manera democrática, pacífica y constitucional, abrir las compuertas a la salida de la gravísima crisis económica, política y social que tiene al país al borde del abismo.